miércoles, 20 de mayo de 2015

Proyecto de acuerdo para que el Consejo General del INE apruebe #QuitenRegistroAlVerde


Texto íntegro del Proyecto de Acuerdo presentado ante el Consejo General del INE para que aprueben, o no, la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México.


  • Nota: Ver punto vigésimo sexto de los considerandos para mención de la petición ciudadana que los ya más de 153,000 ciudadanos firmaron.




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PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ORDENA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO POR INCUMPLIR DE MANERA GRAVE Y SISTEMÁTICA LAS OBLIGACIONES QUE LE SEÑALA LA NORMATIVIDAD ELECTORAL.



A N T E C E D E N T E S


I.  Con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral por el que se establece la extinción del Instituto Federal Electoral, dando origen al Instituto Nacional Electoral.

II.   El 3 de abril de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, designó al Consejero Presidente y a los diez Consejeros Electorales de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Decreto relativo se publicó en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente.

III. El 4 de abril de 2014, los Consejeros electos rindieron protesta en sesión convocada para tal efecto, por lo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral quedó integrado en términos de lo establecido en el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, abrogando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.



C O N S I D E R A N D O S


PRIMERO. Informes legislativos, denuncias. El veinticuatro de octubre de 2014, de manera conjunta los partidos políticos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Encuentro Social, y Morena, por conducto de sus representantes, presentaron denuncia en contra del Partido Verde Ecologista de México, así como de Ana Lilia Garza Cadena, Diputada federal de representación proporcional por la primera circunscripción; Enrique Aubry de Castro Palomino, Diputado federal de mayoría relativa por el Distrito XIV con cabecera en Guadalajara, Jalisco; y Carlos Alberto Puente Salas, Senador de mayoría relativa por el Estado de Zacatecas; todos pertenecientes al citado partido político, toda vez que, desde su óptica, inobservaron las normas electorales atinentes a la rendición de informes de labores. Dicha denuncia se registró con la clave SCG/PE/PRD/CG/36/INE/52/PEF/6/2014.

Por su parte el veintiséis de octubre, Javier Corral Jurado, en su carácter de Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto, presentó denuncia en los mismos términos que la mencionada en el párrafo que antecede, la cual se registró con la clave SCG/PE/PAN/CG/37/INE/53/PEF/7/2014.

El veintisiete de octubre de dos mil catorce, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral celebró su Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter Privado, en la que previo análisis de la procedencia de las solicitudes de medidas cautelares formuladas en los expedientes SCG/PE/PRD/CG/36/INE/52/PEF/6/2014 y su acumulado, emitió el acuerdo número ACQD-INE-26/2014, en el sentido de declarar improcedente su adopción.

Posteriormente, a fin de combatir lo acordado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral a través de su acuerdo identificado como ACQD-INE-26/2014, los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y MORENA, así como el Senador Javier Corral Jurado en su calidad de Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional, todos ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, acudieron en vía de Recurso de Revisión respecto del Procedimiento Especial Sancionador a impugnar dicha determinación, radicándose para tal efecto los expedientes números SUP-REP-1/2014, SUP-REP-2/2014 y SUP-REP-3/2014, mismos que en fecha 6 seis de noviembre de 2014 resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmando la determinación de la referida Comisión de Quejas y Denuncias.


SEGUNDO. Informes legislativos, denuncias. El treinta y uno de octubre de 2014, el mismo Senador Javier Corral Jurado, en su calidad de Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional, presentó escrito mediante el cual amplió la denuncia, en el que, entre otros aspectos, señaló como denunciada a María Elena Barrera Tapia, Senadora de mayoría relativa por el Estado de México del Partido Verde Ecologista de México.

En fecha tres de noviembre de 2014 en sesión urgente, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió la solicitud de adopción de medida cautelar formulada por el Senador Javier Corral Jurado en su calidad de Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dentro del escrito de ampliación de denuncia presentado en fecha 31 treinta y uno de octubre de dos mil catorce determinando la no adopción de las mismas en el acuerdo número ACQyD-INE-27/2014.

En rechazo de lo anterior, el día 5 cinco de noviembre de 2014 el referido Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, promovió demanda de Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador, misma que radicada bajo el consecutivo número SUP-REP-4/2014, fue resuelta en fecha 7 siete de noviembre de 2014 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de confirmar el acuerdo impugnado.


TERCERO. Informes legislativos, denuncias. El veinticuatro de noviembre de 2014, Javier Corral Jurado, Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó denuncia, en contra de Pablo Escudero Morales, Senador de mayoría relativa por el Distrito Federal del Partido Verde Ecologista de México, por haber inobservado normas electorales atinentes al principio de equidad en la contienda por la indebida difusión de su informe de labores, la cual se registró con la clave UT/SCG/PE/JCJ/CG/50/INE/66/PEF/20/2014.


CUARTO. Informes legislativos, denuncias. El tres de diciembre siguiente, el Senador Javier Corral Jurado, Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó denuncia, en contra de Rubén Acosta Montoya, Diputado federal de representación proporcional por la primera circunscripción del Partido Verde Ecologista de México, en términos similares a la denuncia mencionada en el párrafo que antecede, la cual se registró con la clave UT/SCG/PE/JCJ/CG/54/INE/70/PEF/24/2014.


QUINTO. Informes legislativos, denuncias. El nueve de diciembre, Pablo Gómez Álvarez, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto, presentó denuncia en términos similares a las anteriores en las que señaló como presuntos responsables al Partido Verde Ecologista de México, a los Diputados y Senadores integrantes de los grupos parlamentarios de dicho partido político en las cámaras del Congreso de la Unión, así como a Grupo Televisa y Televisión Azteca, la cual se registró con la clave UT/SCG/PE/PRD/CG/58/INE/74/PEF/28/2014.

El día 12 doce de diciembre de 2014 la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió la solicitud de adopción de medidas cautelares solicitadas dentro del expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/58/INE/74/PEF/28/2014 dentro del acuerdo número ACQD-INE-39/2014 declarando improcedente la adopción de las mismas.


SEXTO. Informes legislativos, escisión. El once de diciembre siguiente, el representante del Partido de la Revolución Democrática presentó un escrito dirigido al expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/58/INE/74/PEF/28/2014, mencionado en el punto 1 (uno)?, en el que señaló además el presunto incumplimiento de la legislación por parte de la Diputada federal de representación proporcional por la Tercera Circunscripción Gabriela Medrano Galindo.

Por otra parte, el doce de diciembre, el Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto, presentó denuncia en contra de la aludida Diputada federal, también por la indebida difusión de promocionales en televisión alusivos a su informe de labores, así como el incumplimiento al deber de garante por parte del Partido Verde Ecologista de México. La denuncia se registró con la clave UT/SCG/PE/JCJ/CG/61/INE/77/PEF/31/2014.

Mediante acuerdo de quince de diciembre de dos mil catorce, la Unidad Técnica determinó "escindir" el escrito presentado el once de diciembre por el representante del Partido de la Revolución Democrática, así como la denuncia presentada el doce de diciembre por el Consejero del Poder Legislativo, por estar dirigidos en contra de la Diputada Federal citada y ordenó la formación de nuevos procedimientos.

Los procedimientos se identificaron con las claves UT/SCG/PE/JCJ/CG/61/INE/77/PEF/31/2014 y UT/SCG/PE/PRD/CG/64/INE/80/PEF/34/2014, cuya acumulación se determinó mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil catorce.


SÉPTIMO. Informes legislativos, otorgamiento de medidas cautelares. El 14 catorce de diciembre de 2014, el C. Pablo Gómez Álvarez, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, promovió escrito de Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, radicándose bajo el número de expediente SUP-REP-19/2014, mismo que en fecha 19 diecinueve de diciembre de 2014 fue resuelto bajo los siguientes puntos:

PRIMERO. Se REVOCA el acuerdo ACQD-39/2014, denominado "PROYECTO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES A QUE HUBIERE LUGAR, FORMULADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR UT/SCG/PE/PRD/CG/58/INE/74/PEF/28/2014", de doce de diciembre de dos mil catorce, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias de dicho instituto, mediante el cual determinó improcedente la adopción de las medidas cautelares solicitada por el denunciante.

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que de inmediato ordene la suspensión de la transmisión de los promocionales denunciados.

Determinación que fue tomada bajo los siguientes argumentos de la Sala Superior:


A juicio de esta autoridad jurisdiccional, es claro que el contenido de los promocionales en cuestión, apreciado objetivamente, no guarda relación con un informe individual de gestión respecto de los legisladores denunciados, sino que se asemeja, en el mejor de los casos, a la gestión de los grupos parlamentarios e incluso, a promoción del propio partido político.

En efecto, en la lógica del artículo 242, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se entiende que los promocionales en cuestión deben estar referidos a la actividad individual de cada uno de los legisladores y referirse, por ejemplo, al número de iniciativas presentadas y votadas, a su participación en grupos de análisis o cuestiones semejantes y no a los logros legislativos del partido político como tal.

Por lo tanto, ante la evidencia de que los hechos denunciados no importan conductas aisladas o individuales, sino que, por el contrario, guardan una estrecha relación con otros hechos que le fueron informados debidamente por los denunciantes, tales elementos debieron ser tomados en consideración por la autoridad para emitir la resolución correspondiente, pues sólo de esa manera estaba en aptitud de ponderar a cabalidad y con mayor amplitud las conductas presuntamente infractoras y su probable impacto en uno de los bienes jurídicos tutelados, como es la equidad en las contiendas electorales.

Lo anterior cobra mayor relevancia si se toma en consideración que uno de los argumentos centrales de los quejosos en el expediente administrativo sancionador de que se trata, está referido a la estrecha relación o vinculación que guardan diversos hechos denunciados, lo que en su concepto evidencia una estrategia de comunicación política específicamente diseñada para eludir las condicionantes legales y que en definitiva trastoca los valores protegidos por el párrafo octavo del artículo 134 constitucional.

Ello, en virtud de que a juicio de los denunciantes de las quejas que dieron motivo a los procedimientos especiales sancionadores incoadas en contra de diversos legisladores del Partido Verde Ecologista de México, entre los que se encuentra el origen del acto reclamado en el presente recurso de revisión, los actos desplegados de manera concatenada y sistemática, a efecto de realizar una campaña permanente en favor de dicho instituto político.

