lunes, 24 de agosto de 2015

Impugnamos ante el TEPJF la decisión del INE de no retirarle el registro al PVEM



Asunto: Se interpone recurso de apelación

México, D.F., a 21  de agosto de 2015


Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación
P r e s e n t e .- 

Sergio Aguayo Quezada, por mi propio derecho, y, además, en mi calidad de representante común de los ciudadanos Miriam Morales Sanhueza, Marcela Azuela Gómez, Carlos Alberto Serdán Rosales, María Esther Azuela Gómez, Aleida Calleja Gutiérrez, Mario Arriagada Cuadriello, Ximena Ramos Pedroza Ceballos, Ana Eugenia López Rico, Luis González Plascencia, Mony Sacha de Swaan Addati, Juan Fernando Ibarra del Cueto, Paulina Arriaga Carrasco, Alfredo Lecona Martínez, Carlos Alberto Brito Ocampo, Denise Eugenia Dresser Guerra, Eduardo Huchim May, Miriam Morales Sanhueza, María Santos, Martha Tagle, Mónica Tapia Álvarez, Alfredo Figueroa Fernández y las 139,432 personas que suscribieron la plataforma Change.org #QuitenRegistroAlVerde, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el sito en C. Héroes de Padierna 166, col. San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras, 10200, México Distrito Federal, con el debido respeto comparezco para exponer:

Con fundamento en los artículos 1 párrafos uno al tres; 8, 14; 16; 17; 35 fracción V; 41 segundo párrafo, Base I, párrafos uno y dos, Base II, párrafos uno y tres, Base III, apartado A), párrafos dos y tres; y 134, párrafos siete y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 2, inciso b); 9; 42; 45 párrafo 1, inciso b), fracción II de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 54, párrafo 1, incisos a) y f); y 94, párrafo1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), acudo a promover recurso de apelación en contra de la resolución INE/CG640/2015 de fecha doce de agosto de la presente anualidad, dictado dentro del expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015 y UT/SCG/Q/CG/111/PEF/126/2015 acumulados, y, en cumplimiento al artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, manifiesto:

I. Nombre del actor y domicilio para recibir notificaciones
Los que han quedado descritos en el proemio.

II. Acto o resolución impugnado
Lo es la resolución INE/CG640/2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de fecha doce de agosto de la presente anualidad, dictada en el procedimiento ordinario sancionador radicado en el expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015 y UT/SCG/Q/CG/111/PEF/126/2015 acumulados.

III. Autoridad responsable
Lo es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

IV. Hechos
1. A partir del mes de septiembre de 2014, previo al inicio del proceso electoral, el Partido Verde Ecologista de México desarrolló una estrategia ilegal —sistemática, continua y reiterada— de promoción —a través de distintas vías y medios—, con el propósito de posicionarse ante el electorado de cara a la jornada electoral celebrada el 7 de junio pasado. 

A pesar de las innumerables medidas cautelares dictadas y sanciones impuestas con motivo de su actuar, de las constantes determinaciones que concluían que las conductas trastocaban el modelo de comunicación política y de financiamiento de los partidos políticos, así como los principios que deben regir los procesos electorales, las conductas del Partido Verde no cesaron; continuó desplegando su estrategia a lo largo de todas las etapas del proceso electoral.

Así, aún cuando dicho instituto político tenía conciencia plena de la ilegalidad de su actuar y de que éste vulneraba el principio de equidad que debe regir toda contienda electoral, continuó con su estrategia ilegal de promoción: con la difusión reiterada de campañas legislativas y partidarias paralelas, la apropiación indebida de programas sociales, la entrega de bienes y dádivas para influir en el electorado, la aceptación de aportaciones de entes prohibidos por la ley, la elaboración de artículos promocionales utilitarios en materiales prohibidos por la ley, entre otros.
2. Ante la gravedad y sistematicidad de los incumplimientos de las obligaciones del Partido Verde, y a partir del impacto de éstas tanto en la contienda electoral que se celebraba, como en el efectivo ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, el 29 de abril de la presente anualidad, el que suscribe el presente medio de impugnación, en conjunto con un grupo de ciudadanos, presentamos un escrito ante el consejero presidente y las consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del cual relatamos una serie de hechos y consideraciones que, a nuestros juicio, demuestran que el Partido Verde Ecologista de México ha actualizado el supuesto previsto en el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, al incurrir en una serie de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las demás leyes secundarias en materia electoral, por lo que, en ejercicio de nuestro derecho de petición, solicitamos el inicio del procedimiento previsto en el artículo 95, párrafo 2 de la misma Ley, a fin de que, llegado el momento, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitiera la declaratoria de pérdida de registro del instituto político referido. 
3. El 18 de agosto de la presente anualidad a las 12:30 horas, se nos notificó la resolución INE/CG640/2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de fecha 12 de agosto de la presente anualidad, dictada en el procedimiento ordinario sancionador radicado en el expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015 y UT/SCG/Q/CG/111/PEF/126/2015 acumulados, por medio de la cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determina que no ha lugar a la cancelación o pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México. 
Para efectos de contextualizar los agravios que se desarrollarán a lo largo del presente escrito, vale la pena señalar las premisas en las que la autoridad responsable basa su análisis:  
1. La resolución establece que la causal de pérdida del registro prevista en el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP se conforma por tres elementos normativos —gravedad, sistematicidad y violación a las obligaciones de la normatividad electoral—, que deben quedar acreditados para que se actualice la hipótesis jurídica.
2. A partir de lo anterior, establece como metodología de análisis del caso, la siguiente: (1) retomar los principios y obligaciones constitucionales a cargo de los partidos políticos, en el marco de sus finalidades en el sistema democrático; (2) precisar el conjunto de las violaciones en las que ha incurrido el PVEM; (3) contrastar dichas conductas a la luz de los principios y obligaciones constitucionales a fin de determinar si fueron o no de la entidad suficiente para acreditar los extremos que exige la causal de pérdida de registro; y (4) abordar el análisis de las conductas antijurídicas de frente a las obligaciones legales del partido político, previstas en el artículo 25 de la LGPP.
Asimismo, precisa que dicho ejercicio: a) se basará en el sistema de partidos políticos y el papel relevante que juegan en el sistema constitucional y democrático de derecho, y en el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía; y b) tomará en consideración el ejercicio de la facultad sancionadora de las autoridades electorales, así como la publicidad de las resoluciones y sentencias recaídas a los respectivos procedimientos y recursos, como elementos y circunstancias que contrarrestan y disminuyen los efectos de las faltas cometidas.

En efecto, luego de enunciar los alcances que la Constitución otorga a los partidos políticos, sus fines, los principios a los que se deben ajustar en el sistema democrático, la importancia de los derechos humanos (particularmente los derechos políticos) en dicho sistema, los alcances de los derechos de asociación política y a votar y ser votado, concluye que el incumplimiento de la obligación que le es impuesta a los partidos políticos de ajustar su conducta al estado democrático de derecho, no significa que tenga como única e inmediata consecuencia la pérdida de su registro, aun cuando se tenga por acreditado la comisión de un cúmulo de conductas antijurídicas como ocurre en el caso, pues una medida de tal envergadura y proporción eliminaría en definitiva a una opción política constitucionalmente concebida y anularía un espacio fundamental para el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía, de ahí que, una sanción de esa naturaleza solo pueda imponerse cuando se demuestre una sistematicidad y gravedad extrema y no exista algún otro remedio menos lesivo previsto en el orden jurídico al alcance del operador jurídico.

Finalmente, la responsable concluye que no ha lugar a la cancelación o pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México, basado —entre otras cuestiones— en que:
(1) Si bien se acreditó un incumplimiento sistemático de las obligaciones de dicho instituto político, las mismas no revisten una “gravedad extrema” que conduzca a su desaparición jurídica, toda vez que con ellas no se trastocó el orden constitucional en modo y forma tal que el partido político infractor haya dejado de cumplir con las finalidades que le mandata la Carta Magna; que se socavaran de forma generalizada e irreparable los principios constitucionales, así como los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía; que se haya puesto en peligro la paz pública, o que se utilizaran métodos violentos para minar los principios democráticos. 
(2) A la par, existieron elementos y circunstancias que demuestran que los efectos negativos, vistos integralmente, no afectaron la equidad en la contienda en el marco de los principios que deben regir los procesos electorales, particularmente el de la equidad en la contienda y libertad del sufragio, consistentes en: a) las resoluciones y sentencias recaídas en los respectivos procedimientos incoados en contra del instituto político denunciado; b) el conocimiento público de las mismas, a partir de la amplia difusión, critica y debate público generado; y c) los resultados de las encuestas electorales realizadas durante el proceso electoral federal 2014-2015, y el comparativo de sus resultados en las urnas, de los que se desprende que el Partido Verde no obtuvo un beneficio electoral fuera de toda proporción.

En particular, la autoridad responsable concluyó que:
En efecto, una vez revisadas todas las conductas, las características similares implícitas en cada una de ellas, la estrategia integral claramente visible en la temporalidad por fases desplegada por el partido político denunciado, y que fueron calificadas como ilegales por el Instituto y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es posible determinar que existió una exposición desmedida del partido de cara a la jornada electoral y con la finalidad de promover al Partido Verde.
Lo anterior es así, porque el análisis integral de las infracciones precisadas, permite considerar que el partido denunciado preparó una estrategia de promoción electoral o marketing político, consistente en una serie de conductas tendentes a promocionarse de cara a la jornada electoral, lo que constituye una violación al modelo de comunicación política electoral vigente. Sin embargo, esa campaña no alteró el principio de equidad ni la libertad del sufragio, puesto que las consecuencias que pudieron haber provocado, fueron disminuidas con los procedimientos que se le siguieron al Partido Verde Ecologista de México, así como con las acciones que le fueron impuestas. 
[…]
Sobre los intentos del partido denunciado de sacar ventaja indebida en el proceso electoral, debe destacarse que éstos no consiguieron fracturar la equidad general de la contienda, ni existen elementos para afirmar que, con motivo de esas acciones, obtuvo más votos que sus adversarios si se toma en cuenta los porcentajes de votación obtenidos en procesos electorales pasados. Lo anterior se corrobora, con el hecho de que, a partir de los datos con los que actualmente se cuenta, en el presente proceso electoral el instituto político denunciado pasó de ser la cuarta a la quinta fuerza política del país y que no ganó un solo distrito electoral federal por sí mismo. 
Ahora bien, el hecho de que el Partido Verde no haya tenido éxito en su estrategia ilegítima de posicionarse frente al electorado no lo hace menos culpable, pero sí nos permite sostener que las fortalezas del sistema electoral mexicano no se derrumban tan fácil por la estrategia de trampa de un actor.
En efecto, por reprochable que hayan sido las conductas infractoras, el Partido Verde no puso en riesgo la celebración de elecciones legítimas ni el ejercicio del voto;  tampoco sacó del aire y de la exposición ante el electorado a las demás opciones electorales, ni mucho menos sus actos tuvieron como propósito acabar con las votaciones o finalizar con el sistema democrático.
En tal virtud, las faltas del partido denunciado no orillan ni dejan como única opción a esta autoridad la determinación de pérdida de su registro (como se exige constitucional y legalmente, bajo un análisis de ponderación), porque, sin soslayar la gravedad y sistematicidad de sus conductas, lo relevante es que éstas fueron sancionadas por lo que no quedaron impunes, aunado a que debe privilegiarse su papel en el sistema democrático y el ejercicio de derechos fundamentales, a la luz de la interpretación garantista que obliga el artículo 1°constitucional.
[…]
Por tanto, es claro que las conductas ilegales, si bien en su conjunto fueron sistemáticas, no quedaron impunes ni fueron de la entidad suficiente para arribar a la conclusión de pérdida de registro, como equivocadamente lo solicitan los actores, pues una medida de tal magnitud devendría en desproporcionada e irrazonable de frente a los principios, derechos y valores constitucionales que esta autoridad debe salvaguardar.

