miércoles, 29 de abril de 2015

Petición formal al INE y al TEPJF para que #QuitenRegistroAlVerde

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PETICIÓN FORMAL DIRIGIDA AL INE Y AL TEPJF PARA QUE DETERMINEN LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ADJUNTANDO LAS CASI 140 MIL FIRMAS QUE SE RECAUDARON PARA LAS 21:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2015.
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México, D.F. a 29 de abril de 2015


Consejero Presidente
Consejeras y Consejeros del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral (INE)
Magistradas y magistrados de la Sala Regional Especializada y de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
PRESENTES


Sergio Aguayo Quezada, Miriam Morales Sanhueza, Marcela Azuela Gómez, Carlos Alberto Serdán Rosales, María Esther Azuela Gómez, Aleida Calleja Gutiérrez, Mario Arriagada Cuadriello, Ximena Ramos Pedroza Ceballos, Ana Eugenia López Rico, Luis González Plascencia, Mony Sacha de Swaan Addati, Juan Fernando Ibarra del Cueto, Paulina Arriaga Carrasco, Alfredo Lecona Martínez, Carlos Alberto Brito Ocampo, Denise Eugenia Dresser Guerra, Eduardo Huchim May, María Santos Villarreal, Martha Tagle, Mónica Tapia Álvarez, Alfredo Figueroa Fernández y las 139,432 personas que suscribieron la plataforma Change.org #QuitenRegistroAlVerde que se adjunta en memoria USB al presente escrito, por nuestro propio derecho; señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el sito en C. Héroes de Padierna 166, Col. San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras, 10200 México Distrito Federal, nombrando como representante común a Sergio Aguayo Quezada, ante Ustedes con el debido respeto comparecemos a exponer:

I.                   Petición
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 párrafos uno al tres; 8; 35 fracción V; 41 segundo párrafo, Base I, párrafos uno y dos, Base II, párrafos uno y tres, Base III, apartado A), párrafos dos y tres; y 134, párrafos siete y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 54, párrafo 1, incisos a) y f); 94, párrafo1, inciso e) y 95 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos y en lo establecido en los artículos 209, párrafos 2, 3, 4 y 5; 242, párrafo 5; 442, párrafo 1, incisos a), f) e i); 443, párrafo 1, incisos a), b), c), e), h), i) y l); 449, párrafo 1, incisos c), e) y f); 452, párrafo 1, incisos a), b), y e) y 456 párrafo 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, les solicitamos que, antes de que se celebre la jornada electoral del 7 de junio y con todos los elementos a su alcance vinculados a la equidad de la contienda, determinen por la vía más eficaz:
La pérdida y/o cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de México por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de las Leyes en materia electoral en el marco de los comicios de 2015.

