domingo, 10 de mayo de 2015

Recurso ante el TEPJF para revocar la decisión del INE de tramitar erróneamente nuestra petición

Notas de aclaración:
  • Dado que el INE decidió tramitar nuestra petición de #QuitenRegistroAlVerde como queja, se interpuso este recurso. ¿Por qué? Porque al tramitar la petición como queja (y no como lo que es) y abrir un Procedimiento Ordinario Sancionador, queda abierta totalmente la posibilidad de desechar la petición; basándose en el principio general del derecho: non bis in idem. Esto, dado que las conductas que narramos en los hechos ya fueron juzgadas y sancionadas con multas. 
  • Por eso es que impugnamos ante el TEPJF esta decisión: porque nosotros no pedimos lo que el INE se lanzó a hacer. Ellos deben de determinar si procede o no la pérdida de registro del PVEM como un acuerdo del Consejo General del INE, no salirse por la tangente y tramitarlo como Procedimiento Ordinario Sancionador (pudiendo así, desecharla fácilmente). 
  • Se desconoce si el tramitar nuestra petición como queja y no como debe de ser es producto de ignorancia del INE o si es un acto plenamente deliberado y consciente para poder zafarse de resolver lo que estamos pidiendo conforme a derecho. 
  • Varios consejeros han dicho en los medios que sí se está analizando nuestra petición. Esto es una verdad a medias, porque la tramitaron erróneamente. Se desconoce si estas declaraciones en medios las hacen para quedar ante la ciudadanía como que sí se atendió la solicitud pero al final (por lo ya explicado) desecharla y hacer quedar a los peticionarios como que fuimos nosotros quienes no respetamos el non bis in idem al presentar la petición. 
  • Pero no. No vamos a caer en la trampa. Por eso, impugnamos la decisión de tramitar nuestra petición como Procedimiento Ordinario Sancionador y esperamos la resolución del TEPJF. A continuación, pueden leer el texto íntegro del recurso presentado y los tecnicismos jurídicos.



TEXTO ÍNTEGRO DEL RECURSO PARA REVOCAR LA DECISIÓN DEL INE DE TRAMITAR NUESTRA PETICIÓN CIUDADANA COMO QUEJA


_______________________________________________________



Asunto: se interpone juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano
México, D.F., a 08  de mayo de 2015


Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
P r e s e n t e . -

Sergio Aguayo Quezada, por mi propio derecho, y en mi calidad de representante común de los ciudadanos Miriam Morales Sanhueza, Marcela Azuela Gómez, Carlos Alberto Serdán Rosales, María Esther Azuela Gómez, Aleida Calleja Gutiérrez, Mario Arriagada Cuadriello, Ximena Ramos Pedroza Ceballos, Ana Eugenia López Rico, Luis González Plascencia, Mony Sacha de Swaan Addati, Juan Fernando Ibarra del Cueto, Paulina Arriaga Carrasco, Alfredo Lecona Martínez, Carlos Alberto Brito Ocampo, Denise Eugenia Dresser Guerra, Eduardo Huchim May, Miriam Morales Sanhueza, María Santos, Martha Tagle, Mónica Tapia Álvarez, Alfredo Figueroa Fernández y las 139,432 personas que suscribieron la plataforma Change.org #QuitenRegistroAlVerde que se adjunta en versión electrónica al presente escrito, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el sito en C. Héroes de Padierna 166, col. San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras, 10200, México Distrito Federal, con el debido respeto comparezco para exponer:
Con fundamento en los artículos 1, párrafos uno al tres; 8; 35, fracción V; 41 segundo párrafo, Base I, párrafos uno y dos, Base II, párrafos uno y tres, Base III, apartado A), párrafos dos y tres; y 134, párrafos siete y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 2, inciso b); 9; 79, párrafo 1; y 80, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 54, párrafo 1, incisos a) y f); 94, párrafo 1, inciso e) y 95 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos,  acudo a promover juicio para la protección de los derechos político-electorales[1] en contra del Acuerdo de fecha 4 de mayo de la presente anualidad, dictado dentro del expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015, y, en cumplimiento al artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, manifiesto:
I.              Nombre del actor y domicilio para recibir notificaciones
Los que han quedado descritos en el proemio.
II.            Acto o resolución impugnado
Lo es el Acuerdo suscrito por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, de fecha 4 de mayo de la presente anualidad, dictado dentro del expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015.
III.         Autoridad responsable
Lo es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
IV.           Hechos
H E C H O S:
1. El 29 de abril del año que corre, el que suscribe el presente medio de impugnación, en conjunto con un grupo de ciudadanos, presentamos un escrito ante el Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del cual relatamos una serie de hechos y consideraciones que, a nuestros juicio, demuestran que el Partido Verde Ecologista de México ha actualizado el supuesto previsto en el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, al incurrir en una serie de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las demás leyes secundarias en materia electoral, por lo que, en ejercicio de nuestro derecho de petición, solicitamos el inicio del procedimiento previsto en el numeral aludido, a fin de que, antes de la jornada electoral del 7 junio de este año, y por la naturaleza y gravedad de los bienes jurídicos tutelados -equidad y autenticidad de las elecciones-, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita la declaratoria de pérdida de registro del instituto político referido.