En concepto de esta Sala Superior, en los elementos que obran en el expediente, así como de aquellos que constan en los diversos expedientes SUP-REP-1/2014 y SUP-REP-4/2014, es posible advertir que, en esencia, los quejosos en el procedimiento especial sancionador de que se trata, denunciaron que al amparo de la norma legal que permite la difusión de los informes anuales de gestión de diversos legisladores federales que forman parte de las fracciones parlamentarias del Partido Verde Ecologista de México, se estaba desarrollando una promoción electoral permanente en beneficio del referido partido político, que incluso se mantenía estando en curso el proceso electoral federal que inició en la primera semana de octubre del presente año.

En efecto, la lectura de las denuncias en cuestión y de las determinaciones que respecto a la procedencia de las medidas cautelares dictó la autoridad responsable, es posible advertir que los quejosos no se duelen en esencia de una contravención a la norma contenida en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino una transgresión de la equidad en la contienda mediante la difusión reiterada, permanente y continúa de promocionales con contenido electoral, al amparo de la referida norma, lo cual violenta los bienes jurídicos protegidos por el párrafo octavo del artículo 134 constitucional.


OCTAVO. Resoluciones de fondo informes legislativos 1ª etapa por Sala Regional Especializada. En sesión de resolución de fecha 29 veintinueve de diciembre de 2014 la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el expediente identificado con el número SRE-PSC-5/2014 mismo en que se acumularon las denuncias radicadas con los números de expediente: SCG/PE/PRD/CG/36/INE/52/PEF/6/2014, SCG/PE/PAN/CG/37/INE/53/PEF/7/2014, UT/SCG/PE/JCJ/CG/50/INE/66/PEF/20/2014, UT/SCG/PE/JCJ/CG/54/INE/70/PEF/24/2014, y UT/SCG/PE/PRD/CG/58/INE/74/PEF/28/2014 bajo los siguientes puntos:

PRIMERO. Se sobresee en el procedimiento respecto a la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano.

SEGUNDO. Dese vista a las Contralorías de las Cámaras de Diputados y Senadores por las conductas de los legisladores Ana Lilia Garza Cadena, Enrique Aubry de Castro Palomino, Carlos Alberto Puente Salas, María Elena Barrera Tapia, Pablo Escudero Morales y Rubén Acosta Montoya.

TERCERO. Se impone al Partido Verde Ecologista de México, la sanción consistente en una amonestación pública.

CUARTO. Se impone una amonestación pública a los siguientes concesionarios:

De televisión abierta:

Canal 13 de Michoacán, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Comunicación 2000, S.A. de C.V., Flores y Flores, S. en N.C. de C.V., José de Jesús Partida Villanueva, José Humberto y Loucille Martínez Morales, Mario Enrique Mayans Concha, Multimedios Televisión, S.A. de C.V., Patro. para Inst. Repet. Canales de T.V., Coatz, Ver., A.C., Radio Televisión, S.A. de C.V., Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de Los Mochis, S.A. de C.V., Tele-Emisoras del Sureste, S.A. de C.V., Teleimagen del Noroeste, S.A. de C.V., Telemision, S.A. de C.V., Televimex S.A. de C.V., Televisión Azteca, S.A. de C.V., Televisión de Michoacán, S.A. de C.V., Televisión de Puebla, S.A. de C.V., Televisión de Tabasco, S.A., Televisora de Mexicali, S.A. de C.V., Televisora de Navojoa, S.A., Televisora de Occidente, S.A. de C.V., Televisora del Yaqui, S.A. de C.V., Televisora Peninsular, S.A. de C.V., TV Diez Durango, S.A. de C.V., Televisa S.A. de C.V., TV Azteca S.A.B. de C.V., Televisión de Puebla S.A. de C.V.

De televisión restringida:

Cablevisión, S.A. de C.V., Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de R.L. de C.V., Corporación de Radio y Televisión del Norte de México, S. de R.L. de C.V., Mega Cable, S.A. de C.V. y Cablevisión Red, S.A. de C.V.

Posteriormente, en fecha 6 seis de enero de 2015, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral resolvió el expediente identificado con el número SRE-PSC-06/2015 bajo el cual se sustanciaron los procedimientos identificados con las claves:  SCG/PE/PRD/CG/36/INE/52/PEF/6/2014 y UT/SCG/PE/CG/71/INE/87/PEF/41/2014 de acuerdo a lo siguiente:

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto del procedimiento especial sancionador incoado en contra de Comercializadora Publicitaria Tik, S.A. de C.V., Nueva Era Radio de Occidente, S.A. de C.V., Silvia Elizabeth Raygosa Jáuregui y Radio Impulsora de Occidente, S.A. de C.V. (concesionario de XESP-AM).

Igualmente, el 15 quince de enero de 2015, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral resolvió el expediente SRE-PSC-7/2015 en que se acumularon los expedientes relativos a las denuncias con números UT/SCG/PE/PRD/CG/58/INE/74/PEF/28/2014, UT/SCG/PE/JCJ/CG/61/INE/77/PEF/31/2014, UT/SCG/PE/JCJ/CG/61/INE/77/PEF/31/2014 y UT/SCG/PE/PRD/CG/64/INE/80/PEF/34/2014 bajo los siguientes puntos:

PRIMERO. Se sobresee en el procedimiento respecto a la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano.

SEGUNDO. Dese vista a las Contralorías de las Cámaras de Diputados y Senadores por las conductas de los legisladores Ana Lilia Garza Cadena, Enrique Aubry de Castro Palomino, Carlos Alberto Puente Salas, María Elena Barrera Tapia, Pablo Escudero Morales y Rubén Acosta Montoya.

TERCERO. Se impone al Partido Verde Ecologista de México, la sanción consistente en una amonestación pública.

CUARTO. Se impone una amonestación pública a los siguientes concesionarios:

De televisión abierta:

Canal 13 de Michoacán, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Comunicación 2000, S.A. de C.V., Flores y Flores, S. en N.C. de C.V., José de Jesús Partida Villanueva, José Humberto y Loucille Martínez Morales, Mario Enrique Mayans Concha, Multimedios Televisión, S.A. de C.V., Patro. para Inst. Repet. Canales de T.V., Coatz, Ver., A.C., Radio Televisión, S.A. de C.V., Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de Los Mochis, S.A. de C.V., Tele-Emisoras del Sureste, S.A. de C.V., Teleimagen del Noroeste, S.A. de C.V., Telemision, S.A. de C.V., Televimex S.A. de C.V., Televisión Azteca, S.A. de C.V., Televisión de Michoacán, S.A. de C.V., Televisión de Puebla, S.A. de C.V., Televisión de Tabasco, S.A., Televisora de Mexicali, S.A. de C.V., Televisora de Navojoa, S.A., Televisora de Occidente, S.A. de C.V., Televisora del Yaqui, S.A. de C.V., Televisora Peninsular, S.A. de C.V., TV Diez Durango, S.A. de C.V., Televisa S.A. de C.V., TV Azteca S.A.B. de C.V., Televisión de Puebla S.A. de C.V.

De televisión restringida:

Cablevisión, S.A. de C.V., Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de R.L. de C.V., Corporación de Radio y Televisión del Norte de México, S. de R.L. de C.V., Mega Cable, S.A. de C.V. y Cablevisión Red, S.A. de C.V.


NOVENO. Revisión de la resolución de fondo informes legislativos 1ª etapa por Sala Superior. En contra de las sentencias de los expedientes SRE-PSC-5/2015 y SRE-PSC-6/2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los Recursos de Revisión respecto del Procedimiento Especial Sancionador números SUP-REP-3/2015; SUP-REP-7/2015, SUP-REP-9/2015, SUP-REP-11/2015, SUP-REP-12/2015, SUP-REP-13/2015, SUP-REP-14/2015, SUP-REP-16/2015, SUP-REP-17/2015, SUP-REP-18/2015, SUP-REP-7/2015, SUP-REP-19/2015, SUP-REP-20/2015, SUP-REP-22/2015, SUP-REP-23/2015, SUP-REP-24/2015, SUP-REP-32/2015 y SUP-REP-36/2015 promovidos por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión; Morena; Partido Acción Nacional; Televisa, S.A. de C.V.; Televimex, S.A. de C.V.; Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V.; Radio Televisión, S.A. de C.V.; T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., Teleimagen del Noroeste, S.A. de C.V.; Televisión de Puebla, S.A. de C.V.; Televisora de Occidente, S.A. de C.V. y, Televisora Peninsular, S.A. de C.V.; Partido de la Revolución Democrática; Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional, Javier Corral Jurado; Diputado Federal Enrique Aubry de Castro Palomino; Partido Verde Ecologista de México; TV Azteca, S.A.B. de C.V. y Televisión Azteca, S.A. de C.V.; Canal 13 de Michoacán, S.A. de C.V.; Corporación de Radio y Televisión del Norte de México, S. de R.L. de C.V.; Cablevisión, S.A. de C.V.; Televisora del Yaqui, S.A. de C.V. y, Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de R.L. respectivamente, señalando lo siguiente:

PRIMERO.- Se acumulan los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-7/2015, SUP-REP-9/2015, SUP-REP-11/2015, SUP-

REP-12/2015, SUP-REP-13/2015, SUP-REP-14/2015, SUP-REP-16/2015, SUP-REP-17/2015, SUP-REP-18/2015, SUP-REP-19/2015, SUP-REP-20/2015, SUP-REP-22/2015, SUP-REP-23/2015 SUP-REP-24/2015, SUP-REP-32/2015 y SUP-REP-36/2015 al diverso SUP-REP-3/2015.

En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a los autos de los recursos acumulados.

SEGUNDO. Se revocan las sentencias dictadas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los procedimientos especiales sancionadores identificados con los números de expedientes SRE-PSC-5/2014 y sus acumulados y, SRE-PSC-6/2015, para los efectos indicados en el fondo del presente asunto.

Lo anterior bajo los siguientes efectos:

DÉCIMO. Efectos de la ejecutoria. En atención a todo lo anterior, lo conducente es revocar la sentencia combatida, para que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pronuncie una nueva determinación en el expediente SRE-PSC-5/2014, la cual, teniendo en consideración lo razonado a lo largo de esta ejecutoria en los términos siguientes:

Exonere de responsabilidad a las concesionarias de televisión restringida Cablevisión, S.A. de C.V. [Cablevisión], Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V. [Cablemás], Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de R.L. de C.V. [DISH], Corporación de Radio y Televisión del Norte de México, S. de R.L. de C.V. [SKY], Mega Cable, S.A. de C.V.[MEGACABLE] y Cablevisión Red, S.a. de C.V. [Telecable].