Así es, la pérdida del registro es la sanción más grave que puede imponerse a un partido político, y sus efectos trascienden no sólo al partido político al que se le aplica o a su dirigencia, sino que alcanzan a los derechos de sus militantes y simpatizantes, así como de la ciudadanía en general a la que se le priva de una opción política, parámetro que en el caso no se ve superado con motivo de la comisión de conductas ilícitas que fueron demostradas.

El hecho relatado en el punto anterior nos causa los siguientes agravios:

V. A g r a v i o s

1. PRIMER AGRAVIO:
a) Fuente del agravio: Lo constituye la resolución INE/CG640/2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de fecha doce de agosto de la presente anualidad, dictada en el procedimiento ordinario sancionador radicado en el expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015 y UT/SCG/Q/CG/111/PEF/126/2015 acumulados, por lo que hace a los criterios empleados para determinar la actualización del elemento de “gravedad” de la causal de pérdida del registro prevista en el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP.
b) Artículos constitucionales y legales violados: Lo son, por inobservancia, los artículos 1º, 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 25 y 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP.
c) Concepto de agravio: La resolución impugnada nos causa agravio, porque el establecimiento de los criterios para determinar la actualización del elemento de “gravedad” de la actualización de la causal de pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México, carece tanto de congruencia interna, como de la debida fundamentación y motivación, violentando los principios de legalidad, exhaustividad y seguridad jurídica. 
En efecto, la resolución que por este medio impugnamos no reúne los extremos que le exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal porque fue emitida con base en artículos y en interpretaciones incorrectas e incongruentes de preceptos normativos, como se desprende de los argumentos que a continuación se expresan:
1.1. Creación de un estándar artificial y de imposible cumplimiento
En primer lugar, debemos señalar que, a pesar de que la autoridad electoral fundamenta su resolución en artículos legales que son aplicables al caso, se extralimita en sus funciones, pues pretende suplir la voluntad del legislador porque, a través de la resolución impugnada, adiciona elementos normativos nuevos y les hace exigibles para colmar el tipo artificial llamado “gravedad extrema”, trastocando, de esta manera, el principio de división de poderes y, en consecuencia, violentando nuestro derecho humano a la seguridad jurídica. 
Es así, porque el Instituto Nacional Electoral, mediante la vía de la simple y errónea interpretación, modifica los términos de la ley, provocando que los destinatarios de las normas ya no sepan a qué atenerse.
Para mayor claridad en el argumento, estimamos importante transcribir literalmente los términos en los que el legislador incorporó en la Ley General de Partidos Políticos el inciso e) del párrafo 1 del artículo 94:
Son causas de pérdida de registro de un partido político: 
[…]
e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que les señala la normatividad electoral; 
[…]
Como se puede apreciar, tal como se afirma en la resolución impugnada, la norma electoral establece claramente tres elementos para que se actualice la pérdida del registro de un partido político, a saber, (1) el incumplimiento de obligaciones, (2) la sistematicidad y (3) la gravedad. Por lo que hace a los primeros dos elementos, la responsable se ajustó a lo establecido por el legislador, contrario a lo que sucedió respecto al tercer elemento. En efecto, aun y cuando en la norma no se advierte algún otro adjetivo que acompañe al vocablo “grave”, la autoridad responsable decidió, incautando de manera evidente la voluntad del legislador, incorporarle el adjetivo “extrema”.
El actuar del Consejo General del Instituto Nacional Electoral nos causa agravio pues, mientras se solicitaba un análisis de la gravedad de las conductas en función de los bienes jurídicos tutelados, la responsable equivocada e ilógicamente, sin que medie una explicación válida o suficiente, y sin analizar los preceptos y antecedentes en materia electoral, crea una nueva categoría de gravedad a la que denomina “gravedad extrema” y a la que artificialmente atribuye cargas de imposible actualización, desapegándose del principio de legalidad y de imparcialidad, pues dicho artificio pretende volver nugatoria la aplicación del artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, tal como fue diseñado por el legislador ordinario.
Al respecto, decide desapegarse incluso de la interpretación jurisdiccional, que la Sala Superior ha reconocido en tres niveles de conductas graves, dentro de las cuales no se encuentra la “gravedad extrema”, pues de conformidad con los criterios jurisdiccionales en el tema, la calificación de la falta solo puede ser:
1. Levísima.
2. Leve.
3. Grave. En este supuesto pueden caber, a su vez, tres supuestos de falta grave: 
a) Grave ordinaria.
b) Grave especial.
c) Grave mayor.
Como se ve, el actuar de la responsable es doblemente lesivo a la seguridad jurídica, pues no le bastó con desconocer los términos textuales del precepto legal bajo estudio, sino que, además, desconoció también los postulados jurisprudenciales en la materia.
La autoridad responsable justifica lo anterior con el argumento de que la hipótesis normativa de pérdida de registro se rige bajo un parámetro distinto, en cuanto a su magnitud y efectos, en comparación con el exigido para la calificación de gravedad que recae a procedimientos administrativos sancionadores respecto de infracciones específicas. Sin embargo, incumpliendo con el principio de certeza y seguridad jurídica a que está obligada, omite establecer con claridad los parámetros que se requieren para actualizar este “nuevo tipo de gravedad”, asimilándolo tramposamente, a que las violaciones se traduzcan en “trasgresiones directas e irreparables”, y al “trastocamiento del orden constitucional”, mismas que tampoco desarrolla y define.
Los elementos de dicha gravedad intentan de manera incongruente establecer que para la aplicación del artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP,  un partido político deberá incurrir en el incumplimiento generalizado de todos los campos de acción de su vida institucional, como se acredita en el siguiente párrafo: 
En efecto, se debe estar frente a conductas que con independencia de que estén encaminadas a una sola finalidad u objeto, demuestren el incumplimiento a las obligaciones que en general tienen los partidos en todos sus campos de acción en su vida institucional, esto, porque los partidos como entidades de interés público tienen como finalidad constitucional promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. (énfasis añadido)
La admisión de este estándar de gravedad nos permitiría arribar a la conclusión de que  todas las obligaciones establecidas en el artículo 25 de la LGPP son de igual magnitud; que debieran no considerarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y la conducta en sí, sino las consecuencias de la imposición de una sanción.
Esta afirmación no resiste el mínimo análisis lógico-jurídico, y omite que nuestra propia legislación prevé, bajo otro supuesto —la cancelación del registro como partido político—,una consecuencia de la misma magnitud, que no exige siquiera la sistematicidad, sino simplemente la reiteración de una misma conducta, como se advierte de la simple lectura de los artículos 443 y 456, párrafo 1, inciso a) fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:
Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
b) El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales;
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley;
d) No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de campaña, o no atender los requerimientos de información de la unidad de fiscalización del Instituto, en los términos y plazos previstos en esta Ley y sus reglamentos;
e) La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos;
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
g) La realización de actos de precampaña o campaña en territorio extranjero cuando se acredite que se hizo con consentimiento de aquéllos, sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien hubiese cometido la infracción;

h) El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley en materia de precampañas y campañas electorales;
i) La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión;
j) La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas;
k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de transparencia y acceso a la información;
l) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos;
m) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto, y
n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.
Artículo 456.
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:
a) Respecto de los partidos políticos:
[…]
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
En dicha tesitura, tanto la aplicación del artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, como el 456, párrafo 1, inciso a) fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se harían nugatorios.
Así, la resolución impugnada es omisa y se limita a establecer que no se acredita la gravedad extrema, pues aunque en su primera parte —como lo explicaremos más adelante—, señala que hará un análisis de las violaciones en su conjunto, se limita a referir el tipo de gravedad establecida en cada una de las conductas ilegales del Partido Verde, comparándoles con su estándar de imposible cumplimiento. Del mismo modo, resulta inaceptable concluir que un conjunto de infracciones, graves en sí mismas, no lo son cuando se suman y se analizan integralmente. Más aún, cuando la calificación de la gravedad de cada una de estas infracciones en lo individual derivó precisamente de que formaron parte de una estrategia intencional y dolosa del Partido Verde para posicionarse ilegalmente frente al electorado.

En relación con lo anterior, debe señalarse que el elemento de gravedad “extrema” exigido por la resolución, nos causa agravio no sólo por el hecho de que —como se ha señalado— la hipótesis jurídica de la pérdida de registro establecida por el legislador no califica la gravedad, ni establece en función de ella, un estándar específico para su actualización, y porque la propia resolución es omisa en detallar los elementos específicos en los que se basa ese estándar de gravedad, sino porque la resolución hace depender la actualización de la “gravedad extrema”, de los efectos igualmente artificiales que diseña para su comprobación, que son incluso ajenos al proceder ilegal del partido político en cuestión, como por ejemplo, el resultado de la preferencia ciudadana por el conjunto de partidos políticos y candidatos. En opinión de la responsable, sólo podría acreditarse dicha gravedad por aspectos que dependen de una multitud de factores y que no pueden equipararse con lo realizado por las ilegalidades de este partido político.
No conforme con lo anterior, atribuye a la equidad y su cumplimiento, el que un partido político mantenga un crecimiento razonable respecto de la última elección, o peor aún, intenta probar el cumplimiento de la equidad, comparando los resultados de encuestas electorales en torno a las que tuvo conocimiento, tal como se señala a foja 126 de la resolución:
Para ello, es necesario tomar en consideración encuestas que evidencian que las faltas cometidas no generaron una ventaja indebida en las preferencias electorales; que el monitoreo realizado a medios de comunicación muestra una marcada mención de notas negativas de ese instituto político, presuntivamente con motivo de la comisión de hechos ilegales, así como una comparación de la votación obtenida por este instituto político en años anteriores que demuestra una relativa estabilidad de la preferencia electoral.

De este modo, a un partido de nueva creación no se le podría atribuir la “gravedad extrema” que han constituido, o derivado de su propia argumentación, arribaríamos a la conclusión de que en la elección a Gobernador de Nuevo León, el ganador —quien obtuvo cerca del 50% de la preferencia electoral— realizó una violación total al principio de equidad pues, las mismas casas encuestadoras citadas por la responsable, le atribuían menos de la mitad del porcentaje de votos que finalmente obtuvo.
No tiene desperdicio advertir cómo la autoridad responsable hace un intento burdo por justificar la no gravedad de la conducta del Partido Verde en el análisis que nos propone respecto de las encuestas, pues mientras para acreditar que en el periodo que analiza, la máxima votación que atribuyó una casa encuestadora a este partido político fue de 11%, decide inexplicablemente no tomar el porcentaje mínimo que otra casa encuestadora le atribuyó en este mismo periodo (1%), pues el fin que persigue no se constataría; veamos lo que señala:
Como se puede observar en las gráficas, las encuestas que previeron una votación superior a la obtenida por el Partido Verde en la pasada Jornada Electoral, oscilaban entre el 7 y 11% de la votación; esto es, si tomamos el punto porcentual más alto previsto para el partido (11%), se tiene una diferencia de 4.09%, respecto del 6.91% (votación que obtuvo el Partido Verde). 

En el caso contrario, es decir, las encuestas que previeron una votación inferior a la obtenida por el partido, los resultados oscilaban entre el 5 y el 6.3% (sin tomar en cuenta el 1% que otorgaba la encuesta realizadas por GEA-ISA); si se toma el punto porcentual más bajo previsto para el partido (5%), se tiene una diferencia de 1.91% respecto del 6.91%.
Conforme a lo anterior, es válido concluir que la votación obtenida por el Partido Verde (6.91%) fue 4.09% inferior a la prevista por las encuestas, y 1.91% superior a la proyectada por los ejercicios demoscópicos. Es decir, el partido obtuvo una votación por debajo de la proyectada por las casas encuestadoras.  
En este mismo análisis, la autoridad nos propone la idea de una “constante razonable” en términos de las preferencias históricas del Partido Verde, para probar la inexistencia de la gravedad de su conducta, pues aparentemente en su opinión, los ciudadanos no optamos entre una diversidad de planteamientos políticos:
Bajo esta tesitura, y del análisis de la tendencia electoral otorgada al Partido Verde por las encuestas realizadas durante el proceso electoral 2014-2015, así como de sus resultados obtenidos en los últimos tres procesos electorales federales, es válido concluir que la votación obtenida por el partido en el presente proceso electoral (6.91%), mantiene un parámetro de estabilidad y proporcionalidad que permiten a esta autoridad sostener válidamente que dicho resultado electoral es justificado de acuerdo a la fuerza electoral que ha mostrado el Partido Verde.
Por lo anterior, de acuerdo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, no se advierte que el partido denunciado haya obtenido un beneficio electoral fuera de toda proporción, traducido en un porcentaje de votación sin antecedente en su historia electoral. Por el contrario, el resultado obtenido por el Partido Verde mantiene una constante razonable.