2. El 06 de mayo de la presente anualidad a las 11:00 horas, se nos notificó el acuerdo dictado el 04 de mayo de 2015 dentro del expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015, por medio del cual la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral tiene por recibido el escrito a que se ha hecho referencia en el hecho anterior, y califica nuestra petición como denuncia, ordenando que sea encausada a través de un procedimiento ordinario sancionador.
En la parte que interesa, el contenido del acuerdo referido determina lo siguiente:                                                                              
ACUERDA:

PRIMERO. RADICACIÓN. Téngase por recibida la documentación de cuenta y fórmese el expediente respectivo, el cual quedó registrado con la clave UT/SCG/SAQ/CG/90/PEF105/2015.

SEGUNDO. LEGITIMACIÓN. Se reconoce la legitimación con que comparecen los denunciantes señalados en el proemio del presente acuerdo, para todos los efectos legales procedentes, toda vez que los mismos comparecen por propio derecho, y por tanto son aptos para interponer la presente denuncia.

TERCERO. DOMICILIO PROCESAL Y DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN. Se tiene como domicilio procesal el señalado para tal efecto en su escrito inicial de denuncia y como representante común de todos ellos a la persona que ahí se enuncia.

QUINTO (SIC). HECHOS DENUNCIADOS. Los hechos en que medularmente se sustenta la denuncia presentada por los hoy promoventes, aducen a un conjunto y magnitud, según su propio dicho, de violaciones graves, sistémicas y reiteradas, cometidas en contra de la Constitución y de las leyes en materia electoral, en el marco de los comicios del presente proceso electoral 2014-2015, atribuible al Partido Verde Ecologista de México, con motivo del incumplimiento dado a diversas previsiones establecidas en dichas normas, así como de acuerdos dictados por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral en su contra, las cuales a consideración de los denunciantes, en su conjunto, ameritan sancionar a ese instituto político con la pérdida de su registro como partido político a nivel nacional.

SEXTO. COMPETENCIA Y VIA PROCESAL. En atención a que el motivo de inconformidad hecho valer por los quejosos hacen referencia a la violación sistemática y reiterada de diversas disposiciones que regulan la materia electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México, las cuales, a su parecer, ameritan la cancelación y/o pérdida de su registro como partido político nacional, y tomando en consideración que este Instituto Nacional Electoral instaurará el procedimiento sancionador ordinario cuando tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras que sean materia del procedimiento especial sancionador, como lo es el caso que nos ocupa, la presente denuncia deberá tramitarse bajo las reglas de rigen tal procedimiento.

Lo anterior, ya que el motivo por el cual se inicia el presente procedimiento, no encuadra en alguna de las hipótesis de procedencia del procedimiento especial sancionador previstas en el artículo 470 de La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que esta autoridad electoral nacional es competente para conocer del presente asunto, a través del procedimiento ordinario sancionador, previsto en el Libro Octavo, Título Primero, Capítulo Segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SÉPTIMO. RESERVA DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA Y EL EMPLAZAMIENTO. Previo a determinar la procedencia o no del presente asunto, es decir, su admisión o desechamiento, se reserva acordar lo conducente al respecto, hasta en tanto se culmine la etapa de investigación que esta autoridad administrativa electoral, en uso de sus atribuciones, considera pertinente practicar para mejor proveer.

[…]”

El hecho relatado en el punto anterior nos causa los siguientes agravios:
V.             A g r a v i o s
1. PRIMER AGRAVIO:
a) Fuente del agravio: Lo constituye la violación a nuestro derecho humano de petición.
b) Artículos violados: Lo es, por inobservancia, el artículo 1º, 8º y 35, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
c) Concepto de agravio: El acto reclamado nos causa agravio porque infringe nuestro derecho de petición, ya que no se ajusta a los extremos exigidos por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el escrito descrito en el hecho marcado con el numeral 1 del apartado anterior fue dirigido a una autoridad específica, esto es, al Consejero Presidente y a las Consejeras y Consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y, por tal motivo, correspondía a este órgano atender y dar respuesta al mismo en atención a que así lo dispone el precepto que se cita, a saber, el artículo 94 párrafo 1 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) que señala claramente que es a juicio del Consejo General que deberá determinarse la perdida de registro, tal como se solicita en la petición.
Al respecto, es preciso señalar que en los puntos petitorios Segundo y Cuarto de nuestro escrito de petición señalamos lo siguiente:
SEGUNDO.- Iniciar el procedimiento para determinar la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México, en términos de lo previsto en los artículos 94, párrafo 1, inciso e), y 95 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de la normatividad electoral en el marco de los comicios de 2015, con base en los hechos expuestos en el presente escrito, lo que se determine en los procedimientos que aún se encuentran pendientes de resolución y tomando en cuenta las consideraciones de derecho formuladas en el presente escrito.

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero; 8; y 35, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez oído en defensa el Partido Verde Ecologista de México, que el Consejo General de este Instituto resuelva y responda la presente solicitud, previo a celebración de la jornada electoral del proceso electoral federal 2014-2015, con base en los argumentos y consideraciones de derecho formuladas en el presente escrito.