Ello, en atención a que en autos no está acreditada su participación en los hechos denunciados, toda vez que los impactos detectados en el monitoreo por el Instituto Nacional Electoral corresponden a las señales radiodifundidas que legalmente tienen la obligación de retransmitir en su integridad y sin modificación alguna, inclusive publicidad.

Tenga por no acreditada la conducta atribuida al partido denunciado, atinente a los gastos de producción de los materiales difundidos por los legisladores denunciados, en tanto fueron cubiertos por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la persona moral The Mates Contents, S.A. de C.V., quien recibió en contraprestación por la elaboración de los promocionales denunciados, la suma de $1,5000,000.00 –un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.-.

Por otro lado, tenga por acreditada la infracción en que incurrió el Partido Verde Ecologista de México, a los artículos 443, párrafo 1, inciso n), en relación al diverso numeral 160 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tenga por acreditada la infracción a lo dispuesto en el artículo 452, párrafo 1, inciso e) en relación con el numeral 160, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte de los concesionarios de radio y televisión que se listan …

(Se insertó lista de concesionarios)

Asimismo, en cada caso, deberá ponderar la gravedad de la infracción, así como demás elementos para la individualización de la sanción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 458, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Consecuentemente, emita un nuevo fallo en el expediente SRE-PSC-6/2015, en el que atienda a los efectos que deriven del pronunciamiento que haga en la resolución que emita en el SRE-PSC-5/2014.

Para lo anterior, se concede a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un plazo de setenta y dos horas contadas a partir del momento en que quede notificada de la presente ejecutoria, debiendo además notificar su nueva determinación a las partes en los procedimientos especiales sancionadores en cuyos expedientes se pronunció la sentencia reclamada.

Realizado todo lo cual, deberá notificar a la Sala Superior del cabal cumplimiento que dé a la presente ejecutoria.

[…]


DÉCIMO. Revisión de la resolución de fondo informes legislativos 1ª etapa por Sala Superior. Posteriormente, en sesión pública de resolución de fecha 25 veinticinco de marzo de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los recursos de Revisión identificados con los números SUP-REP-45/2015, SUP-REP-46/2015 y SUP-REP-47/2015 promovidos en contra de la sentencia de la Sala Regional Especializada recaída al expediente SRE-PSC-07/2015, bajo la misma lógica que los anteriores.

Ante el deficiente acatamiento a la resolución de Sala Superior, nuevamente se impugnó dicha resolución y en fecha 30 treinta de marzo de 2015 la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral dictó en acatamiento de la ejecutoria de la Sala Superior del Tribunal Electoral en el expediente SUP-REP-45/2015 y sus acumulados el siguiente resolutivo:

PRIMERO. Se da cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-45/2015 y acumulados.

SEGUNDO. Tuvo verificativo la inobservancia a los artículos 443, párrafo 1, inciso n), en relación al diverso numeral 160 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte del Partido Verde Ecologista de México porque contravino el modelo de comunicación política previsto en el artículo 41 Base III de la Constitución Federal.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, tuvo verificativo la inobservancia a lo previsto en artículo 452, párrafo 1, inciso e), en relación con el numeral 160, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte de Canal 13 de Michoacán, S.A de C.V.; Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V.; Sucesión de Beatriz Molinar Fernández; Comunicación del Sureste, S.A. de C.V.; Flores y Flores, S. en N.C. de C.V.; José de Jesús Partida Villanueva; José Humberto y Loucille Martínez Morales; Mario Enrique Mayans Concha; Multimedios Televisión, S.A. de C.V.; Patronato para Instalar Repetidoras, Canales de Televisión en Coatzacoalcos, Veracruz A.C.; Radio Televisión, S.A. de C.V.; Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V.; T.V. de Los Mochis, S.A. de C.V.; Tele-Emisoras del Sureste, S.A. de C.V.; Teleimagen del Noroeste, S.A. de C.V.; Telemision, S.A. de C.V.; Televimex, S.A. de C.V.; Televisión Azteca, S.A. de C.V.; Televisión de la Frontera, S.A.; Televisión de Michoacán, S.A. de C.V.; Televisión de Puebla, S.A. de C.V.; Televisora de Mexicali, S.A. de C.V.; Televisora de Navojoa, S.A.; Televisora de Occidente, S.A. de C.V.; Televisora del Yaqui, S.A. de C.V.; Televisora Peninsular, S.A. de C.V.; TV Diez Durango, S.A. de C.V.; Lucia Pérez Medina Viuda de Mondragón; Televisora XHBO, S.A. de C.V.; TV Ocho, S.A. de C.V.; Televisión del Pacifico, S.A. de C.V.; Ramona Esparza González; Televisora de Yucatán, S.A. de C.V.; Corporación Tapatía de Televisión. S.A. de C.V., y Hilda Graciela Rivera Flores.

CUARTO. Se impone al Partido Verde Ecologista de México, la sanción consistente en la reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración del financiamiento público ordinario, que recibe hasta alcanzar un monto equivalente a $11,453,846.20 (Once millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos y veinte centavos M.N.), misma que comenzará a partir del mes siguiente a que cause ejecutoria esta sentencia.

QUINTO. Se ordena abrir un cuaderno para la individualización de las sanciones que habrán de imponerse a los concesionarios de televisión abierta citados en el resolutivo TERCERO precedente, lo cual se efectuará una vez que se cuente con los elementos necesarios, idóneos y actualizados para fijar la citada condición socioeconómica de estas personas. Lo anterior, en términos del punto OCTAVO del "Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 4/2014 de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, por el que se aprueban las reglas aplicables a los procedimientos especiales sancionadores competencia de la Sala Regional Especializada y sus impugnaciones" y los "Lineamientos Generales para la identificación e integración de expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación".

SEXTO. Comuníquese de inmediato a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto del cumplimiento de la ejecutoria dictada en el expediente SUP-REP-45/2015; SUP-REP-46/2015 y SUP-REP-47/2015 acumulados.

SÉPTIMO. Hágase del conocimiento de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados la presente sentencia.

OCTAVO. En su oportunidad, publíquese la presente sentencia en la página de internet de esta Sala Especializada, en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores.



DÉCIMO PRIMERO. Acatamiento de la Sala Regional Especializada a la revisión de Sala Superior en resolución de fondo informes legislativos 1ª etapa. En fechas trece de marzo de dos mil quince, la Sala Regional Especializada, en acatamiento de la resolución dictada por la Sala Superior, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-REP-3/2015 misma que fue impugnada por los actores y resuelta por la Sala Superior.


DÉCIMO SEGUNDO. Resolución definitiva Sala Superior informes legislativos 1ª etapa, en plenitud de jurisdicción dicta sanción al PVEM y ordena reindividualizar sanción a personas físicas y morales. Inconformes con el deficiente acatamiento de la Sala Regional Especializada en el expediente SUP-REP-3/2015 que revisó el actuar de la misma en el expediente SRE-PSC-5/2014, los partidos políticos MORENA, de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y el Consejero del Poder Legislativo del PAN en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Senador Javier Corral Jurado recurrieron la resolución dictada en acatamiento dentro del SUP-REP-3/2015, a través de los recursos identificados con los números SUP-REP-120/2015, SUP-REP-121/2015, SUP-REP-122/2015, SUP-REP-125/2015 y SUP-REP-126/2015, mismos que la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió en fecha 25 veinticinco de marzo de dos mil quince al siguiente tenor:


RESOLUTIVOS:

PRIMERO. Se acumulan los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-121/2015, SUP-REP-122/2015, SUP-REP-125/2015 y SUP-REP-126/2015 al diversoSUP-REP-120/2015, en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a los autos de los recursos acumulados.

SEGUNDO. Se revoca la resolución impugnada, emitida por la Sala Regional Especializada, para los efectos precisados en la ejecutoria.

TERCERO. Se revoca la sanción impuesta al Partido Verde Ecologista de México, consistente en la interrupción de la transmisión de la propaganda que se transmita dentro del tiempo de televisión asignado por el Instituto Nacional Electoral, por el periodo de siete días, en periodo de intercampaña y en ningún caso abarque periodo de campaña.

CUARTO. Se impone al Partido Verde Ecologista de México, como sanción, la reducción del financiamiento ordinario, del 50% de su ministración mensual hasta alcanzar un monto equivalente a $76,160,361.80 (setenta y seis millones ciento sesenta mil trescientos sesenta y un pesos 80/100), la cual deberá hacerse efectiva a partir del mes de abril del presente año.

QUINTO. Se revoca la amonestación pública impuesta a las personas físicas y morales que se detallan en el resolutivo octavo de la sentencia impugnada.

SEXTO. Se ordena a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que emita una nueva resolución en la que se individualice nuevamente la sanción a las personas físicas y morales precisadas, en los términos precisados en el considerando cuarto de la presente ejecutoria. Debiendo informar a esta Sala Superior del cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.


DÉCIMO TERCERO. Cineminutos y propaganda fija, otorgamiento de medidas cautelares. El veintinueve de diciembre del dos mil catorce, Javier Corral Jurado, en su carácter de Consejero del Poder Legislativo por el Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó denuncia en contra del Partido Verde Ecologista de México y de quien resultara responsable, por la difusión de la campaña denominada "Verde sí cumple", mediante diversos espectaculares, anuncios en casetas telefónicas, autobuses de transporte público, cartelones y revistas, así como por la transmisión de promocionales denominados "cineminutos", en las salas de cine de las cadenas "Cinemex" y "Cinépolis", en todo el país, por considerar que vulneran sistemáticamente los artículos 41 y 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando la adopción de medidas cautelares.

El treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo (ACQD-INE-54/2014)en el que declaró procedente las medidas cautelares solicitadas; por tanto, ordenó la suspensión de la difusión de los denominados "cineminutos",así como el retiro de la propaganda fija, motivo de denuncia.

DÉCIMO CUARTO. Cineminutos y propaganda fija, confirmación de medidas cautelares. Inconforme con la determinación relativa a las medidas cautelares, el Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su representante suplente ante el Consejo General de ese Instituto, interpuso recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, mismo que fue resuelto el siete de enero de dos mil quince, por esta Sala Superior en el sentido de confirmar el acuerdo impugnado.