Así, la omisión consiste en no hacer un análisis integral de todas las violaciones llevadas a cabo por parte del Partido Verde, respecto del modelo de comunicación política, del financiamiento legal o ilegal al que tuvo acceso, y del comportamiento parcial o imparcial de servidores públicos con relación a los recursos que ostentan. Tres elementos que, a no dudarlo, ha quedado plenamente comprobado, el Partido Verde violó grave y sistemáticamente, justo como lo prevé el artículo 94, párrafo 1, iniciso e) de la LGPP.
Si bien la autoridad señala que el conjunto de violaciones fueron graves, nos ofrece una explicación que carece de los mínimos elementos lógicos y racionales para explicar por qué, aunque la magnitud y la intención del partido quedaron acreditadas, en su opinión no se configuró la “gravedad extrema”, pues las sanciones impuestas por la autoridad y el conocimiento de la ciudadanía de dichas sanciones “neutralizaron” el efecto de las mismas.
En esa lógica, es incapaz de acreditar cómo dichas sanciones detuvieron esas conductas, cuando las mismas se presentaron a lo largo de todo el proceso electoral, pues como la misma autoridad reconoce, se trató de conductas sistemáticas con un fin claramente establecido: obtener ventajas ilegales e inconstitucionales frente a los demás partidos políticos. 

Ya resulta irrisorio cómo defiende la fortaleza de sus sanciones económicas, cuando al Partido Verde no le fue restado un solo peso del monto asignado para sus campañas; o cuando por más de 70 días apareció en los mejores horarios de televisión, y le impuso una sanción de un día sin pauta del Estado mexicano. Es francamente insostenible que para acreditar el conocimiento amplio de la ciudadanía, cite entre otras cosas, su página de youtube, y 300 notas en periódicos del país.

Finalmente, es claro que para valorar la actualización de esta hipótesis jurídica, la autoridad responsable debía interpretarla; sin embargo, esa facultad en modo alguno puede traducirse como la posibilidad de hacer nugatoria la previsión misma, o ir más allá de lo que la norma específicamente señala, pues ello conllevaría arrogarse una facultad que no le corresponde, ni está en el marco de sus atribuciones. 
1.2. Estudio de aspectos ajenos a la conducta para determinar la gravedad
Como hemos señalado previamente, para efectos del elemento de la hipótesis normativa que en este momento se analiza, debe decirse que la gravedad es una calificación que la autoridad hace sobre la conducta infractora (por el grado de lesión a los bienes jurídicos tutelados, por ejemplo), no una calificación que la autoridad hace sobre la conducta de la propia autoridad (respecto a si ésta impuso o no sanciones) o sobre los efectos de la conducta infractora (respecto al conocimiento de la ciudadanía de sus conductas, o a la cantidad de votos que el partido infractor logró).

Al respecto, debemos puntualizar que el acto impugnado nos causa agravio porque la autoridad no se centra a estudiar, en sí, la conducta, sino que recurre a elementos ajenos a la misma para descalificarla como grave, violentando con ello, el principio de legalidad. De hecho, los argumentos que la responsable utiliza en este rubro no encuentran sustento en los principios más elementales de la lógica jurídica, ya que, en lugar de ofrecer razonamientos objetivos respecto a las “infracciones” en sí, echa mano de una suerte de falacias favorables ad hominem y ad misericordiam respecto al “infractor”. Además de la pobreza argumentativa que se puede evidenciar en la resolución, la decisión combatida acerca al sistema jurídico mexicano a un Derecho sancionador de autor (en analogía al Derecho penal de autor), pero revestido de un benevolencia moral que la aparta de los más elementales criterios de imparcialidad, alejándose de un Derecho sancionador de acto (en analogía al Derecho penal de acto) objetivo.
En efecto, en lugar de centrarse en analizar el grado de afectación a los bienes jurídicos tutelados —la equidad en la contienda, la autenticidad del proceso electoral, la magnitud de los recursos empleados en una estrategia encaminada a violar dolosamente las reglas que por décadas nos ha costado edificar, las aportaciones en especie y su extraordinaria magnitud, el uso ilegal de recursos públicos a favor de un partido político—, lo que a lo largo de la resolución se hace es que en repetidas ocasiones se alude a aspectos ajenos a la conducta en sí, como, por ejemplo, a las consecuencias indeseables que —para el sistema jurídico o democrático— traería consigo la extinción de un partido político, o a las supuestas consecuencias —en las preferencias electorales— que provocaron las conductas sancionadas.
Por ejemplo, en la página 117 se puede leer el siguiente párrafo que pertenece al apartado del estudio de la gravedad:
Las referencias y datos expuestos párrafos arriba sirven a esta autoridad para demostrar que la disolución jurídica del partido político denunciado deviene desproporcionada, no sólo porque las conductas infractoras ya han sido significativamente sancionadas y porque existen elementos que contrarrestaron sus efectos, según se demostrará más adelante, sino porque implicaría la anulación o afectación del derecho fundamental de asociación, en su vertiente de afiliación política, de sus 732,724 militantes. 
Asimismo, en la página 144 se señala que:
En otros términos, las sanciones impuestas al Partido Verde, a través de las respectivas resoluciones y sentencias de las autoridades electorales no se quedaron únicamente en el plano estrictamente de lo jurídico, sino que trascendieron al dominio público porque fueron ampliamente difundidas y comentadas por la ciudadanía, así como analizadas e incluso criticadas por un sector especializado en la materia.
Como se ve, el proyecto hace depender la gravedad de las conductas que actualizan la causal de pérdida de registro, en elementos ajenos a ella, como son los efectos que supuesta y artificialmente, ésta podría provocar.
El proceder de la responsable nos causa agravio porque no se ciñe al principio de legalidad, puesto que en él se encuentra inserto, a su vez, el principio de tipicidad, el cual exige que las conductas ilegales se estudien a la luz de las disposiciones normativas y de las exigencias que éstas hacen respecto a los elementos objetivos y subjetivos que se necesitan para la configuración de conductas típicas. Bajo esa tesitura, debe observarse que la posible lesión al sistema legal o a los derechos político electorales de los afiliados o votantes que se provocaría con la pérdida del registro del Partido Verde no hace que la conducta, en sí, sea ni más ni menos grave. 
Además, el estudio de las consecuencias o impacto de las conductas infractoras en las preferencias electorales tampoco debiera formar parte de la gravedad, pues ésta se hace patente en el momento en que se lesiona el bien jurídico tutelado (porque se refiere a la forma o intensidad de su afectación). No puede atribuírsele gravedad o no a los resultados electorales pues éstos no constituyen en sí una conducta, y ni siquiera pueden considerarse elementos indiciarios que se asocien a la misma. En otras palabras, la emisión del voto ya no forma parte la etapa de ejecución y consumación en el iter criminis de la infracción, sino que, en todo caso, podría ser parte del agotamiento, el cual, evidentemente, no es parte integrante del tipo. 
El intento de la autoridad por acreditar la no gravedad de la conducta del Partido Verde implicaría necesariamente que dejásemos de considerar las cualidades del conjunto de candidatos, entre una multitud de factores que inciden en la competencia electoral. Pero además llevaría al absurdo de suponer que los resultados deberían ser esencialmente estables entre distintos procesos electorales, como si la realidad política en distintos momentos históricos tuviese necesariamente que ser la misma. En esa lógica, lo que se acreditaría, es la inexistencia misma de la incertidumbre democrática, y de la posibilidad del elector de elegir ciertamente entre una pluralidad de opciones. 
Todo esto debe llevarnos a concluir, entonces, que la gravedad de una conducta no puede revelarse ex post o, al menos, no en forma posterior a los resultados electorales, sino que se debe visualizar en el momento preciso en que se cometieron las infracciones. 
En palabras simples, es claro que, durante un proceso electoral, un partido político podría cometer infracciones de la gravedad más elevada y, aun así, mantenerse arriba en las preferencias electorales, pero también que un partido se abstenga de cometer infracción alguna y, a pesar de ello, que se mantenga abajo en las preferencias electorales, lo cual revela, entonces, que ni los resultados electorales exitosos pueden intensificar la gravedad de las conductas ilícitas cometidas, ni los resultados electorales desfavorables pueden disminuir la gravedad de la conductas ilícitas; porque, se insiste, no hay un relación de antijuricidad entre infracción y resultado electoral.
La autoridad parece no entender que las y los ciudadanos optan —cuando su voto es considerado como válido— por una de las diversas opciones democráticas y legales que aparecen en la boleta; optan por un candidato, por una plataforma de gobierno, por unos determinados ideales; no tienen la obligación de hacerlo, pues no forma parte de su obligación ni de su responsabilidad, con el conocimiento de la legalidad o ilegalidad de las conductas de determinado partido político. La tutela efectiva de la legalidad de las conductas atribuidas a los partidos corresponde a la autoridad, quien no puede renunciar a su obligación, transfiriendo —inconstitucionalmente— a los ciudadanos, el que se procuren justicia por su propia mano. Corresponde a la autoridad garantizar la libertad de sufragio por opciones legales y crear las condiciones que contribuyan a un Estado democrático y de derecho, y no, como ocurre en la resolución, a tratar de calcular elementos exógenos a la conducta, que pudieron o no mitigar su impacto o trascendencia. 
1.3. El non bis in ídem y la ausencia de un debido análisis jurídico
Ahora bien, la violación al principio de legalidad en que incurrió la autoridad responsable no se agota en el mero hecho de que se extralimitó en sus funciones, al crear un nuevo tipo de gravedad, y atribuirle factores externos a la conducta, sino que, además lo hizo echando mano de argumentos contradictorios y violentando el principio de exhaustividad, como se desprende de lo siguiente:
En primer lugar debe quedar claro que en nuestro escrito de petición original en ningún momento relatamos hechos nuevos porque nuestra intención nunca fue presentar una queja que siguiera su curso a través del procedimiento ordinario sancionador o del procedimiento especial sancionador, sino que relatamos un conjunto de violaciones graves y sistemáticas —calificadas de esta forma por las propias autoridades administrativa y jurisdiccionales—, que demostraban cómo el Partido Verde Ecologista de México había actualizado la hipótesis del artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, por lo que solicitamos que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, una vez instaurado el procedimiento a que se refiere el citado artículo 95, párrafo 2 de la misma ley, decretara la pérdida de registro del instituto político de referencia.
Esto es así porque, desde un inicio consideramos que la naturaleza jurídica de las siete causales contenidas en el artículo 94 de la LGPP no era la de infracciones electorales o hipótesis típicas que debían ser sancionadas a través de algún procedimiento sancionador, pues para nosotros era claro que, por ejemplo, los supuestos contenidos en los inciso f) y g), esto es, fusionarse o disolverse, no tienen carga alguna de antijuricidad que los hiciera merecedores de reproche punitivo alguno, por lo que la declaratoria de pérdida de registro que llegase a acordarse en base a esas causales no coincide, necesariamente, con la manifestación de la potestad sancionadora del Instituto Nacional Electoral, que se expresa mediante el procedimiento ordinario sancionador. Incluso el inciso e) que —entre otros— invocamos en nuestra petición comparte esta característica porque, aunque —en lo individual— el incumplimiento de obligaciones al que alude el mismo podría traducirse en hipótesis típicas, la hipótesis global que supone el inciso en sí, no comparte esta naturaleza, sino que se trata de un categoría distinta.
Bajo tal tesitura, fueron esas consideraciones las que nos motivaron a impugnar el auto de radicación mediante el cual la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral encausaba nuestra petición a través de un procedimiento ordinario sancionador y no a través del procedimiento a que se refería el artículo 95 de la citada ley, lo que, a la postre dio lugar a la formación del recurso identificado con la clave SUP-JDC-986/2015.
Sobre ello, es preciso señalar que la autoridad electoral nos causa agravio pues pretendió maquillar sus argumentos de tal forma que, al principio, pareciera acogerse a nuestros razonamientos jurídicos, rechazando acudir al pretexto del principio non bis in idem para, primero, desechar la petición y, segundo, declarar infundado el procedimiento. No obstante, decimos que ese argumento se encuentra maquillado porque más adelante, la responsable acude justamente a ese principio (pero sin llamarlo por su nombre) como argumento de fondo para no declarar la pérdida de registro del Partido Verde.
Así, mientras en los primeros apartados del proyecto se hace énfasis en que el procedimiento ordinario sancionador que se instauró para determinar la pérdida del registro del Partido Verde no implicaba que se volverían juzgar los hechos que dieron lugar al cúmulo de denuncias, procedimientos y sentencias en los que se basa, precisamente, la resolución impugnada, lo cierto es que, al final de cuentas, en forma maquillada se retoma ese argumento para sustentar la no actualización de gravedad que exige el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP.