Como se ve, nuestro escrito de petición no estaba dirigido a un órgano indeterminado del Instituto Nacional Electoral, sino que, por el contrario, solicitamos en forma precisa  y conforme a nuestro derecho  fuese el Consejo General el que resolviera y diera respuesta.
En este sentido, el acuerdo de la Unidad Técnica referida, además de hacer una interpretación indebida y sobre la que omite una explicación, muestra con claridad la no coincidencia entre la autoridad a la que está dirigido el escrito y la que lo atiende, toda vez que contraviene lo mandatado por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tal motivo, nos vulnera el derecho humano que en él se tutela. El dispositivo constitucional que invocamos señala textualmente lo siguiente:
Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Como se puede advertir, el texto constitucional es claro: su segundo párrafo determina expresamente que la autoridad a la que se haya dirigido el escrito de petición, es en la que recae la obligación de dictar un acuerdo que, en breve término, debe ser comunicado al peticionario.
No obstante lo mandatado por el texto constitucional, y a pesar de que recaía sobre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral la obligación constitucional de dar respuesta a nuestra petición, es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral la que atiende nuestra solicitud y, a través del acto impugnado, nos comunica que el encausamiento de la misma se hará a través de un procedimiento ordinario sancionador. Contrario, incluso, a diversas jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del TEPJF:

Jurisprudencia 5/2008
PETICIÓN. EL DERECHO IMPONE A TODO ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL DEBER DE RESPUESTA A LOS MILITANTES.- Los artículos 8o. y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén el derecho de petición en materia política a favor de los ciudadanos y el deber de los funcionarios y empleados públicos de respetarlo, cuando sea ejercido por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Para el cumplimiento eficaz de ese derecho, a toda petición formulada debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido la solicitud, el cual se debe hacer del conocimiento del peticionario en breve plazo. Este principio superior también constriñe a todo órgano o funcionario de los partidos políticos a respetarlo, en virtud de que el artículo 12, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral equipara a los institutos políticos con las autoridades del Estado, para la procedibilidad de los medios de impugnación en la materia. (Enfasis añadido)


Cuarta Época:




Jurisprudencia 42/2002


PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.- Cuando el escrito mediante el cual se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con los requisitos esenciales, pero se omite alguna formalidad o elemento de menor entidad, que puede traer como consecuencia el rechazo de la petición, la autoridad electoral, antes de emitir resolución, debe formular y notificar una prevención, concediendo un plazo perentorio, para que el compareciente manifieste lo que convenga a su interés respecto a los requisitos supuesta o realmente omitidos o satisfechos irregularmente, de probar, en su caso, que su solicitud sí reúne los requisitos exigidos por la ley, o bien, para que complete o exhiba las constancias omitidas, aun cuando la ley que regule el procedimiento de que se trate no contemple esa posibilidad. Lo anterior con la finalidad de darle al compareciente la oportunidad de defensa, antes de tomar la extrema decisión de denegar lo pedido, ante la posible afectación o privación de sus derechos sustantivos, a fin de respetar la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de quedar en mejores condiciones de cumplir adecuadamente con el principio de congruencia, al que es necesario atender respecto de cualquier petición que se formule a una autoridad, en el acuerdo escrito con el que ésta tiene la obligación de responder, en términos del artículo 8o. constitucional, lo que agrega un motivo lógico y jurídico para que la propia autoridad prevenga a los interesados a fin de que aclaren las irregularidades que existen en su petición. (enfasis anadido)


Tercera Época:


Jurisprudencia 31/2013

DERECHO DE PETICIÓN. LA RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO REÚNE REQUISITOS CONSTITUCIONALES.- De la interpretación sistemática de los artículos 8 y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la jurisprudencia de rubro PETICIÓN. EL DERECHO IMPONE A TODO ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL DEBER DE RESPUESTA A LOS MILITANTES, se advierte que las autoridades y los partidos políticos, están obligados a dar respuesta a toda petición formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y que en materia política podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. En ese orden de ideas, cuando un ciudadano ejerce el derecho de petición, la responsable tiene la obligación de darle respuesta congruente, clara y fehaciente sobre la pretensión deducida y notificarla al solicitante; por ello, si se considera que la solicitud no reúne los requisitos constitucionales para responder a la pretensión, en forma fundada y motivada, debe informarse tal situación al peticionario, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión y dotar de contenido al derecho humano de petición. ( Enfasis añadido)


Quinta Época:

Ahora bien, en esta parte, el agravio que exponemos no se agota exclusivamente en un tema de índole meramente formal u orgánico (determinación de la autoridad obligada a dar respuesta), sino que, a través de esta lesión, se trastoca también la parte sustantiva que planteamos en nuestro escrito de petición, ya que, al atender nuestra solicitud una autoridad que carece de competencia para hacerlo y a la que no fue dirigida, produce —como consecuencia lógica— que la vía procesal por la que pretende encauzarla sea incorrecta. Esta situación quedará explicada en el siguiente agravio que a continuación se expone:
2. SEGUNDO AGRAVIO
a) Fuente del agravio: Lo constituye la violación al derecho que tenemos los ciudadanos a que la renovación de los poderes se realice mediante elecciones equitativas y auténticas, como consecuencia de la indebida fundamentación y motivación, al establecer una vía indebida para atender la petición que formulamos.
b) Artículos violados: Lo son, por inobservancia o indebida aplicación, los artículos 14; 16 y 41, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 54, párrafo 1, incisos a) y f); 94, párrafo1, inciso e) y 95 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos y en lo establecido en los artículos 209, párrafos 2, 3, 4 y 5; 242, párrafo 5; 442, párrafo 1, incisos a), f) e i); 443, párrafo 1, incisos a), b), c), e), h), i) y l); 449, párrafo 1, incisos c), e) y f); 452, párrafo 1, incisos a), b), y e) y 456 párrafo 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
c) Concepto de agravio: El acto reclamado nos causa agravio porque infringe nuestro derecho a la celebración de elecciones auténticas y con equidad, ya que, al dictarse el auto de radicación —al que hicimos mención en el hecho marcado con el numeral 2 del presente escrito— sin la debida fundamentación y motivación, se desvía y desatiende nuestro derecho de petición por un cause procesal inapropiado que podría hacer nugatorio el derecho sustantivo que planteamos en nuestro escrito de petición, sin que la autoridad reconozca, cite y tutele lo establecido en el artículo 8º de la Constitución de forma expresa, fehaciente, congruente, y clara, como se advierte en la cita siguiente:
SEXTO. COMPETENCIA Y VIA PROCESAL. En atención a que el motivo de inconformidad hecho valer por los quejosos hacen referencia a la violación sistemática y reiterada de diversas disposiciones que regulan la materia electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México, las cuales, a su parecer, ameritan la cancelación y/o pérdida de su registro como partido político nacional, y tomando en consideración que este Instituto Nacional Electoral instaurará el procedimiento sancionador ordinario cuando tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras que sean materia del procedimiento especial sancionador, como lo es el caso que nos ocupa, la presente denuncia deberá tramitarse bajo las reglas de rigen tal procedimiento.