DÉCIMO QUINTO. Revisión de resolución de fondo cineminutos y propaganda fija en Sala Superior. Inconformes con la resolución dictada por la Sala Regional Especializada dentro del expediente número SRE-PSC-14/2015 de fecha seis de febrero de 2015, los partidos políticos nacionales MORENA y de la Revolución Democrática, por conducto de su respectivo representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como el senador Javier Corral Jurado, en su carácter de Consejero del Poder Legislativo por el Partido Acción Nacional ante el mencionado Consejo General, promovieron sendos recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, mismos que fueron radicados bajo los números SUP-REP-57/2015, SUP-REP-58/2015 y SUP-REP-59/2015 y resueltos en fecha 12 doce de marzo de 2015 dos mil quince, en el sentido de revocar la resolución del expediente SRE-PSC-14/2015, a fin de que dictara una nueva en la que reindividualizara la sanción, toda vez que se acreditó que entre la propaganda denunciada existía identidad entre sus elementos esenciales con respecto de la referente a los informes legislativos.

Los argumentos planteados por la Sala Superior en el particular fueron:

En el caso, esta Sala Superior advierte que la propaganda denunciada guarda identidad con el contenido de publicidad que ha sido objeto de análisis por este órgano jurisdiccional previamente (SUP-REP-19/2014, SUP-REP-21/2015 y SUP-REP-76/2015), cuyos elementos comunes son los temas denominados "el que contamina paga y repara el daño", "no más cuotas obligatorias en escuelas públicas", "cadena perpetua a secuestradores", además de las leyendas "sí cumple", "ley aprobada" la frase "Verde sí Cumple", los cuales en diversos momentos han sido declarados ilegales.

Dichos elementos han sido característicos de la estrategia publicitaria del partido, ya que independientemente del medio en que se difundan o el sujeto que la contrate la identifique y permiten advertir una sistematicidad en la misma.

En ese sentido, para este órgano jurisdiccional es claro que en la propaganda denunciada existe identidad en cuanto a sus elementos esenciales con la que ha sido previamente denunciada y analizada respecto del Partido Verde Ecologista de México, por lo que la misma se debe estudiar en el contexto de una estrategia integral y sistemática a través de la cual el instituto político denunciado ha buscado posicionarse de manera indebida frente a la ciudadana, publicidad que estudiada integral y conjuntamente genera un uso abusivo de los medios de comunicación social, eludiendo con ella restricciones legales que trastocan los valores protegidos por el artículo 41 de la Constitución Federal.

Lo anterior, ya que desde septiembre de dos mil catorce y hasta enero de dos mil quince, por lo menos, según consta en autos, el Partido Verde Ecologista de México ha llevado a cabo una campaña reiterada y constante de publicidad, a través de diferentes medios de comunicación social, que busca favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida, ya que implica una conducta irregular y sistemática contraria al modelo de comunicación previsto en el artículo 41 constitucional.


DÉCIMO SEXTO. Procedimiento oficioso por incumplimiento de cautelares de cineminutos y propaganda fija. Por otro lado, en fecha 6 seis de marzo de 2015 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió el procedimiento oficioso número UT/SCG/Q/CG/3/PEF/18/2015, instaurado contra el Partido Verde Ecologista de México por el incumplimiento del Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del referido Instituto número ACQyD-INE-54/2014 de fecha 31 treinta y uno de diciembre de 2014, determinando en el acuerdo INE/CG83/2015 lo siguiente:

R E S U E L V E

PRIMERO. Es fundado el procedimiento ordinario sancionador instaurado contra el Partido Verde Ecologista de México, Cadena Mexicana de Exhibición, S.A. de C.V. y Cinépolis de México S.A. de C.V., en términos del Considerando Quinto.

[…]


QUINTO. Se impone al Partido Verde Ecologista de México una sanción consistente en la reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar el equivalente a la cantidad de $67,112,123.52 (sesenta y siete millones ciento doce mil ciento veintitrés pesos 52/100 M.N.) por las razones expuestas en el Considerando Sexto.

[…]

Cabe destacar que en sesión pública de resolución de fecha 13 trece de mayo de 2015, fueron resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral los recursos de apelación número SUP-RAP-94/2015 y sus acumulados, mediante los cuales se confirmó en sus términos la resolución de este Consejo General dentro del expediente en cita, por lo que a la fecha dicha resolución se encuentra firme y en calidad de cosa juzgada.


DÉCIMO SÉPTIMO. Propaganda fija, en cine, en pósters y en pauta del PVEM y distribución de papel grado alimenticio para envolver tortillas. Los días 5, 7 y 22 de febrero de 2015 los partidos políticos MORENA, de la Revolución Democrática y el C. Eduardo Lorenzo Lliteras Sentíes, presentaron escritos de queja en contra del Partido Verde Ecologista de México por la distribución de artículos promocionales como posters y papel grado alimenticio para envolver tortillas, así como diversa propaganda fija, en cine y en la pauta del partido, alusiva a las campañas "PROPUESTAS CUMPLIDAS" y "EL PARTIDO VERDE CUMPLE LO QUE PROPONE" las cuales se radicaron en los números de expedientes UTSCG/PE/MORENA/CG/27/PEF/71/2015, UT/SCG/PE/PRD/CG/28/PEF/72/2015 y UT/SCG/PE/ELLS/JL/YUC/50/PEF/94/2015.

En fecha 3 tres de marzo de 2015, la Sala Regional Especializada resolvió el fondo de los anteriores asuntos tramitados en el expediente SRE-PSC-26/2015, misma sentencia que fue revocada para efectos de reindividualizar la sanción, al considerarse como una falta grave dentro de los recursos de revisión SUP-REP-94/2015 y acumulados. En fecha 17 de abril de 2015 fue acatada por la Sala Regional Especializada imponiéndose la sanción de reducción de ministración mensual al partido denunciado hasta alcanzar el monto de $5,411,840.76

DÉCIMO OCTAVO. Informes legislativos 2ª etapa, Vales de Medicina y distribución de lentes graduados. En fechas 13, 16, 20, 21, 26, 29 de febrero y 3 de marzo de 2015 presentaron escritos de queja los Partidos Acción Nacional, MORENA, de la Revolución Democrática, Encuentro Social, del Trabajo, así como el Senador Javier Corral Jurado en su calidad de Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional que se radicaron con los números de expedientes: UT/SCG/PE/PAN/CG/34/PEF/78/2015, UT/SCG/PE/MORENA/CG/39/PEF/83/2015, UT/SCG/PE/PAN/CG/40/PEF/84/2015, UT/SCG/PE/PRD/CG/42/PEF/86/2015, UT/SCG/PE/ES/CG/45/PEF/89/2015, UT/SCG/PE/JCJ/CG/46/PEF/90/2015, UT/SCG/PE/PT/CG/47/PEF/91/2015,  UT/SCG/PE/PAN/CG/48/PEF/92/2015, UT/SCG/PE/PRD/CG/55/PEF/99/2015, UT/SCG/PE/ES/JD03/QR/58/PEF/102/2015, UT/SCG/PE/ABG/JD08/TAM/59/PEF/103/2015, UT/SCG/PE/ES/JL/QR/60/PEF/104/2015, UT/SCG/PE/ES/JD01/QR/64/PEF/108/2015 en contra del Partido Verde Ecologista de México, por la vulneración a la normativa electoral que puso en riesgo el principio de equidad en razón de: La "sobreexposición" de dicho instituto político, derivado de la utilización de elementos o contenidos semejantes entre sus promocionales "Vales de medicinas Vers. Ninfa Salinas", en sus dos versiones, "Carlos Puente Vocero 2", "Carlos Puente versión radio" y "Cumple lo que promete V02", así como propaganda fija, móvil y en Internet1; y la ventaja indebida que obtiene a partir de confundir al electorado al hacer pasar como propio el programa social de vales de medicina; y la distribución de lentes graduados gratuitos.

Dichos expedientes fueron resueltos por la Sala Regional Especializada dentro de la resolución SRE-PSC-32/2015 y su acumulado SRE-PSC-33/2015, imponiéndose una sanción consistente en:

[…]

SEGUNDO. Se acredita la infracción a la normativa electoral, porque se puso en riesgo el principio de equidad por la sobreexposición ilegal de manera reiterada y sistemática en diversos estados del territorio nacional, así como por la apropiación indebida de un programa social, por parte del Partido Verde Ecologista de México, de la Senadora Ninfa Salinas Sada y del Senador Carlos Alberto Puente Salas, con motivo de la difusión de la propaganda analizada en esta sentencia.

TERCERO. Se acredita la infracción relativa al uso indebido de la pauta, por incluir en su propaganda una apropiación indebida de programas sociales, así como por la entrega de beneficios por medio de interpósita persona, a través de los lentes gratuitos de graduación, por parte del Partido Verde Ecologista de México, en los términos de la presente sentencia.

CUARTO. Se impone al Partido Verde Ecologista de México una sanción consistente en la reducción de ministración mensual por la cantidad de $6,268,362.42 (seis millones doscientos sesenta y ocho mil trescientos sesenta y dos pesos 42/100 M.N.)

[…]


DÉCIMO NOVENO. Distribución de tarjetas Premia Platino Verde. El seis de marzo, el Partido de la Revolución Democrática, a través de su representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lic. Pablo Gómez Álvarez, presentó queja ante el INE en contra del PVEM, por la supuesta producción y distribución en domicilios de ciudadanos, de la propaganda denominada Tarjetas PREMIA PLATINO, conducta que a su parecer pudiera producir un incumplimiento a lo dispuesto en la normativa electoral; dicha queja fue admitida el siete de marzo y se registró con el número UT/SCG/PE/PRD/CG/71/PEF/115/2015.

Los días doce, trece, dieciséis y veinte de marzo, los partidos Acción Nacional, MORENA, de la Revolución Democrática, Javier Corral Jurado así como diversos ciudadanos, presentaron diversas quejas en contra del PVEM, con motivo de la supuesta distribución en domicilios de ciudadanos, de la propaganda consistente en Tarjetas PREMIA PLATINO, al estimar que incumplía lo dispuesto en la normativa electoral; dichas quejas se registraron con los números UT/SCG/PE/SBH/JD22/DF/87/PEF/131/2015, UT/SCG/PE/PAN/CG/88/PEF/132/2015, UT/SCG/PE/JCJ/CG/89/PEF/133/2015, UT/SCG/PE/MORENA/JD12/VER/93/PEF/137/2015 y UT/SCG/PE/HMF/CG/103/PEF/147/2015 y se acumularon al diverso expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/71/PEF/115/2015.

En fecha 27 de marzo de 2015, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral resolvió las denuncias antes mencionadas al emitir la resolución número SRE-PSC-46/2015 bajo los siguientes puntos:

PRIMERO. Se acreditan por la producción y distribución de las tarjetas de descuento PREMIA PLATINO, las infracciones a la normativa electoral imputadas al Partido Verde Ecologista de México, relativas a la entrega de artículos promocionales que implican un beneficio directo, inmediato y en especie para quienes los reciben, y la continuación de una campaña sistemática e integral que afectó el modelo de comunicación social.