Así, en la resolución se pueden leer diversos pronunciamientos sobre este particular, como el siguiente: 
En efecto, las infracciones a la normativa electoral por parte del partido político denunciado fueron materia de análisis, revisión y sanción, por parte de las autoridades electorales (administrativa o jurisdiccionales, según el caso), de lo que se sigue que las conductas no quedaron impunes ni ausentes de reproche jurídico, toda vez que fueron sometidas a escrutinio respecto de su legalidad y constitucionalidad y, en su momento, sancionadas en términos legales, lo que tuvo como consecuencia, en cierto grado, depurar el proceso electoral, reorientar las actividades de dicho instituto político, así como el establecimiento de medidas correctivas y ejemplificativas, a fin de preservar el estado de derecho y los principios de la materia electoral. 
[…]
No obstante, dichas conductas, en su conjunto, no son de la entidad suficiente para provocar la pérdida de su registro, habida cuenta que, cada una de ellas, fue reprimida y sancionada, a través de los canales y vías jurídicas que se ha dado el estado mexicano para garantizar el cumplimiento, respeto y observancia de las reglas del juego democrático, lo que lleva a determinar que la pérdida de su registro constituiría una pena desmedida y desproporcionada. 
[…]
En las relatadas circunstancias, es claro que imponer la sanción máxima que prevé nuestro orden jurídico -disolución del partido político- no sería adecuado y justo en relación con las faltas cometidas, las cuales ya han sido significativamente sancionadas al grado de ubicar al partido político en un escenario sumamente complejo para el desarrollo ordinario de sus actividades, particularmente desde la óptica de su financiamiento. 
Como se ve, existe una seria contradicción argumentativa en el proyecto, pues, como ya señalamos, primero se dice que la sanción de las conductas previas no es un obstáculo para conocer el expediente de mérito y determinar la pérdida del registro, pero, posteriormente, se da a entender, precisamente, que tales sanciones son un obstáculo para calificar la causal de pérdida de registro como “grave” y, por ende, también un obstáculo para actualizar dicha hipótesis normativa.
Tan es así que en el último párrafo trasunto se alude a que, si se decreta la pérdida de registro del Partido Verde sería “injusto”, porque ya previamente ha sido sancionado por todas las infracciones que cometió.
En síntesis, este argumento de la autoridad nos causa agravio porque violenta el principio de legalidad, puesto que hace una interpretación errónea sobre los artículos 94 y 95 de la LGPP, toda vez que, al final, equiparan totalmente al procedimiento que tales preceptos contemplan para la pérdida de registro con un procedimiento ordinario sancionador, que tiene como finalidad conocer de infracciones concretas y no de una análisis global a una multitud de faltas concretas como aquél, esto es, el procedimiento para la pérdida del registro de un partido político.
En este sentido, para tratar de frenar por todos los medios posibles la actualización de la “gravedad” —como elemento constitutivo de la hipótesis bajo análisis—, la resolución acude a una especie de callejón argumentativo sin salida, pues de él se desprenden dos tesis encontradas entre sí: (1) por un lado, la autoridad señala que para actualizar los requisitos que exige el inciso e) del artículo 94 de la LGPP para la pérdida del registro de un partido político, es necesario que se acredite previamente la existencia de violaciones a la normatividad electoral, a fin de estar en posibilidad de realizar un estudio “conjunto e integral” de las conductas ilegales, (2) pero, por otro lado, la misma autoridad señala que no procede la pérdida del registro del Partido Verde, precisamente por la existencia de esas violaciones previas, que ya fueron juzgadas y por las que el partido ya recibió su “castigo”.
Dicho de otro modo, al momento de analizar la hipótesis jurídica aplicable al caso, la autoridad responsable determina que “los hechos denunciados debe[n] analizarse únicamente a la luz de la figura jurídica de pérdida de registro”, porque la misma implica un estudio conjunto e integral de conductas ilegales, para determinar si con las mismas se acredita la sistematicidad y gravedad requerida por la norma, tal como se desprende de las fojas 18 y 19 de la resolución impugnada: 
De esta forma, las causas para la pérdida de registro de un partido político son distintas a aquellas a las que dan motivo a la cancelación de registro […]. 
Con base en lo anterior, se trata de hipótesis jurídicas que, aunque comparten elementos normativos comunes y una finalidad material igual, son distintas entre sí […] 
La diferencia apuntada cobra relevancia en el presente caso, dado que las conductas y hechos materia de la presente determinación, y que se detallarán más adelante, ya han sido objeto de análisis y pronunciamiento, en lo particular, por la autoridad administrativa electoral y por la autoridad jurisdiccional, según el caso, lo que jurídicamente impide realizar un nuevo pronunciamiento y sanción sobre los mismos hechos o conductas […].
[…]
No obstante, como se adelantó, la pérdida de registro de un partido político prevista en el citado artículo 94, inciso e), de la Ley de Partidos, admite realizar una valoración jurídica distinta a la requerida para la cancelación, ya que implica un estudio conjunto e integral de conductas ilegales, aun cuando estas, en lo individual, hayan sido previamente juzgadas y sancionadas, porque dicha hipótesis jurídica -pérdida de registro- establece, precisamente, la disolución de un instituto político a partir de la sistematicidad y gravedad de dos o más conductas antijurídicas.
Es decir, a consideración de la autoridad responsable, para el análisis del primero de los tres elementos normativos de la pérdida del registro —violación a las obligaciones de la normatividad electoral—, resulta indispensable que existan un cúmulo de conductas que previamente hayan sido declaradas ilegales por las autoridades competentes. 
No obstante, al analizar la actualización de los otros dos elementos constitutivos de la hipótesis normativa —gravedad y sistematicidad—, concluye que las conductas antijurídicas cometidas por el PVEM no tienen como consecuencia la pérdida de su registro, porque las violaciones a la normativa electoral por parte de dicho instituto político si bien son sistemáticas, no revisten una gravedad extrema que conduzca a su desaparición jurídica, entre otras razones, porque cada una de esas conductas han sido oportunamente investigadas y sancionadas por las autoridades electorales, tal como se desprende de las fojas 144 y 145 de la resolución impugnada: 
En otras palabras, el estudio sobre la pérdida de registro del Partido Verde sobre la base de conductas antijurídicas cometidas a lo largo de varios meses, empalmados con el proceso electoral de 2014-2015, para obtener una posición de ventaja respecto de sus competidores de cara a las elecciones del 7 de junio pasado, es una realidad fehaciente e insoslayable.
Sin embargo, esa retahíla de conductas ilegales ha sido conocida repetidamente por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como por las Salas competentes del Tribunal Electoral y ha ameritado la imposición de las sanciones que han quedado detalladas en la presente resolución […].
Dicho de otro modo, con base en los argumentos expuestos por la autoridad responsable, resulta imposible que se actualice el supuesto bajo análisis, pues la misma premisa que se establece como requisito para tener por acreditado uno de los elementos de la hipótesis normativa —las conductas ilegales que ya fueron sancionadas—, se convierte luego como una de las razones para no tener por acreditada la gravedad de tales conductas. A modo de parangón, sería tanto como desarrollar un programa social para madres solteras, pero que para acceder al mismo, se estableciera como requisito la presentación del acta de matrimonio. Es evidente de tal modo, la incongruencia de la resolución, y la búsqueda permanente de la responsable de que su concepto artificial de gravedad sea de imposible cumplimiento.
Como hemos señalado previamente, la autoridad se propuso un método en donde analizaría la estrategia integral que el Partido Verde emplearía para obtener ventajas ilegales a lo largo de todo el proceso electoral. Contrario a ello, en el análisis concreto del caso, se avoca a singularizar en 5 ejes temáticos, las conductas de este partido político, consistentes en: (1) violación al modelo de comunicación política; (2) entrega de beneficios; (3) incumplimiento de medidas cautelares; (4) violación en materia de filiación, y (5) uso indebido de datos personales y afiliación indebida.
De las 171 hojas de las que consta la resolución, pretende en sólo 6 páginas, demostrar que no existe la gravedad que en su opinión exige el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP.
El modelo de análisis que lleva a cabo consiste en señalar cuál es el tipo de gravedad que la responsable y/o el Tribunal atribuyeron a cada una de estas conductas, y en cada uno de los casos, señalar que no son de la entidad suficiente y consecuentemente,  no alcanzan el nivel de “gravedad extrema” que se puso como estándar.
Así, por ejemplo, para señalar que las violaciones al modelo de comunicación política no tuvieron una entidad suficiente para la afectación sustancial del principio de equidad, nos ofrecen el razonamiento siguiente:
Lo anterior es así, porque desde la óptica de la gravedad extrema con que deben ser valoradas las conductas de pérdida de registro, no hay elemento, dato o base objetiva y suficientemente contundente para concluir, desde una perspectiva general, un quebrantamiento del principio de equidad que hubiese vulnerado, de modo determinante, la competencia en condiciones de igualdad entre los participantes, ni  la regularidad del proceso electoral o la libre participación de la ciudadanía. 
Por el contrario, esta autoridad electoral nacional advierte que los efectos de dichos ilícitos, a pesar de ser generalizados, no tuvieron como resultado una ventaja desproporcionada o fuera de los parámetros de votación que dicho instituto político obtuvo, en comparación con procesos electorales anteriores, ni tampoco con los índices de aceptación ciudadana, como se demostrará detenidamente en apartados posteriores del presente fallo.
De este modo, los componentes del análisis consisten en la afirmación categórica que la propia autoridad establece de su dicho; es decir, no se da cuenta, ni cualitativa ni cuantitativamente, de los elementos de la conducta en sí, respecto al modelo de comunicaicón política del Partido Verde, frente a otras fuerzas políticas, para establecer el grado adecuado de vulneración al principio de equidad. Aunado a lo que hemos señalado, la resolución de modo incongruente plantea que por el hecho de declarar el no quebrantamiento al principio de equidad, suple el análisis de las conductas y su magnitud en el proceso electoral.
Nuevamente acude a elementos subjetivos y ajenos a la conducta del partido para señalar que no hubo una ventaja desproporcionada. Valdría preguntarse si hay ventajas proporcionales, pues la prueba que exige el estándar artificial implicaría que el Partido Verde hubiese obtenido una mayor votación. Aunado a lo anterior, la responsable atribuye la no violación al principio de equidad, merced a que según su propia opinión, el voto de la ciudadanía consideró las violaciones cometidas por el Partido Verde, como efecto “neutralizador” de las violaciones sistemáticas y graves que este partido desarrolló a lo largo de todo el proceso electoral.
En este mismo sentido, contradice el sentido integral de un análisis de la estrategia dolosa, concatenando los elementos de la sistematicidad y de la gravedad, pues se concreta a señalar, por ejemplo, que la autoridad originalmente calificó determinadas infracciones, relativas al tema de entrega de beneficios, como de gravedad ordinaria, veamos:
Sin embargo, analizadas en su conjunto y a partir de los parámetros requeridos para la pérdida de registro, particularmente el de gravedad extrema de la violación, para esta autoridad esos hechos ilícitos no configuran una transgresión sustancial a los principios constitucionales principalmente al de equidad y libertad del sufragio, por las razones siguientes.
En primer término, porque dichas conductas fueron calificadas como de gravedad ordinaria por parte de nuestro máximo tribunal en materia electoral, lo que pone de manifiesto que no se trató de infracciones que constituyeran una conculcación superior o máxima dentro de los parámetros valorados por ese órgano jurisdiccional. 
Además, porque esos hechos fueron materia de análisis y sanción ejemplar mediante los respectivos procedimientos, de lo que se sigue que el partido político recibió un castigo por su comisión y, al igual que aquellas enunciadas en el apartado que antecede, fueron hechas del conocimiento público, lo que permitió disminuir sus efectos negativos en el proceso electoral, en virtud de que un importante sector de la ciudadanía estuvo en condiciones de formarse un criterio sobre el actuar indebido de ese instituto político.
Como se advierte, ninguna de las calificaciones a las conductas infractoras del Partido Verde puede alcanzar la gravedad exigida por la responsable, pues dicho parámetro no ha sido empleado jamás, ni por la autoridad administrativa, ni por la jurisdiccional, lo que acredita que el método de análisis está diseñado para que el método de “gravedad máxima” sea de cumplimiento imposible, pues como señala, el Tribunal la declaró de gravedad ordinaria, y dichas conductas ya fueron sancionadas ejemplarmente. ¿Dónde queda aquí el análisis integral de una estrategia sistemática para violar la Constitución? Todo acto en el desarrollo de su resolución se desvanece por una suerte de non bis in ídem encubierto, por una calificación que no es de gravedad máxima, y porque se le dio publicidad a las sanciones. Dicho proceso de análisis no soporta el mínimo estándar exigible a un estudio que pueda ser considerado serio. En ningún caso hay temporalidades, modos, montos involucrados, o el desarrollo de los aspectos vinculados al principio de equidad, o a la libertad de sufragio, o a las condiciones a las que fue sometido el electorado, o a la comparación de las condiciones en que contendieron las demás fuerzas políticas.
De tal forma, no resulta admisible y congruente que la misma resolución que se propuso un análisis conjunto, exhaustivo e integral, de la gravedad y la sistematicidad de una estrategia ilegal, termine siendo desvanecido por un método de análisis superficial, incompleto e ilógico. 
Este argumento contradictorio al que recurre en repetidas ocasiones la autoridad responsables es una especie o modalidad del explicado previamente, pero que evidencia de manera más clara la incongruencia en el razonamiento de la resolución. Aquí, también se pueden evidenciar dos tesis que desafían de manera clara los principios congruencia lógica elementales: (1) por un lado, en la resolución se dice que no se acredita la “gravedad extrema” porque la autoridad electoral (administrativa o jurisdiccional) calificó sólo con “gravedad ordinaria” algunas infracciones, y, por lo mismo es improcedente la pérdida del registro, pero, (2) por otro lado, señala que tampoco ha lugar a la pérdida del registro respecto de los casos calificados con una “gravedad especial”, porque en éstos, la autoridad electoral (administrativa o jurisdiccional) ya había sancionado de forma severa al partido.
En palabras llanas y tomando los argumentos de la autoridad para reducirlos ad absurdum, tenemos que (1) si las violaciones cometidas por el Partido Verde fueron calificados con una gravedad ordinaria, no ha lugar a declarar la pérdida del registro, porque —en sí mismos— no fueron suficientemente graves, y (2) si las violaciones cometidas por el Partido Verde fueron gravísimas, tampoco ha lugar a declarar la pérdida del registro, porque en estos casos, la gravedad ya había sido “compensada” con una sanción igualmente grave.
Para mayor claridad, estimamos necesario hacer la cita de las páginas en donde se encuentran estas contradicciones. Por ejemplo, en la foja 122 se puede leer que una de las razones por las que las infracciones del Partido Verde, en su conjunto, no actualizan la gravead máxima es porque: 
[D]ichas conductas fueron calificadas como de gravedad ordinaria por parte de nuestro máximo tribunal en materia electoral, lo que pone de manifiesto que no se trató de infracciones que constituyeran una conculcación superior o máxima dentro de los parámetros valorados por ese órgano jurisdiccional. 
La contradicción es evidente porque, después de haber aseverado lo anterior, sólo dos páginas después, esto es, en la 124, la autoridad responsable llega a una conclusión distinta cuando dice que no es procedente la pérdida del registro porque: 
[L]os actos de contumacia del partido infractor fueron sancionados de manera severa por esta autoridad electoral nacional, lo que pone de manifiesto que fueron oportunamente reprimidas y detenidas para salvaguardar el orden constitucional y legal. 
En otras palabras, la autoridad responsable utiliza la gravedad con que las autoridades —ya sea adiministrativas o jurisdiccionales— calificaron las infracciones cometidas por el Partido Verde para sustentar tesis contradictorias, ya que para la resolución, si la infracción se calificó como grave ordinaria, no procede la pérdida del registro porque ello evidencia la ausencia de una gravedad extrema y, si la infracción se calificó con una gravedad más intensa (por ejemplo, especial), la pérdida del registro no procede porque el partido ya recibió un reproche igualmente intenso.
1.4. Analogía inapropiada e inadecuada aplicación de los principios del derecho internacional de los derechos humanos
Por otra parte, es preciso señalar que el acto que por este medio se impugna violenta el principio de legalidad porque acude a ejercicios analógicos de argumentación que no se ajustan a las directrices de los criterios jurisprudenciales en la materia. Para mayor claridad, estimamos apropiado transcribir textualmente la jurisprudencia 8/98:
SENTENCIAS. ARGUMENTOS ANÁLOGOS EN LAS, NO CAUSAN PERJUICIO A LAS PARTES. No existe en la legislación ningún precepto o principio jurídico que impida a los tribunales jurisdiccionales, al dictar una resolución, razonar en términos análogos, independientemente de que sean resueltos en la misma o en distinta sesión, por lo que aun para el caso de que se llegara a demostrar que las consideraciones del fallo combatido son semejantes a las de las otras sentencias que se emitieron en la misma sesión, esto no sería suficiente para considerar ilegal el acto  que se impugna. Por el contrario, siempre se ha considerado acorde a derecho que los razonamientos de los tribunales sean semejantes en los asuntos en que coinciden las mismas o similares circunstancias, dado que con esto se fomenta la seguridad y la certeza en la solución de los conflictos. Situación distinta se presenta cuando en la decisión de un asunto se razone de la misma manera que en otro si existen hechos, pruebas o circunstancias distintos en cada uno, o están regidos por diferentes ordenamientos jurídicos; pero en este caso la impugnación de las decisiones debe hacerse mediante la exposición de argumentos encaminados a demostrar que los fundamentos, motivos o conclusiones no corresponden a las constancias que obren en autos, o a la litis, generándose un posible vicio de incongruencia interna o externa, o alguna otra irregularidad específica, sin que sea suficiente que sólo se haga notar la supuesta o real analogía de la resolución impugnada con las dictadas en otros asuntos. 
Concretamente la parte de la resolución que no se ajusta a los extremos exigidos por la jurisprudencia trasunta es el ejercicio de derecho comparado que contiene, respecto a las circunstancias y exigencias que la legislación española prevé para la pérdida del registro de un partido político. Ello es así porque es evidente que las circunstancias históricas entre el caso español y el mexicano que fue objeto de la resolución impugnada, así como los contextos sociales y, evidentemente, el marco normativo, son distintos y, por lo tanto, el ejercicio analógico no puede utilizarse para negar la pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México.
Nos causa agravio el proceder de la autoridad en este rubro porque establece un nivel de exigencia de la gravedad de las faltas, a la actualización de circunstancias sociales prácticamente inexistentes en nuestro entorno social.
Ahora bien, contrario a lo argumentado en la resolución impugnada, un ejercicio adecuado de estudio de los parámetros establecidos por los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, habría llevado a la autoridad responsable a una conclusión diversa, relativa a que sí procedía la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México.