Lo anterior, ya que el motivo por el cual se inicia el presente procedimiento, no encuadra en alguna de las hipótesis de procedencia del procedimiento especial sancionador previstas en el artículo 470 de La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que esta autoridad electoral nacional es competente para conocer del presente asunto, a través del procedimiento ordinario sancionador, previsto en el Libro Octavo, Título Primero, Capítulo Segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La autoridad omite señalar que en el ejercicio del derecho humano de petición, en el escrito de fecha 29 de abril de 2015, se presentaron puntos petitorios expresos, citados previamente y anexos al presente recurso, en donde se solicita claramente que  dé inicio al procedimiento que hace referencia el artículo 94 párrafo 1 inciso e). En ningún momento solicitamos ni fundamentamos el inicio de una Queja por la vía del Procedimiento Ordinario Sancionador (POS).
La autoridad omite expresar las razones por las que  atenderá por esta vía la petición que le fue formulada, pues de la lectura de nuestro escrito se desprende que no pretendemos que se juzgue dos veces por la misma conducta al partido de mérito, pues es de nuestro conocimiento que tal pretensión sería contraria a la Constitución y a la ley, y, en consecuencia, provocaría su desechamiento, tal como se prueba en los siguientes párrafos contenidos en nuestra petición:
1. El derecho de petición.
El derecho de petición está consagrado en la Constitución (CPEUM) a partir de los artículos 8 y 35 fracción V, y en el sistema jurídico mexicano incluso a través de diversas jurisprudencias[2] Las autoridades se encuentran obligadas a su protección y tutela.
Nuestra petición consiste en que se inicie de inmediato el procedimiento a que hacen referencia los artículos 94, párrafo 1, inciso e) y 95, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos y se resuelva: La pérdida del registro al Partido Verde Ecologista de México por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de las Leyes en materia electoral en el marco de los comicios de 2015.
Desde la legislación anterior el sistema electoral mexicano dio atribuciones para que el Consejo General acuerde y determine la pérdida de registro de un partido político, sin que hasta el momento se haya hecho uso de dicho dispositivo por violaciones sistemáticas y graves a las obligaciones señaladas en la normatividad electoral, con relación a un partido político. Sin embargo, dicho procedimiento ha sido empleado por la autoridad electoral en el pasado para la pérdida del registro de distintas agrupaciones políticas nacionales, por lo que la autoridad tiene las condiciones instrumentales y legales para sustanciar un procedimiento de esta naturaleza.
Nuestro derecho como ciudadanos a solicitar a las autoridades la pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México, además de tener el fundamento legal precitado, se encuentra motivado en que a nuestro juicio y una vez narrados los hechos que han caracterizado la conducta de este partido político en el actual proceso electoral, es nuestra convicción que la equidad de la competencia política se ha visto vulnerada de manera grave, por demás sistemática e irreparable. De tal forma, las autoridades (primero el Consejo General del INE y, en su caso, luego la Sala Superior del TEPJF) tienen la obligación de atender y responder por escrito a nuestra petición, de manera fundada y motivada y en breve término, como corresponde a todo acto de autoridad.
No estamos ante una posible doble sanción (non bis in ídem) en relación a la petición que hemos formulado, pues nos interesa que se analice de modo integral y no de modo aislado como se ha hecho hasta ahora, el impacto y las repercusiones del conjunto de violaciones graves y sistemáticas cometidas por el PVEM para las condiciones de equidad de la competencia política entre y en cada una de las fases del proceso electoral (previo al inicio de las precampañas, durante éstas, a lo largo de las intercampañas, y en el marco de la campaña). Y así determinar las afectaciones a: la autenticidad de las elecciones; el ejercicio del derecho al voto; el sistema de representación popular en la Cámara de Diputados, e incluso el sistema de coaliciones a través de las cuales se puede acceder al control de la Cámara por medios ilegales e ilegítimos, burlando la voluntad soberana de pueblo de México; y establecer si ha existido organizaciones distintas a los partidos que han intervenido ilegalmente en los procesos electorales. La determinación de la gravedad de estas conductas sistemáticas reside nada menos, en la afectación al conjunto de bienes jurídicos tutelados en una elección y a la totalidad del proceso democrático.
Es fundamental y un derecho de las y los ciudadanos, un análisis de conjunto de una estrategia de gran escala a nivel nacional, que atraviesa distintos periodos de la elección, en donde las autoridades echen mano de los recursos legales que aparecen en nuestra legislación y valoren con los instrumentos a su alcance, el incumplimiento grave y sistemático del PVEM de las obligaciones que le señala la normatividad electoral. Es decir, pedimos única y exclusivamente que se aplique lo que señala el artículo 94 de la ley General de Partidos Políticos:
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:
e)  Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral; 