SEGUNDO. No se acreditan las infracciones relativas a la distribución de artículos promocionales utilitarios elaborados con material no permitido y actos anticipados de campaña.

TERCERO. Se impone, al Partido Verde Ecologista de México con motivo de la distribución de la Tarjetas de descuento PREMIA PLATINO, en domicilios de ciudadanos, una sanción consistente en la reducción del treinta por ciento de una ministración mensual de actividades ordinarias, esto es, la suma de $3,930,497.84 (tres millones novecientos treinta mil cuatrocientos noventa y siete pesos 84/100 M.N.).

CUARTO. Se vincula a las personas morales Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. y Multiservicios de Excelencia RQ, S.C., al cumplimiento de la presente resolución, en los términos precisados en la misma.


VIGÉSIMO. Inserciones en revistas y spots de intercampaña sobreexposición. El siete y ocho de marzo de dos mil quince, Javier Corral Jurado en su carácter de Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y Horacio Duarte Olivares, representante de Morena ante ese órgano, presentaron sus respectivas denuncias ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto, en contra de Carlos Alberto Puente Salas y el Partido Verde Ecologista de México, por considerar que realizó promoción personalizada del servidor público, posible afectación al modelo de comunicación política y actos anticipados de campaña, en inobservancia al artículos 41, Base III apartado A, 134, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el diez de marzo, Morena presentó, en alcance, una segunda denuncia en contra del citado partido político por la difusión en revistas de inserciones relativas a la propaganda política "verde si cumple" en sus diversas versiones

El ocho y nueve de marzo, la Unidad Técnica acordó, por separado, la radicación y admisión de las denuncias, mismas que se registraron con las claves UT/SCG/PE/JCJ/CG/72/PEF/116/2015 y UT/SCG/PE/MORENA/CG/73/PEF/117/2015, respectivamente; ordenó realizar diligencias necesarias para esclarecer los hechos materia de las inconformidades planteadas y se reservó el emplazamiento.

De los anteriores procedimientos, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral tomó conocimiento emitiendo la resolución número SRE-PSC-53/2015 en fecha 9 nueve de abril de 2015 bajo los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. Tuvo verificativo la inobservancia a la normativa electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México, por la vulneración al modelo de comunicación política al difundir la campaña sistemática, reiterada y continua bajo los slogan "verde sí cumple", "propuesta cumplida", "cumple lo que promete", con sus diversas temáticas, en los medios comisivos descritos, acorde a los términos precisados en esta sentencia.

SEGUNDO. Tuvo verificativo la inobservancia a la normativa electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México por la utilización indebida del programa social "vales de medicina" a través de propaganda política difundida en cuatro revistas y mensajes de texto, en los términos precisados en esta sentencia.

TERCERO. Son inexistentes las infracciones atribuidas al Partido Verde Ecologista de México, consistentes en la realización de actos anticipados de campaña en radio y televisión, en los términos precisados en esta sentencia.

[…]

SEXTO. Se impone al Partido Verde Ecologista de México una sanción consistente en la reducción de hasta el 25% (veinticinco por ciento) de la ministración del financiamiento público ordinario, que equivale a la cantidad de $2,869,235.84 (dos millones ochocientos sesenta y nueve mil doscientos treinta y cinco pesos y ochenta y cuatro centavos M.N.), misma que deberá hacerse efectiva a partir del mes siguiente a que cause ejecutoria esta sentencia.


VIGÉSIMO PRIMERO. Spots de intercampaña sobreexposición. El nueve de marzo, el Consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral Senador Javier Corral Jurado, presentó queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra del Partido Verde Ecologista de México por alterar el modelo de comunicación política al continuar con una campaña de sobreexposición sistemática e integral durante el proceso electoral federal en curso, con la difusión de los promocionales “4 Logros versión Cumple lo que propone intercampaña”. Dicha queja fue radicada bajo el número de expediente UT/SCG/PE/JCJ/CG/76/PEF/120/2015 y resuelta por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral en fecha 2 dos de abril de 2015, dentro de la resolución número SRE-PSC-50/2015, bajo los siguientes puntos:

PRIMERO. Se actualiza la cosa juzgada, respecto al estudio de los promocionales Campaña Genérico y Cumple lo que promete versión 02 precampaña.

SEGUNDO. No se acredita la infracción relativa a la realización de actos anticipados de campaña por parte del Partido Verde Ecologista de México con motivo de la transmisión del promocional 4 LOGROS VERSIÓN CUMPLE LO QUE PROPONE VERSIÓN INTERCAMPAÑA.

TERCERO. Se acredita la conducta del Partido Verde Ecologista de México, relativa a la alteración del modelo de comunicación política realizando una sobreexposición ilegal de manera reiterada y sistemática, con motivo de la difusión del promocional 4 Logros versión Cumple lo que propone intercampaña.

CUARTO. Se impone, al Partido Verde Ecologista de México, por alterar el modelo de comunicación política y llevar a cabo una sobreexposición ilegal de manera integral y sistemática, una sanción consistente en la reducción del veinticinco por ciento de una ministración mensual de actividades ordinarias, esto es, la suma de$2,930,283.47 (dos millones novecientos treinta mil doscientos ochenta y tres pesos 47/100 M.N.).


VIGÉSIMO SEGUNDO. Distribución de propaganda en material no reciclable y no biodegradable. El dieciséis de marzo, el representante propietario de MORENA ante el 12 Consejo Distrital del INE en Veracruz, presentó escrito de demanda contra el Partido Verde Ecologista de México por los mismos hechos señalados en el numeral inmediato anterior radicándose el expediente número UT/SCG/PE/MORENA/CG/105/PEF/149/2015; mismo que fue resuelto por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral en fecha 2 dos de abril de 2015, dentro del expediente número SRE-PSC-049/2015, bajo los siguientes puntos:

PRIMERO. Se actualiza la cosa juzgada, respecto a la sobreexposición que alteró el modelo de comunicación política en que ha incurrido el Partido Verde Ecologista de México con motivo de la distribución de calendarios dos mil quince con su emblema.

SEGUNDO. No se acredita que la infracción relativa a que a los calendarios dos mil quince con el logotipo del Partido Verde Ecologista de México, sean artículos promocionales utilitarios que implican un beneficio directo, inmediato y en especie para quienes los reciben que deban ser elaborados en material textil

TERCERO. Se acredita, con motivo de los calendarios dos mil quince con el logotipo del partido, la infracción a la normativa electoral imputada al Partido Verde Ecologista de México, relativa a la elaboración y distribución de propaganda electoral impresa en material que no es biodegradable o reciclable.

CUARTO. Se impone al Partido Verde Ecologista de México con motivo de la elaboración y distribución de propaganda electoral impresa en material que no es biodegradable o reciclable, una sanción consistente en la reducción del diez por ciento de una ministración mensual de actividades ordinarias, esto es, la suma de$1,181,963.08 (un millón ciento ochenta y un mil novecientos sesenta y tres pesos 08/100 M.N.).


VIGÉSIMO TERCERO. Distribución de boletos de cine, spots intercampaña sobreexposición y mensajes SMS para descarga de ´Mi primer libro de Ecología’. Con fecha cinco de abril de 2015 el representante de MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó una queja en contra del Partido Verde Ecologista de México, por: i) la supuesta violación al modelo de comunicación política, derivado de la transmisión de diversos promocionales en radio y televisión denominados “empleo” y “salud”; ii) la presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos de Carlos Alberto Puente Salas, a través de la difusión de los promocionales pautados en radio y televisión denominados “empleo” y “salud”, identificados con la claves RA00750-15, RA00751-15, RV00562-15 y RV00564-15; iii) la entrega de boletos para asistir a funciones en salas de cine del complejo CINEMEX; y iv) la entrega a través del sistema de mensajes de telefonía celular “SMS” del libro electrónico denominado “Mi primer libro de ecología”.

Radicándose el expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/132/PEF/176/2015, al que posteriormente se acumularon las denuncias con los números de expediente UT/SCG/PE/MORENA/JD38/MEX/163/PEF/207/2015, UT/SCG/Q/JCJ/CG/56/PEF/71/2015.


En fecha 1 de mayo de 2015, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el expediente SRE-PSC-77/2015 determinando:

PRIMERO. Es existente la infracción atribuida al Partido Verde Ecologista de México, por lo que hace a la entrega de boletos para asistir a funciones en salas de cine del complejo CINEMEX.

SEGUNDO. En consecuencia se le impone una sanción consistente en una reducción del cuarenta y cinco por ciento de su ministración mensual de actividades ordinarias, lo que equivale a la cantidad de $5,052,629.79 (cinco millones cincuenta y dos mil seiscientos veintinueve pesos 79/100 M.N.).

TERCERO. Son inexistentes las infracciones atribuidas al Partido Verde Ecologista de México, relativas a la violación al modelo de comunicación política, actos anticipados de campaña y por la difusión del libro electrónico.

CUARTO. Son inexistentes las infracciones atribuidas al Senador Carlos Alberto Puentes Salas, Operadora de Cinemas, S.A. de C.V. y Héctor Guillermo Smith Mac Donald González.


VIGÉSIMO CUARTO. Distribución de kits escolares. El nueve de abril de dos mil quince, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el escrito de queja signado por el representante del Partido Acción Nacional ante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del cual hizo de su conocimiento hechos que podrían constituir violaciones a la normativa electoral federal, derivado de la presunta repartición ilegal de un “Kit Escolar” por parte del

Partido Verde Ecologista de México. En dicho ocurso, se solicitó igualmente la adopción de medidas cautelares.

En la misma fecha, se recibió diversa queja signada por Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, derivado de la presunta repartición que realizó el Partido Verde Ecologista de México del citado “Kit Escolar”, así como de boletos para funciones de cine.

En fecha 12 doce de abril de 2015, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo número ACQyD-INE-85/2015 determinando:

PRIMERO. Se declara procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas, a efecto de que se suspenda la distribución de los artículos promocionales utilitarios, materia del presente procedimiento de conformidad con los argumentos esgrimidos en el TERCERO considerando.

SEGUNDO. Se ordena al Partido Verde Ecologista de México realice todas las acciones necesarias para que en un término que no podrá exceder de las VEINTICUATRO HORAS a partir de la legal notificación del presente proveído, suspenda la difusión de los artículos señalados en el acuerdo PRIMERO, de la presente resolución, teniendo que enviar a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, los documentos y pruebas que amparen las acciones tomadas por dicho instituto político a fin de cumplir con el presente, en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al cumplimiento que este acuerdo.