Para efectos de evidenciar lo anterior, resulta relevante retomar —como lo hace la resolución impugnada— los parámetros establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para determinar la pérdida del registro de un partido político, y realizar un análisis de las conductas del Partido Verde —que en la resolución se omite— a la luz de los mismos. En este sentido, dicho Tribunal internacional ha establecido los siguientes elementos como necesarios respecto de la disolución de partidos políticos: 
a) La previsión en ley de los supuestos y causas de disolución.
b) La legitimidad del fin perseguido.
c) El carácter necesario de la disolución en una sociedad democrática.
Por lo que hace al primero de los elementos, el mismo se cumple, a partir de la previsión incluida en el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP.
Para el análisis del segundo de los elementos referidos —la legitimidad del fin perseguido—, resultaba necesario partir, como se ha señalado, de un análisis integral de las violaciones en que incurrió el Partido Verde, de las que se desprende que no se trató de conductas aisladas, sino de que este partido político hizo de la violación a las normas su estrategia electoral y su marco de acción, de forma previa y durante las distintas etapas del proceso electoral —ya que desde septiembre de 2014, es decir, siete meses antes de que los demás partidos políticos empezaran las campañas electorales, el Partido Verde emprendió una estrategia publicitaria integral, reiterada y constante, a través de diferentes medios y vías, que claramente buscaba favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida, vulnerando el principio de equidad en la competencia—, incluso a pesar de los mandatos de la autoridad administrativa y del propio TEPJF. 

Así, la legitimidad del fin perseguido con la pérdida de registro del Partido Verde radica precisamente en la necesidad de preservar la vigencia de las bases constitucionales que dotan de sustento al sistema de partidos —y permiten la celebración de elecciones libres y auténticas— y, en función de ello, tutelar de forma efectiva los derechos y principios previstos en la materia electoral. Lo anterior, a la luz de la relevancia de la que nuestra historia electoral ha dotado al principio de equidad en la competencia política, como elemento necesario para la celebración de elecciones libres y auténticas.

Así, contrario a lo que se señala en la resolución impugnada, el análisis no se debió centrar en las consecuencias de aplicar la ley —en cuanto a la eliminación de una oferta política, desde la perspectiva de su legitimidad intrínseca y su relevancia para el pluralismo y la afectación de derechos que traería como consecuencia la desaparición del Partido Verde—, sino en el sentido mismo de la norma —como mecanismo indispensable para preservar y garantizar la vigencia del sistema democrático, en los casos en los que, de forma extraordinaria, y derivado del incumplimiento “grave y sistemático” de sus obligaciones, un partido político deje de cumplir con las finalidades que le son atribuidas constitucionalmente—, a la luz de las implicaciones que las conductas desplegadas por dicho instituto tienen para el efectivo ejercicio de esos derechos, la tutela del principio de equidad y la vigencia del Estado de derecho.  

No hacerlo, pone de manifiesto el desconocimiento del tránsito que históricamente han supuesto los avances democráticos en México, pues justamente las diferencias que posibilitaron el grado de pluralismo que hemos ido experimentando, parten de acotar las ventajas indebidas que el partido hegemónico detentó durante décadas. Mientras la autoridad intenta equiparar el contexto español sin éxito, pierde de vista que las condiciones de equidad se construyeron justamente sobre los ejes autoritarios de nuestro pasado.