En nuestra opinión, el análisis integral de las conductas ilegales de este partido, pondrá de manifiesto la existencia de una estrategia dolosa, sistemática, reiterada y como hemos dicho, de una extraordinaria gravedad, que habrá de permitir al Consejo General y en su caso a la Sala Superior, juzgar desde una perspectiva mucho más amplia, la importancia de su resolución, a la luz de los efectos que derivarían al permitir que el PVEM conserve su registro y participe en las elecciones a celebrarse el 7 de junio próximo.
Así, la fortaleza de esta petición ¾aún siendo relevante¾ no reside fundamental ni centralmente en la cantidad de firmas que han suscrito en la plataforma Change.org #QuitenRegistroAlVerde, sino en los méritos de argumentos que hemos expuesto y desarrollado en el presente escrito, así como en el análisis integral que las autoridades realicen de las conductas del PVEM, en cumplimiento de los principios constitucionales (electorales y democráticos) que juraron cumplir.
En otro de los puntos de la petición solicitamos con toda claridad, que las autoridades valoren nuestros argumentos cuando resuelvan los asuntos pendientes de resolución, lo que de ninguna manera debe intrpretarse como una solictud de queja o denuncia por nuestra parte, tal como se advierte en el siguiente párrafo:
Del mismo modo, sabemos que existen un conjunto de procedimientos ¾especiales y ordinarios sancionadores y en materia de fiscalización¾ que aún se encuentran pendientes de resolución, en cuyo caso, pedimos formalmente se realice una valoración de la gravedad y reiteración de las conductas del PVEM, violatorias de la Constitución y de la …
Contrario a lo anterior, la autoridad nos atribuye el carácter de denunciantes a partir de la narración de hechos en los que plateamos el sustento de nuestra petición; como se podrá advertir, muchos de ellos son sentencias y resoluciones firmes, cuyo propósito es hacer notar al Consejo General la sistematicidad y gravedad de las conductas del PVEM y así estar en condición de valorar en su respuesta y posible resolución la evidencia de una estrategia encaminada a violentar la equidad y a la autenticidad de las elecciones. Veamos:
QUINTO (SIC). HECHOS DENUNCIADOS. Los hechos en que medularmente se sustenta la denuncia presentada por los hoy promoventes, aducen a un conjunto y magnitud, según su propio dicho, de violaciones graves, sistémicas y reiteradas, cometidas en contra de la Constitución y de las leyes en materia electoral, en el marco de los comicios del presente proceso electoral 2014-2015, atribuible al Partido Verde Ecologista de México, con motivo del incumplimiento dado a diversas previsiones establecidas en dichas normas, así como de acuerdos dictados por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral en su contra, las cuales a consideración de los denunciantes, en su conjunto, ameritan sancionar a ese instituto político con la pérdida de su registro como partido político a nivel nacional.