TERCERO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que realice de inmediato las acciones necesarias tendentes a notificar la presente determinación.



VIGÉSIMO QUINTO. Resolución del expediente INE/Q-COF-UTF/66/2015. Derivado de los escritos de queja presentados por los partidos políticos de la Revolución Democrática y MORENA en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se integraron los expedientes números INE/Q-COF-UTF/03/2015 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/20/2015 que fueron escindidos en parte e integrados en el diverso INE/Q-COF-UTF/66/2015, este Consejo General resolvió, en sesión extraordinaria de fecha 13 trece de mayo de 2015, imponer sanción al Partido Verde Ecologista de México al haberse acreditado que había recibido aportaciones en especie de personas prohibidas, como lo es un órgano de gobierno, al haberse determinado como aportación de los grupos parlamentarios de dicho partido en las cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, la transmisión de mensajes comprados por éstos para la difusión de la campaña denominada ‘Verde sí cumple’ en su modalidad de ‘informes legislativos’ desde el mes de octubre de 2014 hasta el mes de marzo de 2015.

Por virtud de lo anterior, este consejo determinó lo siguiente:

RESUELVE


PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento sancionador electoral, instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución.

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en los Considerandos 4 y 5, se impone al Partido Verde Ecologista de México una reducción del 40% (cuarenta por ciento) de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar el equivalente a la cantidad de $322,455,711.06 (trescientos veintidós millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos once pesos 06/100 M.N.).



VIGÉSIMO SEXTO. Petición ciudadana #QuitenRegistroAlVerde. En fecha 29 veintinueve de abril de 2015 diversos ciudadanos, entre ellos los CC. Sergio Aguayo Quezada, Miriam Morales Sanhueza, Marcela Azuela Gómez, Carlos Alberto Serdán Rosales, María Esther Azuela Gómez, Aleida Calleja Gutiérrez, Mario Arriagada Cuadriello, Ximena Ramos Pedroza Ceballos, Ana Eugenia López Rico, Luis González Plascencia, Mony Sacha de Swaan Addati, Juan Fernando Ibarra del Cueto, Paulina Arriaga Carrasco, Alfredo Lecona Martínez, Carlos Alberto Brito Ocampo, Denise Eugenia Dresser Guerra, Eduardo Huchim May, María Santos Villarreal, Martha Tagle, Mónica Tapia Álvarez, Alfredo Figueroa Fernández, presentaron ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral escrito de solicitud por medio del cual realizan una petición a dicho Instituto, a fin de que éste determine la pérdida del Registro del Partido Verde Ecologista de México como Partido Político manifestando entre otras las siguientes circunstancias:

  • Que la petición para que las Autoridades Electorales determinen la pérdida y/o cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de México no está al margen de sus facultades, ni es desproporcionada, ni mucho menos contraria a la democracia. Al contrario, busca preservar la equidad ante violaciones graves y sistemáticas con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 párrafos uno al tres; 8; 35 fracción V; 41 segundo párrafo, Base I, párrafos uno y dos, Base II, párrafos uno y tres, Base III, apartado A), párrafos dos y tres; y 134, párrafos siete y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 54, párrafo 1, incisos a) y f); 94, párrafo1, inciso e) y 95 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos y en lo establecido en los artículos 209, párrafos 2, 3, 4 y 5; 242, párrafo 5; 442, párrafo 1, incisos a), f) e i); 443, párrafo 1, incisos a), b), c), e), h), i) y l); 449, párrafo 1, incisos c), e) y f); 452, párrafo 1, incisos a), b), y e) y 456 párrafo 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[11]:

  • Que su petición consiste en que se inicie de inmediato el procedimiento a que hacen referencia los artículos 94, párrafo 1, inciso e) y 95, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos y se resuelva: La pérdida del registro al Partido Verde Ecologista de México por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de las Leyes en materia electoral en el marco de los comicios de 2015.

  • Que en opinión de los solicitantes, el análisis integral de las conductas ilegales de este partido, pondrá de manifiesto la existencia de una estrategia dolosa, sistemática, reiterada y como hemos dicho, de una extraordinaria gravedad, que habrá de permitir al Consejo General y en su caso a la Sala Superior, juzgar desde una perspectiva mucho más amplia, la importancia de su resolución, a la luz de los efectos que derivarían al permitir que el PVEM conserve su registro y participe en las elecciones a celebrarse el 7 de junio próximo.

A dicha petición se adjuntaron 139,432 (Ciento treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos) firmas de ciudadanos, recabadas a través de la plataforma denominada ‘Change.org’ en el apartado #QuitenRegistroAlVerde en medio magnético, señalando que los mismos signaban igualmente la petición formulada que aquí se describe, misma que suscribieron en sus términos. Al día 15 de mayo de 2015 se tienen registradas 150,511 firmas de ciudadanos que apoyan la petición.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Motivación. En un estado democrático de derecho, la vigencia y observancia de los principios que rigen la función electoral es fundamental para el desarrollo y consolidación de la vida democrática y el ejercicio pleno de los derechos de los fundamentales de las personas.

En el sistema jurídico mexicano, los principios constitucionales y legales en materia electoral han sido definidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo anterior porque “los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran los principios que toda elección debe contener para que se pueda considerar como válida. En el artículo 39 se establece, en lo que importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; el artículo 41, párrafo segundo, establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; en el artículo 99 se señala que todos los actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por su parte, el artículo 116 establece, en lo que importa, que las constituciones y leyes de los estados garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los estados se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que serán principios rectores de las autoridades estatales electorales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. De las disposiciones referidas se puede desprender cuáles son los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. La observancia de estos principios en un proceso electoral se traducirá en el cumplimiento de los preceptos constitucionales antes mencionados.”1


En las disposiciones citadas se expone cuáles son los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes electorales, que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables.

Dichos principio son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezcan los recursos públicos sobre los de origen privado; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principio rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social y el respecto al modelo de comunicación política, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Se debe tener presente que para que realmente el ciudadano esté en aptitud de ejercer el sufragio con libertad, se requiere que en la organización de las elecciones se dé a los contendientes políticos un margen de equidad en aspectos tales, como el acceso a los medios de comunicación, en el caso se destaca el respecto a las reglas constituciones del modelo de comunicación política.

Si se garantiza ese margen de equidad entre los distintos partidos y candidatos que participan en las elecciones, quedará asegurado también, que el elector tendrá varias opciones entre las cuales podrá escoger realmente, con absoluta libertad, la que más se apegue a su convicción política y no será víctima de inducciones provenientes del hecho de que, por ejemplo, en la inequidad en el acceso a medios de comunicación con que cuenten partidos políticos y candidatos, se haga incurrir en error al ciudadano, de modo que éste piense que no tiene otras alternativas más que la resultante de la saturación publicitaria de quien ha contado ampliamente con ventaja de esos medios de comunicación, lo cual afecta desde luego, esa libertad que debe tener el elector al ejercer el derecho al sufragio.

Ahora bien, el principio de equidad está presente en el respeto del modelo de comunicación política previsto en el artículo 41 de la Constitución General, pues es de derecho explorado que, en la actualidad, los partidos políticos tienen plena conciencia de la importancia de ganar presencia ante la opinión pública y saben que los medios de comunicación, sobre todo la televisión y la radio, constituyen la vía más rápida para llegar a los electores, es por ello que el respeto pleno a las reglas constitucionales en esa materia constituyen un elemento fundamental para la plena vigencia del estado democrático de derecho.

Al respecto, la doctrina se refiere también a esta situación, por ejemplo, en la obra "Homo videns. La sociedad teledirigida", editorial Taurus, 1998, página 66, al analizar la definición sobre democracia, según la cual, ésta es un gobierno de opinión, Giovanni Sartori dice que: "... esta definición se adapta perfectamente a la aparición de la video-política. Actualmente, el pueblo soberano `opina´ sobre todo en función de cómo la televisión le induce a opinar. Y en el hecho de conducir la opinión, el poder de la imagen se coloca en el centro de todos los procesos de la política contemporánea.- Para empezar, la televisión condiciona fuertemente el proceso electoral,... bien en su modo de plantear la batalla electoral, o en la forma de ayudar a vencer al vencedor."

En estas circunstancias, si como quedó demostrado el Partido Verde Ecologista de México en el proceso electoral en curso, ha venido vulnerado en forma grave y sistemática las normas constitucionales del modelo citado.

El principio de equidad en la materia electoral está vinculado con el modelo de financiamiento para el desarrollo de las actividades y fines de los partidos políticos. Como se sabe, los partidos políticos tiene derecho a las prerrogativas que, en vía de financiamiento público reciben por parte del Estado a través de los órganos electorales, el nacional y los locales en las entidades federativas, pero además, el sistema jurídico mexicano prevé como principio de ese modelo, que el financiamiento público impere por encima del financiamiento privado. Aunado a lo anterior, la ley electoral dispone la restricción para que personas morales de carácter mercantil puedan realizar aportaciones a los partidos políticos o candidatos.

El modelo de financiamiento de los partidos políticos y candidatos restringe que los entes públicos del Estado, entre ellos los grupos parlamentarios de los partidos políticos en las Cámaras del Congreso de la Unión realicen aportaciones económicas o en especie. Tal restricción está vinculada con el respeto irrestricto al principio de imparcialidad. En el caso concreto, ha quedado acreditado que el Partido Verde Ecologista de México ha vulnerado el principio de equidad en el modelo de financiamiento, pues ha obtenido recursos de un poder público a través de sus grupos parlamentarios en las Cámaras del Congreso de la Unión. Dicha infracción es una falta grave a la normativa electoral pues está vinculada a una conducta dolosa para alterar el modelo de comunicación política al obtener una ventaja indebida, pues dicha infracción trajo la sobreexposición, en radio y televisión del Partido Verde Ecologista de México, en relación con los demás partidos políticos, tal y como lo ha resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas sentencias, de las que se ha dado cuenta en el presente acuerdo.

Que el sistema jurídico mexicano contempla que los partidos políticos son entidades de interés público que, como asociaciones de ciudadanos, tienen como finalidad participar en la integración de la representación nacional, lo anterior a través del respeto a las reglas del Estado de Derecho Democrático.