Ahora bien, el tercero de los elementos —el carácter necesario de la disolución en una sociedad democrática— se cumple, pues no debiera permitirse a un partido político participar en la competencia político electoral, a partir de una estrategia, intencional, de vulnerar las reglas del juego democrático, de forma grave y sistemática —contraria a sus obligaciones—, precisamente para posicionarse ante la ciudadanía, pues a partir de lo anterior, resulta claro que su actuar es contrario a las propias finalidades constitucionales que le dan origen y garantizan su permanencia. Es decir, este elemento se acredita bajo un análisis de que resulta inadmisible que un partido político que ha operado premeditada e intencionalmente bajo esta lógica, permanezca siendo beneficiario de las prerrogativas y derechos que la Constitución le confiere como entidad de interés público, cuando su actuar es ajeno a dicha naturaleza. 
Justamente la sociedad democrática que aspiramos a ser debe partir del principio de no tolerar bajo ninguna circunstancia, que un partido pretenda hacer fraude a la ley y a la Constitución, con el propósito de obtener una ventaja que a la postre intenta consolidar una conformación mayoritaria en la Cámara de Diputados, producto de la violación de reglas democráticas de competencia política. En un momento en que la sociedad mexicana tiene la percepción de que las instituciones no están al servicio de los ciudadanos, y que la corrupción, pero que particularmente la impunidad, es la moneda corriente en la vida pública, resulta necesario disolver intentos contrarios a nuestros logros democráticos que han sido calculados dolosamente por uno de los competidores, quienes podrán acceder a puestos públicos, en algún grado, producto de la violación a la Constitución y la ley. Si lo que queremos es una sociedad democrática, lo que deberemos es no permitir la impunidad, y mucho menos en la magnitud que lo ha pretendido el Partido Verde Ecologista de México.

De lo anterior que en el caso bajo análisis se cumplen cada uno de los parámetros establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para determinar la pérdida del registro, porque el supuesto está previsto en la normatividad electoral, y el fin que se persigue es legítimo y necesario: impedir que el Partido Verde siga utilizando el registro que le fue conferido en contra de los fines del sistema democrático y en detrimento del ejercicio de los derechos políticos y el principio de equidad; es decir, del interés público que le dio origen.

Al diseñar e implementar una estrategia electoral que tuvo como propósito vulnerar de manera sistemática las bases constitucionales que buscan garantizar la celebración de elecciones libres y auténticas con el objeto de obtener una ventaja ilegal frente al electorado, dejó de actuar como una entidad de interés público, omitió el cumplimiento de sus obligaciones y, en consecuencia, actuó de forma contraria a los fines constitucionales que prevén la existencia y permanencia de los partidos políticos. 
No hay razonamiento alguno que permita sostener que un partido que opera al margen de la legalidad y hace de ello su mecanismo de participación en la competencia electoral contribuye al sistema democrático mexicano. La gravedad, no se limita al quebranto de las reglas de la competencia electoral, sino al hecho concreto de que ello se traduce en el acceso ilegítimo al poder público y su ejercicio.  
1.5. Indebido análisis de la gravedad de las infracciones
Por otra parte, debe advertirse que la resolución impugnada violenta el principio de legalidad porque realiza un estudio incompleto e insuficiente respecto del incumplimiento de las obligaciones del Partido Verde y su impacto en el sistema democrático mexicano.
Como punto de partida, debe señalarse que el artículo 41 de la Constitución Federal prevé tanto la existencia y permanencia de los partidos políticos, como las bases que garantizan la celebración de elecciones en nuestro país. A partir de esto, es evidente que la responsable debió analizar el incumplimiento de las obligaciones del Partido Verde a la luz de las finalidades que le son atribuidas en tanto entidad de interés público, como de las reglas que rigen su participación en los procesos electorales —en donde se concretan estas finalidades. 

En términos de lo anterior, el estudio de la responsable debió partir de la base de que la vigencia del sistema electoral mexicano —y el principio de equidad inherente al mismo—, descansan tanto en el modelo de financiamiento de los partidos políticos y de comunicación político-electoral, como en el principio de imparcialidad. A partir de ello, la autoridad debió llevar a cabo un análisis global y conjunto de las infracciones en que el Partido Verde incurrió, ponderando las afectaciones generadas a dichos principios.
a) Afectación al modelo de financiamiento
Por lo que hace al modelo de financiamiento, la autoridad responsable debió entrar al fondo del análisis de su afectación desde una perspectiva global. Es decir, es claro que el Partido Verde fue sancionado previamente por conductas individuales y, por tanto, en las resoluciones correspondientes se hizo, también en lo individual, el reproche respectivo y la valoración respecto a la afectación a los bienes jurídicos relacionados con el modelo de financiamiento. En ese sentido, nuestra intención no era que la autoridad responsable se pronunciara, una vez más, sobre lo mismo, sino que, precisamente a raíz de la conclusión a que llegó, en el sentido de que se trataban de violaciones sistemáticas, se pronunciara sobre cómo afectaron esas conductas unidas e interconectadas entre sí, tanto al modelo de financiamiento, como al de comunicación política y al principio de imparcialidad aludidos, con los que se garantiza el principio de equidad. 

En ese sentido, la responsable debió evidenciar que —de un análisis conjunto e integral de la totalidad de las violaciones cometidas por el Partido Verde— estábamos ante una afectación al modelo de financiamiento y en general, al principio de equidad, distinta a las afectaciones analizadas en lo individual, una afectación, por decirlo de algún modo global, puesto que la sistematicidad arroja la idea de unidad, esto es, de que esas múltiples conductas antijurídicas individuales están unidas y orquestadas por una sola conducta antijurídica que conjunta la fuerza de la ilicitud de todas para impactar con mayor intensidad el modelo de financiamiento y en la equidad en la competencia política. Y en esa mayor intensidad se encuentra, precisamente la gravedad extrema inventada por la autoridad responsable y que tanto estuvo buscando y no encontró.

Para decirlo con palabras más gráficas, las infracciones individuales sólo eran “ramas” que lesionaron el modelo de financiamiento, pero que, así, en lo individual, carecían de la fuerza para derribarlo, pero que, al unirse con las demás infracciones, formaron el gran madero que derribó por completo la puerta por la que el Partido Verde entró para aniquilarlo y acabar con él por completo.      

En este sentido, una visión global (y no en lo particular) del socavamiento al modelo de financiamiento —misma que, se insiste, tendría que haberse concatenado con las demás violaciones cometidas por el partido político— permite evidenciar que el monto involucrado en aportaciones de personas prohibidas  —129.5 millones de pesos— da cuenta de la gravedad de la conducta sistemática, pues representó: i) el 39.89% del financiamiento público ordinario a que tiene derecho el Partido Verde durante este año —que corresponde a 323.2 millones de pesos—; ii) el 137.97% del financiamiento que le fue otorgado para los gastos de campaña —que corresponde al monto de 97 millones de pesos— y; iii) el equivalente al tope de gasto de 102 campañas a diputados federales —fijado por esta autoridad en 1.26 millones de pesos—, que en su conjunto representarían el 34% de las 300 campañas celebradas este año para dicho cargo. 
Debe señalarse que estos montos no incluyen aún la aportación en especie e ilegal, que las empresas Televisa y Televisión Azteca realizaron al Partido Verde y a su campaña, a través de promocionales que simulaban la realización de “informes legislativos”. Como acreditamos en la petición original, si al monto involucrado asociamos las estimaciones más conservadoras del costo de dichos promocionales, veremos que en conjunto, esta estrategia se acercaría a más de 600 millones de pesos, lo que supondría imponerle la sanción más alta en la historia electoral mexicana, desde el punto de vista económico, y que superaría en mucho el financiamiento ordinario y de campaña que este partido recibirá en los próximos años.

Así, la magnitud descomunal de los recursos que han podido ser acreditados, y de los actores que fuera del sistema de partidos se han involucrado en esta campaña, nos permiten entender la magnitud de la violación al principio de equidad que se desarrolló durante el actual proceso electoral. La omisión de la autoridad electoral es de tal tamaño, que el pronunciamiento motivo de esta resolución es producto esencialmente de la petición que miles de ciudadanos le formulamos y no del ejercicio de su facultad de iniciar oficiosamente, el estudio de la pérdida del registro prevista en el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP.

Lo anterior evidencia, pues, que el análisis en el caso impugnado no puede hacerse aislando cada infracción y argumentando que se impuso en cada caso la correspondiente sanción; tampoco se pueden valorar elementos externos que presuntamente “neutralizaron” los efectos de las violaciones, pues, precisamente la gravedad extrema de la conducta era apreciable a través de un análisis global de la misma, a la luz de sus afectaciones tanto a los principios de equidad, como de imparcialidad.
b) Afectación al modelo de comunicación política
Tampoco en este rubro la autoridad responsable llevó a cabo el estudio como era debido, pues, una vez más, lejos de analizar el impacto que la conducta sistemática (y no las conductas individuales) tuvo en el modelo de comunicación política, se concretó a hacer referencia a que las conductas infractoras ya habían sido sancionadas. 
Sobre el particular, deben tenerse por reproducidas todas las consideraciones en el apartado a) anterior, respecto a la diferencia entre un estudio global y uno individual, y, con base en ello, debe evidenciarse que también el Partido Verde aniquiló de forma completa el modelo de comunicación política pues a través de sus infracciones individuales relacionadas con los informes de sus legisladores, la estrategia de comunicación paralela, el desacato de medidas cautelares, la difusión de cineminutos y el reforzamiento de todas ellas con la entrega ilícita de dádivas, violentó de forma burda los principios que, en la materia, contiene el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese sentido, la autoridad no debió remitirse a la cantidad de impactos que, en lo individual, cada infracción tuvo y a su correspondiente sanción, sino que debió visualizarse de forma amplia las implicaciones de la afectación global al modelo de comunicación política —a la par de las referidas al modelo de financiamiento—: la difusión de los promocionales legislativos difundidos en 2014 se realizó a lo largo de 72 días, previo al inicio de las precampañas electorales, cuando el resto de los competidores —que sí se ajustaron al marco de la ley— aún se encontraban ausentes, por lo que el nivel de atención que pudo recibir esta campaña con fines electorales es mucho mayor, posicionando al Partido Verde de forma anticipada, en una magnitud que se evidencia claramente en la gráfica que la misma autoridad responsable incluyó en la resolución impugnada y que se puede encontrar en su foja 138:
 
La intensidad de la violación también se evidencia si se toma en consideración que, tal como se señala en la resolución impugnada, el 76.77% de la publicidad electoral ilegal difundida por el partido político infractor fue hecha pública en los horarios de mayor audiencia: entre las 15 y las 22 horas, tal como se señala en la gráfica “con los horarios en los que fueron transmitidos los promocionales iniciales de esta campaña, los llamados informes de labores de los legisladores, donde se puede observar que hubo una estrategia de exposición en los horarios con mayor número de espectadores”, visible a foja 139 de la resolución impugnada:

Hora Detecciones Porcentaje
06:00:00 06:59:59 537 0.18%
07:00:00 07:59:59 2,350 0.80%
08:00:00 08:59:59 3,559 1.21%
09:00:00 09:59:59 7,541 2.56%
10:00:00 10:59:59 10,530 3.57%
11:00:00 11:59:59 9,904 3.36%
12:00:00 12:59:59 12,484 4.23%
13:00:00 13:59:59 9,511 3.23%
14:00:00 14:59:59 9,376 3.18%
15:00:00 15:59:59 23,901 8.10%
16:00:00 16:59:59 28,192 9.56%
17:00:00 17:59:59 30,523 10.35%
18:00:00 18:59:59 30,535 10.35%
19:00:00 19:59:59 29,697 10.07%
20:00:00 20:59:59 32,081 10.88%
21:00:00 21:59:59 28,068 9.52%
22:00:00 22:59:59 23,415 7.94%
23:00:00 23:59:59 2,705 0.92%
TOTAL 294,909

c) Afectación al principio de imparcialidad
Finalmente, es claro que la responsable incurrió también en el mismo proceder erróneo por lo que hace al estudio de la afectación al principio de imparcialidad, puesto que insiste en que la misma ya fue estudiada y sancionada por la autoridad correspondiente en su momento oportuno.