Es evidente que la autoridad no hace distinción entre el concepto de  pérdida (al que se refiere la LGPP) y de cancelación (al que se refiere la LEGIPE) previstos en la normatividad electoral, pues de una interpretación  gramatical, sistemática y funcional, se desprende que la cancelación está prevista como sanción a un tipo de conducta establecido en la ley, mientras que la pérdida obedece a un hecho o circunstancia diversa que el Legislador no previó fueran atendidas expresamente por la misma vía, pues mientras para la cancelación se establecen conductas expresamente calificadas como graves y reiteradas, en relación especialmente a aspectos vinculados a la fiscalización, el dispositivo de la Ley General de Partidos Políticos permite hacer una valoración integral de conductas sistemáticas, cuya acepción es diversa a la de reiteración, pues la sistematicidad corresponde a una cualidad que, de conjunto, se ajusta a un orden y a un fin  específico, en cambio, la reiteración debe ser equiparada a la reincidencia respecto de una misma conducta. En la sistematicidad existen pluralidad de conductas y momentos, coordinación y medios comisivos distintos y un elemento teleológico. Así lo expresamos en la petición que formulamos:
Aunque la autoridad insista en analizarlas y en su caso sancionarlas de manera aislada, tales conductas no ocurren de manera desarticulada. Son parte  de una pluralidad de conductas, una estrategia calculada y dolosa que vinculan diversas formas de comunicación, y aportaciones indebidas contra bienes jurídicos tutelados.
Existe de tal modo, una pluralidad y coordinación en las conductas que permiten acreditar una de las dimensiones de la sistematicidad. El propio TEPJF ha establecido este elemento como la relación entre dichas conductas, en donde se advierte coordinación, uniformidad e identidad. Se acredita también el elemento temporal, pues las acciones de este partido político han sido documentadas en distintos momentos ¾pluralidad de ocasiones¾ dentro del actual proceso electoral, desatendiendo incluso órdenes expresas de las autoridades electorales. Debe referirse a su vez la conexidad y la simultaneidad que se dan en distintos periodos y al interior de los mismos. El propio Tribunal ha establecido que la sistematicidad de las conductas se colma cuando aparecen coincidente y simultáneamente en diferentes medios ¾radio, televisión, propaganda fija, móvil, internet, cineminutos, entre otras¾, es decir, se acredita la pluralidad de medios comisivos. Del mismo modo, el elemento teleológico de la conducta sistemática desarrolla un fin común, consistente en posicionar por medios ilegales a un partido político; es decir, el desarrollo de estructuras y mecanismos paralelos en la búsqueda de un beneficio ilegal colman lo que el Tribunal ha determinado como el elemento fraudulento relativo a la sistematicidad.
Debe referirse que uno de los antecedentes más relevantes en donde se estudió la sistematicidad, y se desarrolló un análisis puntual sobre los elementos que conforman un sistema, fue el caso conocido como “Los amigos de Fox”, identificado con la clave SUP-RAP-98-2003.[3]
De lo expuesto, consideramos que queda acreditada la sistematicidad y gravedad en torno al incumplimiento a las obligaciones a las que se encuentra obligado el Partido Verde en la normativa electoral. Como ha quedado de manifiesto en los diversos apartados de esta petición, se encuentran comprometidos tanto derechos fundamentales, como aspectos nodales del sistema democrático. Los montos involucrados, la magnitud y reiteración de las conductas hacen que solo sea posible y reparable la equidad del actual proceso electoral a través de la pérdida y/o cancelación del registro de dicho partido político.
En efecto, si el escrito de petición lo dirigimos al Consejero Presidente y a las Consejeras y Consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, fue precisamente porque es este órgano el competente para resolver el procedimiento a que se refiere el artículo 94 y 95 de la Ley General de Partidos Políticos y, que es distinto al Procedimiento Ordinario Sancionador que instruye la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Nos causa agravio que nuestra petición sufra el reenvío a una autoridad incompetente y el consecuente reencauzamiento a una vía procesal inadecuada porque ésta, es decir, el POS, tiene como finalidad la imposición de sanciones a consecuencia de la comisión de infracciones electorales, siendo que en nuestro escrito de petición en ningún momento solicitamos que la autoridad electoral conociera de las infracciones electorales que ahí relatamos, puesto que la mayoría de ellas han sido ya resueltas por la autoridad electoral, e incluso, por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que otras se encuentran pendientes de resolución.
De tal forma si se permite que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral continúe conociendo de nuestra solicitud a través de un procedimiento ordinario sancionador, el aspecto sustantivo de nuestro derecho fundamental de petición podría terminar por violentarse en el momento en que la autoridad electoral determine que no ha lugar a imponer sanción alguna en base al principio non bis in idem, ya que se puede argumentar que los hechos que nosotros relatamos en nuestro escrito ya fueron resueltos.
Conforme a lo anterior, insistimos en que en nuestro escrito de petición no relatamos hechos nuevos porque nuestra intención nunca fue presentar una queja que siguiera su curso a través del Procedimiento Ordinario Sancionador o del Procedimiento Especial Sancionador, sino que relatamos una serie de hechos que demostraban cómo el Partido Verde Ecologista de México había actualizado la hipótesis del artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que solicitábamos que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, una vez instaurado el procedimiento a que se refiere el citado artículo 94 y el 95 de la misma ley, emitiera la declaratoria de pérdida de registro del instituto político de referencia.
Las razones que nos llevan a sostener que el procedimiento regulado por los artículos mencionados de la Ley General de Partidos Políticos es distinto al Procedimiento Ordinario Sancionador, se pueden desprender de su interpretación sistemática y, para tal efecto y mayor claridad en el argumento, se inserta a continuación el contenido del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos:
Artículo 94.

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:
a) No participar en un proceso electoral ordinario;
b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local;
c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido político nacional, o de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local, si participa coaligado;
d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;
e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral;
f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos, y
g) Haberse fusionado con otro partido político.

Como se puede apreciar, la naturaleza jurídica de las siete causales contenidas en el artículo trasunto no es la de infracciones electorales o hipótesis típicas que deban ser sancionadas a través de algún procedimiento sancionador, pues es claro que, por ejemplo, los supuestos contenidos en los inciso f) y g), esto es, fusionarse o disolverse, no tienen carga alguna de antijuricidad que los haga merecedores de reproche punitivo alguno, por lo que la declaratoria de pérdida de registro que llegase a acordarse en base a esas causales no coincide, necesariamente, con la manifestación de la potestad sancionadora del Instituto Nacional Electoral que se expresa mediante el POS. Incluso el inciso e) que invocamos en nuestra petición comparte esta característica ya que, aunque —en lo individual— el incumplimiento de obligaciones al que alude el mismo podrían traducirse en hipótesis típicas, la hipótesis global que supone el inciso en sí, no comparte esta naturaleza, pues también aquí debe emitirse una declaratoria de pérdida de registro y no una sentencia (naturaleza jurídica en la que al final se traduce la resolución que resuelve un procedimiento sancionador) que imponga sanción de pérdida de registro.
Ahora bien, en la parte que interesa, el artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos señala textualmente lo siguiente:
Artículo 95.

1. Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del párrafo 1 del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el Diario Oficial de la Federación.
2. En los casos a que se refieren los incisos d) al g), del párrafo 9 del artículo 22, y e) al g) del párrafo 1 del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. No podrá resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos e) y f) del párrafo 9 del artículo 22 y d) y e) del párrafo 1 del artículo anterior, sin que previamente se oiga en defensa a la agrupación política o al partido político interesado.

[…]

En consecuencia, como ya advertimos, no debe permitirse que la petición que elevamos al Consejo General para que inicie el procedimiento a que se refieren los artículo 94 y 95 de la Ley General de Partidos Políticos y emita, la declaratoria de pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México sea conocida, en su lugar, por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral a través del Procedimiento Ordinario Sancionador a que se refiere el artículo 464 y siguientes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de, en su caso imponer una sanción. Si esta situación se permite, podría hacerse nugatorio el derecho de los ciudadanos a elecciones auténticas, pues, so pretexto de obstáculos procesales como el principio non bis in indem, la autoridad podría llegar a la conclusión de que no ha lugar a declarar la pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México, sin atender los argumentos que motivaron la petición de mérito y, con ello, volver nugatorio nuestro derecho de petición, pues, con autonomía de que la autoridad arribe a una conclusión diversa a la nuestra sobre el procedimiento a que hacen referencia el 94 y 95 de la LGPP, es su obligación dar respuesta fundada y motivada a la petición que se les ha formulado.
La no respuesta, la posposición, o no atención a la petición que hemos formulado y el reencauzamiento por la vía del procedimiento ordinario, podría dar lugar a que, por omisión, se violen nuestro derecho humano de petición.
En este sentido,  debe protegerse el derecho de los ciudadanos a que su voto se ejerza en favor sólo de opciones que han competido respetando las reglas democráticas, pues, por la magnitud de los hechos y las consideraciones que fueron descritas en el escrito de petición, no resulta reparable el daño a la equidad de la competencia política que ha ocasionado el Partido Verde, a través de la imposición de las demás sanciones singulares previstas en la ley. Así, la protección de la celebración de elecciones auténticas por parte de las autoridades electorales, supone restablecer la equidad de la competencia política, retirando el registro a un partido cuyo actuar ha infringido no sólo un conjunto de reglas y prohibiciones específicas (como el modelo de comunicación política, las aportaciones de personas prohibidas y las que son las características de la propaganda impresa, los artículos promocionales utilitarios, la entrega de dádivas, entre otras), sino que ha trastocado de forma generalizada e irreparable la naturaleza misma del proceso de competencia democrática.
Así, los plazos y términos previstos en el POS, pueden involuntariamente incluso, atentar contra el deber de resguardar los principios fundamentales de la competencia política, razón por la cual hemos solicitado se resuelva antes de la jornada electoral. Debe así quedar de manifiesto que la vía por la que la autoridad pretende reencausar un derecho humano como es el de petición, impide su tutela efectiva y expedita. Nuestra pretensión no tiene otro propósito que la autoridad valore de manera clara nuestras razones en defensa de las reglas de la democracia y determine lo que en derecho corresponda.
VI.           Pruebas
1. Documental pública: Consistente en:

a) El acuerdo suscrito por el maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, de fecha 4 de mayo de la presente anualidad, dictado dentro del expediente UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015.

b) El escrito de fecha 29 de abril de la anualidad que corre, suscrito por quien también eleva el presente medio de impugnación, en conjunto con un grupo de ciudadanos, y el cual fue presentado ante el Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mismo que quedó descrito en el hecho marcado con el numeral 1 del presente recurso.

Dichas pruebas se ofrecen en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
2. La instrumental de actuaciones: Consistente en las constancias que obran en el expediente formado, en todo lo que nos beneficie.
3. La presuncional legal y humana: Consistente en todo lo que esa Sala pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a nuestros intereses.
Las anteriores probanzas las relacionamos con todos y cada uno de los capítulos de hechos y de derecho del presente escrito.
VII.        Puntos petitorios
Por lo anteriormente expuesto, a esa Sala Superior respetuosamente solicito:
PRIMERO.- Tenerme por interpuesto el presente juicio para la protección de los derecho político-electorales del ciudadano en tiempo y forma.
SEGUNDO.-  Previo a los trámites de ley, determinar la revocación del acuerdo que se impugna.
TERCERO.- Ordenar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral dé respuesta a la petición de iniciar el procedimiento para determinar la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México, en términos de lo previsto en los artículos 94, párrafo 1, inciso e), y 95 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de la normatividad electoral en el marco de los comicios de 2015, con base en los hechos y agravios expuestos en el presente medio de impugnación, lo razonado en el escrito de petición y lo que se determine en los procedimientos que aún se encuentran pendientes de resolución y tomando en cuenta las consideraciones de derecho formuladas en el presente escrito.
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero; 8; y 35, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez oído en defensa el Partido Verde Ecologista de México, ordenar al Consejo General de este Instituto resolver y responder sobre la pérdida del registro del PVEM en los términos del escrito de petición, previo a celebración de la jornada electoral del proceso electoral federal 2014-2015, con base en los argumentos y consideraciones de derecho formuladas en el presente escrito.