De igual manera, en el sistema jurídico mexicano se establecen reglas para que los partidos políticos obtengan su registro ante el Instituto Nacional Electoral o en su caso, ante los organismos públicos locales en materia electoral en las Entidades Federativas

El régimen legal electoral establece una serie de derechos y obligaciones para los partidos políticos y sus militantes, los cuales deberán ser acordes al principio de legalidad.

En efecto, los partidos políticos al ser sujetos de derechos y obligaciones, pero además al estar reconocidos como entidades de interés público, están sujetas al régimen jurídico de las entidades públicas, los cuales invariablemente están compelidos a los principios que rigen la función electoral

Ahora bien, de conformidad con la Ley General del Partidos Políticos, en su artículo 25 establece con precisión las obligaciones a que están sujetos los institutos políticos, bajo esa tesitura, los artículos 443 y 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen cuáles son las infracciones que los partidos políticos podrían cometer y sus respectivas sanciones, dentro de las cuales se prevé la cancelación del registro como partido político.

Ahora bien, el artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, establece que un partido político pierde su registro por “incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral”, esto es que dicha disposición establece que deberá ser el Consejo General quien determine si a su juicio se han vulnerado las obligaciones a que están sujeto un partido político en el sistema jurídico mexicano, para determinar si un instituto político pierde su registro.

De igual manera, el artículo 95, párrafo 1 y 2, de la Ley General de Partidos Políticos, dispone dos supuestos para la pérdida de registro de los partidos políticos; en el párrafo 1 se refiere a los incisos a) al c) del párrafo 1 del artículo 94, que tiene que ver con la participación de los partidos políticos en los procesos electorales y su resultados, dicho supuesto está mandatado para que sea la Junta General Ejecutiva, quien realice el dictamen, sin embargo en el caso del párrafo 2 del artículo 95, la ley mandata al Consejo General del Instituto, para que sea dicho órgano colegiado, quien resuelva, fundando y motivando, la perdida de registro por las causa previstas en los incisos d) al g), del párrafo 9 del artículo 22, y e) al g) del párrafo 1 del artículo 94, de la Ley General de Partidos Políticos.

Ahora bien, es importante distinguir entre la pérdida a que se refiere la Ley General de Partido Políticos y de cancelación a la que se refiere la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, previstos en la normatividad electoral, pues de una interpretación gramatical, sistemática y funcional, se desprende que la cancelación está prevista como sanción a un tipo de conducta establecido en la ley, mientras que la pérdida obedece a un hecho o circunstancia diversa que el Legislador no previó fueran atendidas expresamente por la misma vía, pues mientras para la cancelación se establecen conductas expresamente calificadas como graves y reiteradas, en relación especialmente a aspectos vinculados a la fiscalización, el dispositivo de la Ley General de Partidos Políticos permite hacer una valoración integral de conductas sistemáticas, cuya acepción es diversa a la de reiteración, pues la sistematicidad corresponde a una cualidad que, de conjunto, se ajusta a un orden y a un fin específico, en cambio, la reiteración debe ser equiparada a la reincidencia respecto de una misma conducta. En la sistematicidad existen pluralidad de conductas y momentos, coordinación y medios comisivos distintos y un elemento teleológico.

Al respecto, tomando en consideración que el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos señala que una de las causas por las que un partido político puede perder el registro es por:

[…]

e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral

Entonces, lo importante a dilucidar en el proyecto de acuerdo que se propone es la violación grave y sistemática a la obligaciones que está sujeto el Partido Verde Ecologista de México, lo anterior tomando en consideración que como entidad de interés público está compelida a respetar en forma irrestricta las reglas del Estado Democrático de Derecho.

Al respecto, conviene traer a cuenta algunas sentencias del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación en las que se estudia la sistematicidad conductas desplegadas por partidos políticos que ha vulnerado la normativa electoral.

SUP-RAP-98-2003

Uno de los antecedentes más remotos en donde se estudió la sistematicidad, pero, a la vez, el único en donde se hace un análisis puntual sobre los elementos que conforman un sistema, fue en el caso conocido como “Los amigos de Fox”. En dicho caso, identificado con la clave SUP-RAP-98-2003, el TEPJF resolvió lo siguiente:

“En estas condiciones, es dable establecer la existencia de un sistema debidamente articulado y coordinado entre sí, que se desarrollaba de manera paralela e independiente a cualquiera de los esquemas de financiamiento de las campañas electorales que establece la constitución y la ley reglamentaria electoral federal, en el que confluyen los siguientes elementos:

  1. a) Coordinación. Existió una coordinación de las empresas ST & K, K-Beta y Grupo Alta Tecnología en Impresos, Instituto Internacional de Finanzas León, con Carlota y Laura, ambas de apellidos Robinson Kauachi, y de estas últimas con el Fideicomiso para la Democracia y el Desarrollo en México y la asociación civil denominada “Amigos de Vicente Fox, A.C.”.
  1. b) Uniformidad. Se trata de un sistema único, debidamente articulado entre sí, cuyos principales puntos de enlace lo constituyen las empresas manejadas financieramente por Lino Korrodi Cruz; el Instituto Internacional de Finanzas León, sociedad civil, representada por Luis Ernesto Derbez; las hermanas Laura y Carlota Robinson Kauachi, Edgar Cruz López, Amigos de Vicente Fox, asociación civil, por señalar los más destacados.
  1. c) Sistematización. Por lo general, la mecánica del sistema funcionaba mediante la intervención de diversas empresas, tales como ST & K de México, Grupo Alta Tecnología en Impresos y K-Beta, todas sociedades anónimas, así como de las sociedades civiles denominadas Instituto Internacional de Finanzas e Instituto Internacional de Finanzas León, quienes una vez que recibían recursos de personas físicas o morales, los transferían de manera fraccionada a Laura y Carlota Robinson, las que a su vez, inmediatamente, mediante la compra de cheques de caja, los transferían a las cuentas ya sea del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México o de Amigos de Vicente Fox, también, en ocasiones, mediante la expedición de cheques al portador o nominativos, realizaban pagos directamente a proveedores de la campaña o canalizaban los recursos a cuentas de los principales actores de la red de financiamiento, las cuentas receptoras del fideicomiso y de las asociaciones civiles a su vez, realizaban el gasto final de los recursos en los términos de su objeto, a saber, el financiamiento a las campaña de Vicente Fox Quesada.
  1. d) Objetivo o finalidad coincidente. El sistema de financiamiento paralelo en todo momento tenía como fin último el de financiar la campaña presidencial del candidato de la coalición Alianza por el Cambio.
  1. e) Paralelismo. El sistema de financiamiento de la campaña política electoral del candidato de la referida coalición en el año dos mil, funcionó de manera independiente y paralela al legalmente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que nunca se confundieron con los recursos erogados o administrados por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, que postularon a Vicente Fox Quesada, como su candidato para contender por la Presidencia de la República, no obstante que, la red de financiamiento converge en el mismo fin, esto es, la financiación de la campaña electoral de dicho candidato.
  1. f) Afectación General. Ese sistema paralelo atentó contra el conjunto general y sistemático de disposiciones electorales relativas al financiamiento y fiscalización, porque, como ya se refirió, a través de él, se recibieron aportaciones de personas que viven o trabajan en el extranjero; de personas morales mexicanas de carácter mercantil; de personas no identificadas; se rebasaron los límites en las aportaciones en dinero realizadas por personas físicas o morales y, se excedieron los topes de gastos de campaña, etcétera, sin que se tratara de actos aislados, sino vinculados entre sí, al existir conexión espacial y temporal, así como perseguir una misma finalidad, la promoción del candidato a la Presidencia de la República de la coalición Alianza por el Cambio, con lo cual se lesionó gravemente una parte fundamental del sistema democrático en un Estado Constitucional de Derecho, tendente a garantizar la transparencia en el origen y destino de los recursos obtenidos y erogados por un partido político, al poner en riesgo el principio de certeza que rige en la materia electoral y trasciende en perjuicio del principio de equidad en la contienda electoral. Lo anterior se esquematiza de la siguiente forma: […]
  1. g) Ocultamiento. Los recursos provenientes de las personas físicas o morales se fraccionaban de manera tal que, no resulta fácil la identificación de su flujo dentro del sistema financiero nacional, así una misma cantidad podía transferirse a través de la utilización de varios cheques, no obstante librarse a la misma persona y en las mismas fechas, o se transferían a través de transacciones efectuadas entre las diversas empresas y personas involucradas, de manera que, las aportaciones no llegaran directamente de los aportantes al fideicomiso o las asociaciones civiles creadas ex profeso para apoyar al candidato de Alianza por el Cambio, se usaban también cheques de caja a fin de dificultar la identificación del último eslabón de la cadena de flujo financiero.
  1. h) Beneficio. La utilización de tal esquema de financiamiento, al margen de la ley, reportó un beneficio directo a los partidos políticos integrantes de la coalición, en diferente grado y medida, pues con esos recursos, indudablemente, se realizaron múltiples actividades tendentes a favorecer la captación de votos para su candidato presidencial.”

SUP-RAP-0241-2008

Dentro del SUP-RAP-0241-2008, el entonces IFE había determinado en el acto reclamado correspondiente lo siguiente:

“[E]sta autoridad considera que las conductas desplegadas por el partido responsable se deben considerar como sistemáticas, sin que exista reiteración, ya que es dable afirmar la existencia de un conjunto de determinaciones (deliberaciones para la creación y orientación de actividades de la organización ciudadana denominada Convención Nacional Democrática y/o el Gobierno Legítimo de México, etc.) y mecanismos (instalación y mantenimiento de los campamentos instalados en Avenida Paseo de la Reforma desde el día treinta y uno de julio de dos mil seis hasta el día quince de septiembre del mismo año) dirigidos a materializar la infracción, es decir, con el propósito directo de obstaculizar la circulación vehicular en esa área geográfica, lo que tuvo como consecuencia la afectación al derecho a la seguridad no sólo de los ciudadanos que habitan en ese lugar sino de las propias personas que se instalaron y permanecieron en los campamentos.”

No obstante, al resolver el recurso correspondiente, TEPJF determinó que, contrario a lo señalado por el IFE, no se actualizaba la sistematicidad por los siguientes motivos:

Lo que en realidad se sostiene en el apartado sobre la conducta sistemática es que en la conducta atribuida al partido político infractor se observa: un conjunto de determinaciones (deliberaciones para la creación y orientación de actividades de la Convención Nacional Democrática y/o Gobierno Legítimo de México); mecanismos dirigidos a materializar la infracción (instalación y mantenimiento de los campamentos) con el propósito directo de obstaculizar la circulación vehicular en esa área geográfica, y la afectación al derecho de seguridad tanto de los ciudadanos que habitan en esa área como de los que instalaron y permanecieron en los campamentos.