Lo cierto es que el Partido Verde disfrazó su propaganda político-electoral de informes de labores, con la consecuente intervención de poderes públicos, incurriendo en uno de los más graves elementos considerados incluso para la nulidad de elecciones, como lo es que se haya acreditado el uso de recursos públicos de las Cámaras de Diputados y Senadores, para promover un partido político, con el consecuente quebranto al erario —aspecto por cierto, que la autoridad omite analizar integralmente.

Además, en realidad ese instituto político disfrazó toda su estrategia ilícita de quebranto a la ley a través de ejercicios simulados de derechos y prerrogativas a lo largo de todo el proceso electoral e, incluso, previo a que éste diera inicio con la complicidad, tanto de poderes públicos, como de televisoras, aniquilando, de esta forma y un modo global, los principios tanto de imparcialidad, como de equidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Así, como se ha señalado, contrario a lo resuelto por la responsable, el análisis del caso no debió hacerse aislando cada infracción y su correspondiente sanción, pues, precisamente la gravedad extrema de la conducta global estriba en que el Partido Verde hizo de del fraude a la ley (a través de multiplicidad de infracciones individuales, y por distintos mecanismos y medios) su estrategia para aniquilar por completo el equilibrio tanto en el ámbito financiero, como en el modelo de competencia político electoral, y el principio de imparcialidad, pilares de nuestro sistema democrático.
1.6. Equiparación indebida entre los parámetros necesarios para actualizar la causal de pérdida del registro y la nulidad de una elección

Finalmente, la resolución impugnada violenta el principio de legalidad porque a través de la misma, la autoridad responsable pretende equiparar los principios aplicables a la acreditación de incumplimientos graves y sistemáticos a las normas, con la nulidad de una elección.

En efecto, como se ha expuesto, para la aceditación del elemento de “gravedad” de la hipótesis normativa bajo estudio, la autoridad responsable utiliza parámetros excesivos, y que van más allá de lo que la ley señala, pues incluso afirma que no basta con la acreditación de los elementos previstos en el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP para su acreditación, tal como se desprende de la foja 33 de la resolución, en la que se señala lo siguiente:

Es decir, no basta la acreditación de un cúmulo de infracciones graves y sistemáticas a la normativa electoral, sino que, además, se requiere que ese tipo de violaciones se traduzcan en una transgresión directa e irreparable a las finalidades que la Constitución atribuye a esa categoría de organizaciones, como son: participar en los procesos electorales federales, de las entidades federativas y municipales; promover la participación del pueblo en la vida democrática; contribuir a la integración de los órganos de representación política; y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

Aunado a lo anterior, tal como se desprende del texto trascrito, al establecer el nuevo parámetro de gravedad, la autoridad indebidamente confunde los elementos que se deben analizar para determinar la pérdida del registro de un partido político, con aquéllos que corresponden a la nulidad de una elección, al establecer a fojas 104 y 105, lo siguiente:

Lo anterior es así, porque desde la óptica de la gravedad extrema con que deben ser valoradas las conductas de pérdida de registro, no hay elemento, dato o base objetiva y suficientemente contundente para concluir, desde una perspectiva general, un quebrantamiento del principio de equidad que hubiese vulnerado, de modo determinante, la competencia en condiciones de igualdad entre los participantes, ni  la regularidad del proceso electoral o la libre participación de la ciudadanía.
En efecto, la “determinancia” es un concepto definido por las autoridades jurisdiccionales para valorar los efectos de determinadas conductas, en el marco del análisis de la validez de una elección. 

Se trata de un factor de nulidad, no de gravedad y sistematicidad, respecto de las conductas de un partido político, en relación con sus finalidades como entidad de interés público. 

Resulta sorprendente que la autoridad no sea capaz de diferenciar un supuesto en el que el sujeto de la norma es el partido político, con otro, que se analiza a la luz del actuar de un candidato. Equiparar la nulidad con la gravedad es no entender la diferencia entre un partido político y un candidato. De este modo, al establecer los requisitos que implicaría la nulidad, establece un candado de estándar adicional, para que la gravedad a que se refiere el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, se vuelva nugatoria y por lo tanto, no pueda aplicarse.


2. SEGUNDO AGRAVIO:
a) Fuente del agravio: Lo constituye la violación al derecho que tenemos los ciudadanos a que la renovación de los poderes se realice mediante elecciones auténticas. 
b) Artículos violados: Lo son, por inobservancia o indebida aplicación, los artículos 1º, 14, 16, 17 y 41, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 54, párrafo 1, incisos a) y f); 94, párrafo1, inciso e) y 95 párrafo 2 de la LGPP y en lo establecido en los artículos 209, párrafos 2, 3, 4 y 5; 242, párrafo 5; 442, párrafo 1, incisos a), f) e i); 443, párrafo 1, incisos a), b), c), e), h), i) y l); 449, párrafo 1, incisos c), e) y f); 452, párrafo 1, incisos a), b), y e) y 456 párrafo 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
c) Concepto de agravio: El acto impugnado nos causa agravio porque infringe nuestro derecho a la celebración de elecciones auténticas, ya que la decisión de la autoridad violenta en forma clara los derechos de los ciudadanos a que su voto se pueda ejercer a favor sólo de opciones que han competido en el marco de las reglas democráticas, ya que, por la magnitud de los hechos y las consideraciones que fueron descritas en el escrito de petición, no resulta reparable el daño a la equidad de la competencia política que ha ocasionado el Partido Verde a través de la imposición de las demás sanciones previstas en la ley. 

Así, la protección de la celebración de elecciones auténticas por parte de las autoridades, pasa por restablecer la equidad de la competencia política, retirando el registro a un partido cuyo actuar infringió no sólo un conjunto de reglas y prohibiciones específicas (como lo son las características de la propaganda impresa, los artículos promocionales utilitarios, la entrega de dádivas, entre otras), sino que ha trastocado de forma generalizada e irreparable la naturaleza misma del proceso de competencia democrática.
Sobre el particular, es preciso subrayar que, a la vez, la autoridad violenta el principio de exhaustividad, puesto que, a pesar de que desde el escrito inicial y el de alegatos, los que suscribimos el presente medio de impugnación solicitamos, la tutela del derecho de los ciudadanos a la celebración de elecciones auténticas, en la resolución se omite pronunciamiento alguno al respecto. En ese sentido, es evidente el tratamiento procesal desigual, puesto que, a pesar de que el Partido Verde es un ente trasgresor, se prefiere tutelar los derechos de éste, de sus dirigentes y de sus afiliados, en detrimento de los nuestros. En efecto, se alude a una posible vulneración al derecho de asociación política y al derecho al voto pasivo y activo de sus militantes y afiliados, pero no se alude a la vulneración al derecho al voto activo de los ciudadanos (en relación con las elecciones auténticas), al derecho al sufragio libre (violentado mediante la entrega de dádivas), al derecho a la información (violentado mediante la modificación ilegal del modelo de comunicación política) y al derecho de confidencialidad (violentado mediante el uso incorrecto de datos personales).
En suma, el acto impugnado violenta, incluso, el artículo primero constitucional, puesto que omite llevar cabo una interpretación pro homine respecto a la esfera de nuestros derechos humanos y la forma en la que la serie de violaciones del Partido Verde los afectaron, de manera global. El acto impugnado nos causa agravio porque la autoridad electoral,  en lugar de realizar un ejercicio de ponderación entre nuestros derechos como ciudadanos y los de los militantes del partido, concluye dogmáticamente —sin el menor análisis respecto a aquéllos— que los únicos que merecen tutela son los de éstos.

Lo cierto es que la naturaleza y los fines del Instituto Nacional Electoral como garante del desarrollo de elecciones libres y auténticas, de conformidad con el artículo 41 constitucional, le exigían que en el procedimiento que ahora se impugna desplegara en forma amplia todas las facultades que le confiere el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para tutelar los derechos humanos y, además, para reparar la afectación que los actos del Partido Verde han producido de manera directa.

Al respecto, es preciso señalar que hay algunas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos que no están bajo discusión pero que, aun así, la responsable omite hacer pronunciamiento y, en su lugar, entra al estudio de probables violaciones a los derechos humanos que se podrían actualizar con la pérdida del registro en perjuicio de los militantes y dirigentes partidistas.
Lo cierto es que una posible merma a la esfera jurídica de los militantes y dirigentes partidistas no se erige como un impedimento absoluto para determinar la pérdida del registro, sobre todo tomando en cuenta que éstos últimos fueron las personas físicas que utilizaron a la persona moral (Partido Verde) para cometer violaciones a los derechos humanos de los electores. 
La conclusión anterior se ve reforzada por una cita (página 71) que la propia resolución inserta en relación a un pronunciamiento sobre el tema por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Textualmente tal organismo expresa lo siguiente: 
En este contexto, los gobiernos tienen frente a los partidos políticos y al derecho a la participación política la obligación de permitir y garantizar la organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones, a menos que éstas se constituyan para violar derechos humanos fundamentales; el debate libre de los principales temas del desarrollo socioeconómico; la realización de elecciones generales, libres y con las garantías necesarias para que sus resultados representen la voluntad popular.

Como se ve, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el derecho humano —que pretende tutelar la responsable en detrimento de nuestros derechos humanos— de asociación política, tiene límites, como lo es el hecho incongruente de que se ejerza ese mismo derecho humano de asociación política con el fin de violar otros derechos humanos. En el caso que nos ocupa, no debe perderse de vista que Partido Verde fue sancionado en repetidas ocasiones y por diversas violaciones a la norma fundamental, como, por ejemplo aquellos que tienen que ver con el derecho al voto libre (al trastocar los modelos de financiamiento y comunicación, y entregar bienes que implicaban un beneficio) o el de derecho a la información (al violentar el modelo de comunicación política) o el derecho de confidencialidad (al hacer un uso ilícito de datos personales).

En ese sentido, estimamos que la obligación de la autoridad era, precisamente, realizar acciones encaminadas a la tutela de estos derechos humanos, pues así se lo exige la propia Constitución Federal.  Sobre el particular, estimamos apropiado transcribir el tercer párrafo del aludido artículo 1º constitucional:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Como se ve, la obligación del Instituto Nacional Electoral en el tema que ahora se aborda es evidente e innegable. De hecho, no se trata de una sola obligación, sino que la norma constitucional establece puntalmente, al menos, cuatro obligaciones que la responsable no atendió. 
(1) En primer lugar, la responsable incumple con su obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos, porque la decisión que se toma no tendrá como efecto disuadir violaciones futuras por parte del mismo partido o de otros partidos políticos. En efecto, como es sabido, la doctrina y los propios precedentes judiciales, distinguen entre la prevención general y la prevención especial, según esté dirigida al grueso de la población de partidos políticos (prevención general) o al partido político infractor (prevención especial), pero ambas sólo pueden tener verificativo cuando se impone una sanción ejemplar al partido infractor. 