Atentamente,




_________________________________
C. Sergio Aguayo Quezada












[1] Si bien es cierto que, al tratarse de un asunto en el que está implicada la futura probable imposición de sanciones, podría actualizarse el supuesto del artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, por ello, podría pensarse que el medio de impugnación que resulta procedente es el recurso de apelación (en el SUP-RAP- 499/2011 la Sala Superior aceptó tramitar la impugnación de un acto intermedio —no definitivo, como es la resolución final— de la autoridad electoral dentro de un procedimiento ordinario sancionador), lo cierto es que se estimó que, al tratarse también del derecho de petición, se actualizaba la vía del juicio para la protección de los derecho político-electorales del ciudadano, pues es ésa la conclusión que se obtiene de la lectura de las tesis aisladas y jurisprudencias en materia electoral, en especial de la 36/2002, cuyo rubro es JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN.

[2] Entre otras, las Jurisprudencias 13/2007 y 32/2010 de la Sala Superior del TEPJF

[3] En éste el TEPJF vinculó la sistematicidad a la existencia de las características siguientes:
a) Coordinación. Existió una coordinación de las empresas ST & K, K-Beta y Grupo Alta Tecnología en Impresos, Instituto Internacional de Finanzas León, con Carlota y Laura, ambas de apellidos Robinson Kauachi, y de estas últimas con el Fideicomiso para la Democracia y el Desarrollo en México y la asociación civil denominada “Amigos de Vicente Fox, A.C.”.
b) Uniformidad. Se trata de un sistema único, debidamente articulado entre sí, cuyos principales puntos de enlace lo constituyen las empresas manejadas financieramente por Lino Korrodi Cruz; el Instituto Internacional de Finanzas León, sociedad civil, representada por Luis Ernesto Derbez; las hermanas Laura y Carlota Robinson Kauachi, Edgar Cruz López, Amigos de Vicente Fox, asociación civil, por señalar los más destacados.
c) Sistematización. Por lo general, la mecánica del sistema funcionaba mediante la intervención de diversas empresas, tales como ST & K de México, Grupo Alta Tecnología en Impresos y K-Beta, todas sociedades anónimas, así como de las sociedades civiles denominadas Instituto Internacional de Finanzas e Instituto Internacional de Finanzas León, quienes una vez que recibían recursos de personas físicas o morales, los transferían de manera fraccionada a Laura y Carlota Robinson, las que a su vez, inmediatamente, mediante la compra de cheques de caja, los transferían a las cuentas ya sea del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México o de Amigos de Vicente Fox, también, en ocasiones, mediante la expedición de cheques al portador o nominativos, realizaban pagos directamente a proveedores de la campaña o canalizaban los recursos a cuentas de los principales actores de la red de financiamiento, las cuentas receptoras del fideicomiso y de las asociaciones civiles a su vez, realizaban el gasto final de los recursos en los términos de su objeto, a saber, el financiamiento a las campaña de Vicente Fox Quesada.
d) Objetivo o finalidad coincidente. El sistema de financiamiento paralelo en todo momento tenía como fin último el de financiar la campaña presidencial del candidato de la coalición Alianza por el Cambio.
e) Paralelismo. El sistema de financiamiento de la campaña política electoral del candidato de la referida coalición en el año dos mil, funcionó de manera independiente y paralela al legalmente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que nunca se confundieron con los recursos erogados o administrados por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, que postularon a Vicente Fox Quesada, como su candidato para contender por la Presidencia de la República, no obstante que, la red de financiamiento converge en el mismo fin, esto es, la financiación de la campaña electoral de dicho candidato.
f) Afectación General. Ese sistema paralelo atentó contra el conjunto general y sistemático de disposiciones electorales relativas al financiamiento y fiscalización, porque, como ya se refirió, a través de él, se recibieron aportaciones de personas que viven o trabajan en el extranjero; de personas morales mexicanas de carácter mercantil; de personas no identificadas; se rebasaron los límites en las aportaciones en dinero realizadas por personas físicas o morales y, se excedieron los topes de gastos de campaña, etcétera, sin que se tratara de actos aislados, sino vinculados entre sí, al existir conexión espacial y temporal, así como perseguir una misma finalidad, la promoción del candidato a la Presidencia de la República de la coalición Alianza por el Cambio, con lo cual se lesionó gravemente una parte fundamental del sistema democrático en un Estado Constitucional de Derecho, tendente a garantizar la transparencia en el origen y destino de los recursos obtenidos y erogados por un partido político, al poner en riesgo el principio de certeza que rige en la materia electoral y trasciende en perjuicio del principio de equidad en la contienda electoral. Lo anterior se esquematiza de la siguiente forma: […]
g) Ocultamiento. Los recursos provenientes de las personas físicas o morales se fraccionaban de manera tal que, no resulta fácil la identificación de su flujo dentro del sistema financiero nacional, así una misma cantidad podía transferirse a través de la utilización de varios cheques, no obstante librarse a la misma persona y en las mismas fechas, o se transferían a través de transacciones efectuadas entre las diversas empresas y personas involucradas, de manera que, las aportaciones no llegaran directamente de los aportantes al fideicomiso o las asociaciones civiles creadas ex profeso para apoyar al candidato de Alianza por el Cambio, se usaban también cheques de caja a fin de dificultar la identificación del último eslabón de la cadena de flujo financiero.
h) Beneficio. La utilización de tal esquema de financiamiento, al margen de la ley, reportó un beneficio directo a los partidos políticos integrantes de la coalición, en diferente grado y medida, pues con esos recursos, indudablemente, se realizaron múltiples actividades tendentes a favorecer la captación de votos para su candidato presidencial.

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