Esto es, los dos primeros elementos señalados se refieren más bien a la intencionalidad de la conducta, y el último a la afectación del bien jurídico tutelado, por lo cual no pueden fundar lo sistemático de la infracción, de ahí que la motivación sobre este punto se considere indebida.

SUP-RAP-13/2012

En el SUP-RAP-13/2012, el TEPJF deja claro que un elemento indispensable y, a la vez, lógico, de la sistematicidad es que la conducta se haya llevado a cabo en repetidas ocasiones. Al respecto, determinó textualmente lo siguiente:

“Con respecto a la reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas, estimó que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada y mucho menos sistemática, puesto que de las pruebas que obran en autos, únicamente se tenía que la certeza de que la persona moral denominada Radiofónica California, Sociedad Anónima de Capital Variable realizó una aportación en especie al Partido Acción Nacional para la campaña electoral federal 2008-2009, en el Distrito I, de Quintana Roo¸ sin que existieran elementos que permitieran colegir que la conducta denunciada se hubiese cometido en diversas ocasiones; es decir, se afirmó categóricamente que la citada conducta no se llevó a cabo de manera sistemática.”

SUP-RAP-255/2012

En el SUP-RAP-255/2012, el TEPJF reiteró el requisito de que, para calificar como sistemática una violación es necesario que se realicen varias conductas y, además, añadió que el número alto de impactos, por sí solo, no vuelve sistemática una infracción. Textualmente determinó lo siguiente:

“Sin que sea óbice a lo anterior lo aducido por el apelante, en el sentido de que se trata de una irregularidad sistemática por el número de impactos, ya que este aspecto por sí solo, no torna reiterada o sistemática a la conducta singular, sino que atendiendo a las circunstancias de cada caso constituye un elemento adicional que se tendría que considerar para la calificación de la falta e individualización de la sanción, pero en manera alguna para tornar la irregularidad en reiterada y sistemática.

Los partidos políticos no presentaron una conducta reiterada, pues si bien la propaganda calificada de ilegal fue difundida a través de 239,397 impactos, lo cierto es que esa falta se cometió con base en una sola conducta, de manera que, ante la singularidad de la misma, resulta insostenible que pueda revestir el carácter de reiterada y sistemática.”

SRE-PSC-0032-2015

Finalmente, ya no la Sala Superior, pero sí la Sala Regional Especializada trató recientemente el tema. En el SRE-PSC-0032/2015 señaló textualmente lo siguiente:

“Posteriormente, en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-14/2015, esta Sala determinó que, dada la plena identidad, ahora entre la propaganda fija y los "cineminutos" denunciados en ese asunto, los hechos no constituyeron conductas aisladas, sino que guardaban una estrecha relación entre sí, generando una sobreexposición indebida del PVEM en el proceso electoral federal en curso, al tener un impacto en la equidad de la contienda.

[…]

Además, en este último caso se acreditó que la propaganda y los informes analizados en los procedimientos referidos en el párrafo inmediato anterior, además de guardar también identidad, tuvieron coincidencia y simultaneidad en el tiempo, lo que confirmó la exposición integral, permanente, sistemática y reiterada de la imagen de este partido político en contravención al citado principio de equidad. Por tanto, se actualizó la infracción a lo previsto en los artículos 41 de la Constitución Federal; 443, incisos a) y n), de la Ley General, en relación con el 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos.

[…]

En conclusión, a partir del marco jurisprudencial expuesto y, a manera de corolario, podrían enlistarse los siguientes elementos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tomado en cuenta para calificar la sistematicidad:

a) Elemento conductual

1. Pluralidad de conductas.

Si se presenta una sola conducta, entonces no puede haber sistematicidad.

2. Relación estrecha entre esas conductas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha utilizado los conceptos de coordinación, uniformidad e identidad de las conductas.

  1. b) Elemento temporal
    1. 1. Pluralidad de ocasiones

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que las conductas deben haberse cometido en diversos momentos.

2. Relación temporal entre las conductas

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha hecho referencia a la conexidad, coincidencia y simultaneidad de las conductas en el tiempo. Aquí, se entiende que hace referencia a que las conductas deben cometerse dentro de un mismo periodo.

c) Elemento comisivo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que puede verse la sistematicidad si las diversas conductas aparecen coincidente y simultáneamente en diversos medios (radio y televisión, propaganda fija, móvil, e internet).

d) Elemento teleológico.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que las diversas conductas deben perseguir un fin común, esto es, deben tener unidad teleológica (por ejemplo, la exposición o promoción de un candidato o partido)

e) Elemento fraudulento

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha hecho referencia a estructuras o mecanismos paralelos y al ocultamiento de conductas para, al final, obtener un beneficio.

Sentado lo anterior, cabe precisar que los hechos y procedimientos sancionadores acreditados en autos de diversos expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha referido con anterioridad, se demuestra cómo el Partido Verde Ecologista de México podría actualizar la hipótesis del artículo 94, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, debe instaurar el procedimiento a que se refiere el citado artículo 94 y el 95 de la misma ley, a fin de resolver la declaratoria de pérdida de registro del instituto político de referencia.

Las razones en que se sustenta lo anterior es que, el procedimiento regulado por los artículos mencionados de la Ley General de Partidos Políticos es distinto al de un Procedimiento Administrativo Sancionador, pues se pueden desprender de su interpretación sistemática y, para tal efecto y mayor claridad en el argumento, se inserta a continuación el contenido del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos:

Artículo 94.

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:
  1. a) No participar en un proceso electoral ordinario;
  1. b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local;
  1. c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido político nacional, o de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local, si participa coaligado;
  1. d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;
  1. e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral;
  1. f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos,    y
  1. g) Haberse fusionado con otro partido político.

Como se puede apreciar, la naturaleza jurídica de las siete causales contenidas en el artículo trasunto no es la de infracciones electorales o hipótesis típicas que deban ser sancionadas a través de algún procedimiento sancionador, pues es claro que, por ejemplo, los supuestos contenidos en los inciso f) y g), esto es, fusionarse o disolverse, no tienen carga alguna de antijuricidad que los haga merecedores de reproche punitivo alguno, por lo que la declaratoria de pérdida de registro que llegase a acordarse en base a esas causales no coincide, necesariamente, con la manifestación de la potestad sancionadora del Instituto Nacional Electoral que se expresa mediante un procedimiento sancionador.

Además. el inciso e) que en que se sustenta el presente acuerdo comparte esta característica ya que, aunque —en lo individual— el incumplimiento de obligaciones al que alude el mismo podrían traducirse en hipótesis típicas, la hipótesis global que supone el inciso en sí, no comparte esta naturaleza, pues también aquí debe emitirse una declaratoria de pérdida de registro y no una sentencia (naturaleza jurídica en la que al final se traduce la resolución que resuelve un procedimiento sancionador) que imponga sanción de pérdida de registro.

Ahora bien, en la parte que interesa, el artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos señala textualmente lo siguiente:

Artículo 95.

  1. 1. Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del párrafo 1 del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el Diario Oficial de la Federación.

  1. 2. En los casos a que se refieren los incisos d) al g), del párrafo 9 del artículo 22, y e) al g) del párrafo 1 del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. No podrá resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos e) y f) del párrafo 9 del artículo 22 y d) y e) del párrafo 1 del artículo anterior, sin que previamente se oiga en defensa a la agrupación política o al partido político interesado.

[…]


Por lo anterior, y conformidad con el artículo 44, párrafo 1 inciso m), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, determina que el Consejo General del Instituto cuenta con la atribución de para resolver sobre el registro y pérdida del mismo de los partidos políticos, por lo que es precisamente a dicho Consejo General que le corresponde atender el procedimiento por medio del cual se desarrolle el proyecto de resolución.

Así, de conformidad con el artículo 42 de la citada ley se prevé que el Consejo General del Instituto, para el desempeño de sus atribuciones, creará las comisiones necesarias, pero con independencia de lo anterior existirán comisiones de carácter permanente, dentro de las cuales está la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, dicha comisión conoce los asuntos relativos a las derechos, prerrogativas y obligaciones relacionadas con el registro de los institutos políticos ante dicha autoridad nacional, por lo cual lo procedente es que sea dicha comisión quien conozca el procedimiento a que se refiere el citado artículo 94 y el 95 de la Ley General de Partidos Políticos, a fin de resolver la declaratoria de pérdida de registro del instituto político de referencia.

De conformidad con los antecedentes y considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartados A y B; 50; 51 y 52 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13, 14; 29; 30, numeral 1 y 2; 31, numeral 4; 32, numeral 1, incisos a), fracciones I, III, IV y VI y b), fracción II; 33, numeral 1; 34, numeral 1; 35; 42, numerales 2 y 3; 44, numeral 1, incisos b), j), gg) y jj); 51, numeral 1, inciso l); 61, numeral 1; 64, numeral 1, inciso f); 67, numeral 1; 68, numeral 1, incisos a) y g); 71, numeral 1; 78, numeral 1; 79, numeral 1, inciso a), f) y h); 207; 208, numerales 1, incisos a), b) y c) y 2; 225, numerales 1, 2, incisos a), b) y c), 3, 4 y 5; 253; 259, numerales 1, inciso a) y 2; 260; 261; 262, numeral 1, inciso a) y b); 263; 264, numerales 1 y 2; 265; 361; 362, numeral 1, inciso b); 363; 393 numeral 1, inciso f) y 397 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos 3, numeral 1; 23, numeral 1, incisos a), b) c) y j); 24 y 90 de la Ley General de Partidos Políticos; Noveno Transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 44, numeral 1, incisos gg) y jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales este Consejo General emite el siguiente:


A C U E R D O


PRIMERO. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral es competente para conocer el presente acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que inicie el procedimiento de pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México en términos de lo previsto en los artículos 94, párrafo 1, inciso e), y 95 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de la normatividad electoral en el marco de los comicios de 2015, con base en los considerandos del presente acuerdo además de lo que se determine en los procedimientos que aún se encuentran pendientes de resolución.

TERCERO. Se instruye a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la aprobación de este acuerdo, presente al pleno de Consejo General el proyecto que resuelva la pérdida o no del registro del Partido Verde Ecologista de México como instituto político, y, en su caso, los actos jurídicos de ley para la liquidación de dicho instituto político.

CUARTO.- El Presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a efecto de que notifique el presente Acuerdo a los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral.

SEXTO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el __ de ______ de dos mil quince, por votación _________ de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.











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