En el asunto impugnado, nos causa agravio la decisión de no declarar la pérdida del registro del Partido Verde, precisamente porque está ausente sanción alguna (sin que sea válido recurrir al argumento falaz de que las conductas individuales sí fueron sancionadas por las razones que se han repetido a lo largo del presente escrito), con lo cual el Instituto Nacional Electoral, lejos de disuadir violaciones de derechos humanos futuros, invita al partido infractor y a los demás partidos a pasarlos por alto e, incluso, a violentarlos en forma abierta, pues ha creado un estándar de imposible cumplimiento y ha pasado por alto los derechos de millones de ciudadanos, que han sido vulnerados por la conducta ilegal de dicho partido político.
(2) Tampoco la autoridad responsable dio cumplimiento a la exigencia del artículo 1º constitucional en el sentido de investigar las violaciones a los derechos humanos, puesto que, si bien fueron investigadas las violaciones a los derechos humanos en lo individual, está ausente un análisis global de su conducta sistemática y, consecuentemente, está ausente por completo (pues no se realizó un estudio exhaustivo de de las infracciones individuales, a la luz de la hipótesis global de la que trata el presente asunto) un análisis sobre la violación al derecho de los ciudadanos a que las elecciones se lleven de manera libre y auténtica.
(3) Por lo que hace a la tercera obligación, esto es, la relativa a sancionar violaciones a derechos humanos, es claro el incumplimiento en los términos en los que se ha descrito en los dos numerales anteriores (es decir, lo relativo a que sólo existen sanciones individuales, mas no la sanción que los solicitantes elevamos: la pérdida del registro).
(4) Finalmente, la autoridad responsable tampoco cumple con la cuarta obligación del artículo 1º constitucional: la reparación de las violaciones a los derechos humanos. Al respecto, cabe decir que la mejor reparación hubiese sido, precisamente, expulsar de la órbita del juego democrático al Partido Verde antes de la jornada electoral, pero resulta que en detrimento de nuestro derecho a una justicia pronta, la responsable resolvió el asunto que dio origen al presente medio de impugnación en fecha posterior. Lo que sí creemos que no sería válido argumentar es que, como la jornada electoral ya pasó, el peligro y el daño se han extinguido y que, por ende, en este momento la reparación a las violaciones son irreparables, porque la autoridad electoral no puede argumentar a su favor la justicia tardía que ella misma ha provocado.

De hecho, el análisis de los derechos humanos debió haber ido mucho más allá, pues en la autoridad responsable recae el ejercicio de la función esencial para la vigencia de la soberanía: la organización de elecciones libres, auténticas y periódicas, para el ejercicio del derecho al voto con el objeto de renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo. A partir de este axioma innegable, la responsable debió concluir que la única forma de tutelar de manera efectiva el derecho humano al voto es excluir de la vida jurídica a aquél partido que actúa al margen de las reglas que nos hemos dado como sociedad para garantizar la competencia y, por ende, la legitimidad de los órganos de gobierno surgidos de las elecciones. 
En otras palabras, se trata de garantizar la voluntad de ciudadanas y ciudadanos, no de administrar la realización de elecciones. La tutela efectiva del ejercicio de los derechos no se reduce en modo alguno a su materialización.


3. TERCER AGRAVIO:
a) Fuente del agravio: Lo constituye la resolución INE/CG640/2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de fecha doce de agosto de la presente anualidad, dictada en el procedimiento ordinario sancionador radicado en el expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015 y UT/SCG/Q/CG/111/PEF/126/2015 acumulados, por lo que hace a la violación al derecho de petición. 
b) Artículos constitucionales y legales violados: Lo son, por inobservancia, los artículos 1º, 8, 14, 16, 17, 35 fracción V y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
c) Concepto de agravio: La resolución impugnada nos causa agravio, porque omite establecer las razones por las que —contrario a lo solicitado en el escrito de petición del 29 de abril pasado—, la solicitud de pérdida y/o cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México, no fue analizada previo a la jornada electoral celebrada el 7 de junio pasado. 

En efecto, la autoridad responsable violentó, además, el derecho a una justicia pronta que nos concede el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que resolvió el fondo del asunto en forma posterior a la celebración de los comicios federales pasados, lo que, invariablemente trajo consigo una vulneración irreparable al proceso electoral, puesto que permitió la permanencia en la contienda electoral de un partido que había incurrido en una serie de violaciones a la ley y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que exigían expulsarlo de la órbita del juego democrático. 

Al respecto, debemos decir que la lentitud en la administración oportuna de la justicia actualiza el aforismo que dice que, si la justicia no es pronta, sino retardada, entonces no es justicia. Sobre ello, y tomando en cuenta que son aplicables a la materia sancionadora electoral los principios e instituciones del Derecho penal, estimamos que resultan aplicables, de manera analógica los criterios sustentados en esa materia. Así, el criterio del Poder Judicial de la Federación contenido en la tesis aislada que a continuación se transcribe apoya la afirmación de que existe un fundamento constitucional para exigir que, con independencia de que la vía procesal haya sido el procedimiento ordinario sancionador, la autoridad electoral debió resolver nuestra petición en un plazo breve:
MINISTERIO PÚBLICO. SU INACTIVIDAD AL NO INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN EN BREVE TÉRMINO VIOLA GARANTÍAS . De un análisis integral y coherente de los artículos 8o., 16, 17, 21 y 102-A, de la Constitución, se desprende que la representación social debe proveer en breve término a la integración de la averiguación previa. Por lo tanto no es posible sostener que como los artículos 123, 126, 133, 134 y 136 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Durango, no establecen un término específico para integrar la averiguación previa, el órgano persecutor puede integrar la indagatoria en forma discrecional y cuando lo estime pertinente; toda vez que, los mismos numerales contemplan la obligación del Ministerio Público de tomar todas las medidas necesarias para la integración de la averiguación, tan luego como tengan conocimiento de la posible existencia de un delito, así como de darle seguimiento a las denuncias que se presenten y allegarse todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, dictando en uno u otro caso la reserva del expediente, el no ejercicio o la consignación. De lo que se infiere, que los artículos mencionados de la ley secundaria, siguen los lineamientos fijados en los artículos constitucionales en comento, por lo que no se justifica la inactividad del Ministerio Público, pues transcurrieron más de siete meses entre la fecha de presentación de la denuncia y la demanda de amparo, sin que existiera avance alguno en la averiguación, lo que como se ha demostrado implica violación de garantías. 

De hecho, debe tomarse en cuenta que el derecho de acción que hicimos valer los solicitantes a través del procedimiento ordinario sancionador que dio origen al acto que ahora se impugna, tuvo su origen en el  derecho de petición, como especie de éste, y, por tal motivo, también en el presente caso son aplicables, no sólo los criterios en materia penal, sino también aquellos sustentados en materia electoral por la autoridad jurisdiccional. Así, sobre el particular, la jurisprudencia 32/2010 de la Sala Superior del TEPJF  establece que para  “determinar el ‘breve término’ a que se refiere el dispositivo constitucional, debe tomarse en cuenta, en cada caso, esas circunstancias y con base en ello dar respuesta oportuna”. Al respecto, como ya lo señalamos líneas arriba y en la petición original, debe decirse que, al estar implicado el derecho al voto y la autenticidad de las elecciones como principios constitucionales, resultaba indispensable la resolución de la  petición, antes de la celebración de la jornada electoral del 7 de junio de 2015 pues, de lo contrario, se incurrió en violación al derecho fundamental de ejercer un voto libre y válido, tal y como ocurrió en la especie.

Con fundamento en los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero, 8 y 35 fracción V de la Constitución, nos causa agravio que una vez oído en defensa el Partido Verde, la responsable fuera omisa en cuanto a nuestro derecho de petición, en justificar o responder el fundamento y los motivos por los cuales no atendió la solicitud de resolver este procedimiento antes de la jornada electoral, pues constituye su obligación la comunicación al peticionario, por la vía que instauró el Tribunal a través del procedimiento ordinario sancionador, cada una de las peticiones que se formularon, en términos de las jurisprudencias que a continuación se citan:
 Jurisprudencia 5/2008
PETICIÓN. EL DERECHO IMPONE A TODO ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL DEBER DE RESPUESTA A LOS MILITANTES.- Los artículos 8o. y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén el derecho de petición en materia política a favor de los ciudadanos y el deber de los funcionarios y empleados públicos de respetarlo, cuando sea ejercido por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Para el cumplimiento eficaz de ese derecho, a toda petición formulada debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido la solicitud, el cual se debe hacer del conocimiento del peticionario en breve plazo. Este principio superior también constriñe a todo órgano o funcionario de los partidos políticos a respetarlo, en virtud de que el artículo 12, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral equipara a los institutos políticos con las autoridades del Estado, para la procedibilidad de los medios de impugnación en la materia. (Enfasis añadido)
Cuarta Época: 

Jurisprudencia 42/2002

PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.- Cuando el escrito mediante el cual se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con los requisitos esenciales, pero se omite alguna formalidad o elemento de menor entidad, que puede traer como consecuencia el rechazo de la petición, la autoridad electoral, antes de emitir resolución, debe formular y notificar una prevención, concediendo un plazo perentorio, para que el compareciente manifieste lo que convenga a su interés respecto a los requisitos supuesta o realmente omitidos o satisfechos irregularmente, de probar, en su caso, que su solicitud sí reúne los requisitos exigidos por la ley, o bien, para que complete o exhiba las constancias omitidas, aun cuando la ley que regule el procedimiento de que se trate no contemple esa posibilidad. Lo anterior con la finalidad de darle al compareciente la oportunidad de defensa, antes de tomar la extrema decisión de denegar lo pedido, ante la posible afectación o privación de sus derechos sustantivos, a fin de respetar la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de quedar en mejores condiciones de cumplir adecuadamente con el principio de congruencia, al que es necesario atender respecto de cualquier petición que se formule a una autoridad, en el acuerdo escrito con el que ésta tiene la obligación de responder, en términos del artículo 8o. constitucional, lo que agrega un motivo lógico y jurídico para que la propia autoridad prevenga a los interesados a fin de que aclaren las irregularidades que existen en su petición. (enfasis anadido)
Tercera Época: 
Jurisprudencia 31/2013
DERECHO DE PETICIÓN. LA RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO REÚNE REQUISITOS CONSTITUCIONALES.- De la interpretación sistemática de los artículos 8 y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la jurisprudencia de rubro PETICIÓN. EL DERECHO IMPONE A TODO ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL DEBER DE RESPUESTA A LOS MILITANTES, se advierte que las autoridades y los partidos políticos, están obligados a dar respuesta a toda petición formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y que en materia política podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. En ese orden de ideas, cuando un ciudadano ejerce el derecho de petición, la responsable tiene la obligación de darle respuesta congruente, clara y fehaciente sobre la pretensión deducida y notificarla al solicitante; por ello, si se considera que la solicitud no reúne los requisitos constitucionales para responder a la pretensión, en forma fundada y motivada, debe informarse tal situación al peticionario, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión y dotar de contenido al derecho humano de petición. ( Enfasis añadido)
Quinta Época: 
De un análisis puntual de la resolución impugnada, resulta inconcuso que la responsable omitió establecer el razonamiento por el cual no resolvió en el tiempo solicitado la petición formulada. Pues con autonomía de los tiempos procesales y las razones para acumular el presente asunto, debió respondernos como peticionarios, si así fuere el caso, sobre la invalidez de nuestro punto petitorio a este respecto. Pues como se desprende de las jurisprudencias arriba citadas, constituía su obligación.


VI. P R U E B A S  


1. Documentales públicas: Consistentes en:
a) La resolución INE/CG640/2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de fecha doce de agosto de la presente anualidad, dictada en el procedimiento ordinario sancionador radicado en el expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015 y UT/SCG/Q/CG/111/PEF/126/2015 acumulados. 
b) Los votos particulares emitidos por los Consejeros Electorales Javier Santiago Castillo y Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, con motivo de la resolución anterior.
c) El escrito de petición presentado por quien suscribe, en conjunto con un grupo de ciudadanos, mismo que dio origen al expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015.
Mismas que se ofrece en términos de lo dispuesto  por el artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2. La instrumental de actuaciones: Consistente en las constancias que obran en el expediente formado, en todo lo que nos beneficie.

3. La presuncional legal y humana: Consistente en todo lo que esa sala pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a nuestros intereses.
Las anteriores probanzas las relacionamos con todos y cada uno de los capítulos de hechos y de derecho del presente escrito.


VII. Puntos petitorios

Por lo anteriormente expuesto, a esa Sala Superior respetuosamente solicito:

PRIMERO.- Tenerme por interpuesto el presente recursos de apelación en tiempo y forma.

SEGUNDO.-  Previo a los trámites de ley, revocar la resolución que se impugna, a fin de que se determine la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México. 


Atentamente,


Sergio Aguayo Quezada 
(Representante común). 



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