II.                Razones
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) debe ser descalificado del proceso electoral en curso y su registro como partido político retirado por el conjunto de actos ilegales y de corrupción  cometidos desde septiembre de 2014, trastocando las reglas del juego democrático, obteniendo con ello ventajas indebidas en la competencia electoral.
No es la primera vez que este Partido viola la ley. Desde 2009, con el apoyo de servidores públicos emanados de sus filas y empresas privadas como Televisa y Televisión Azteca, ha tenido un comportamiento sistemático que intenta burlar las prohibiciones en materia de propaganda electoral. Dicho sea de paso, no es casual que nadie como el PVEM promueva entre sus candidatos a tantos empleados o perfiles vinculados con el duopolio televisivo.
Es evidente que ante la tibieza de la autoridad el PVEM ha desarrollado una estrategia calculada, dolosa e ilegal para tratar de posicionarse ante la ciudadanía. Desde finales de 2014 y de cara al actual proceso electoral ha hecho un gasto millonario con recursos públicos y privados empleados de modo ilegal en propaganda político-electoral. La propia Sala Superior del TEPJF ha señalado que “desde septiembre de dos mil catorce y hasta enero de dos mil quince, por lo menos […], el Partido Verde Ecologista de México ha llevado a cabo una campaña reiterada y constante de publicidad, a través de diferentes medios de comunicación social, que busca favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida, ya que implica una conducta irregular y sistemática contraria al modelo de comunicación previsto en el artículo 41 constitucional.”[1]
A más de seis meses de que las y los mexicanos hemos sido inundados con propaganda ilegal del Partido Verde, el INE aún no ha resuelto las quejas y los procedimientos iniciados en su contra en materia de fiscalización. Sin embargo, es claro que la intensidad y magnitud de esta campaña rebasa con mucho los recursos ordinarios y de campaña a que este partido tiene derecho durante un año electoral.
Éstas son las conductas y prácticas ilegales por las que el Partido Verde se ha beneficiado y por las que le debe ser retirado su registro:
·         Uso de recursos públicos y privados ilegales.
·         Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal.
·         Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales.
·         Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país.
·         Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país.
·         Propaganda ilegal en tortillerías.
·         Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa.
·         Distribución en todo el país, de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales.
·         Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país.
·         Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse.
·         Invasión de nuestra privacidad ya que, sin autorización alguna, somos molestados ilegalmente en nuestras casas a través de llamadas telefónicas para anunciarse.
·         Impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley.
·         Uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar propaganda.
·         Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal.
¿Qué más tiene que ocurrir para que las autoridades actúen ya y retiren el registro al Partido Verde? ¿Cómo pretenden que confiemos en el proceso democrático si permiten que un Partido viole en esta magnitud las reglas de la democracia? ¿Cómo admitir que siga en la competencia electoral si desde antes del inicio de la campaña electoral, el Partido Verde ha atentado de forma reiterada y sistemática contra la equidad de la competencia política?
La tibieza con la que se han conducido las autoridades electorales es por demás preocupante. Su actuación ha estado marcada por la imposición de multas que, de facto, se convierten en incentivo para seguir actuando al margen de la ley con resoluciones que, para decirlo claramente, sirven de comparsa a quienes atentan contra los principios básicos de la vida democrática.
Las Autoridades Electorales tienen  todos los argumentos y hoy todas las facultades[2] para cancelar el registro al PVEM. Sin embargo, se han limitado a investigar en lo individual, una tras otra, las conductas ilegales en que ha incurrido y a sancionarlas con multas que serán pagadas con los mismos recursos públicos que el partido recibe del Estado Mexicano y, la mayor parte, una vez concluido el proceso electoral cuando la inequidad provocada por el Verde ya haya surtido efectos irreversibles e incuantificables.
Ésta no es una historia nueva; tanto en las elecciones de 2009, como en las de 2012[3], los magistrados del TEPJF exoneraron al Partido Verde por hechos similares; incluso, cuatro de los siete integrantes de la Sala Superior lo libraron, al margen de los méritos del caso y argumentando una falta procesal inexistente, de sanciones por cerca de 200 millones de pesos[4].
Queremos mandar un mensaje respetuoso pero muy claro a las autoridades electorales de nuestro país, recordándoles que es su obligación constitucional y su deber defender los avances democráticos que tanto han costado a todos. No restituiremos la confianza en las principales instituciones democráticas con actos de simulación y acompañamiento. Las sanciones económicas cobradas en mensualidades y pagadas con recursos públicos que no afectan siquiera los recursos correspondientes a las campañas electorales, constituyen un incentivo a la violación permanente de la Constitución. Solo la campaña en televisión del Partido Verde de 230 mil spots asciende a más de 400 millones[5] de pesos mientras la sanción se ubica en tan sólo 76 millones. El incentivo  es más que claro; más que incorrecto.
Quienes impulsamos esta petición no pretendemos apoyar o perjudicar a partido político alguno. Queremos defender el proceso de cambio democrático del país, en un momento de crisis de las instituciones del Estado mexicano, cuando nuestros derechos y libertades se encuentran amenazados, cuando para muchos sectores del país el voto ha dejado de ser un instrumento de participación efectiva y de transformación del País, defender las reglas mínimas de competencia democrática y denunciar y combatir la impunidad es indispensable.
Permitir que las y los candidatos del PVEM por la vía uninominal y plurinominal accedan a la cámara de Diputados es claudicar y negar el principio de legalidad en términos de la competencia democrática. Es admitir que la representación política puede ser producto de la corrupción, ahondando en la crisis de confianza que vive la República.
Ninguna democracia en el mundo puede tolerar que un Partido, como es el caso del Verde, viole dolosa e impunemente, en la magnitud en que ha ocurrido en México, las reglas de la competencia política, sin consecuencias eficaces. Si el Verde se mantiene en el sistema de partidos, el fraude a la Ley y a la Constitución será responsabilidad de las propias instituciones encargadas de su defensa y resguardo.

III.             Hechos y consideraciones jurídicas respecto de la petición.
H E C H O S:
1. Del 18 de septiembre al 19 de diciembre de 2014, diversos legisladores pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, entre ellos, los Diputados Federales Ana Lilia Garza Cadena, Enrique Aubry de Castro Palomino, Rubén Acosta Montoya y Gabriela Medrano Galindo; así como los Senadores de la República Carlos Alberto Puente Salas, María Elena Barrera Tapia y Pablo Escudero Morales difundieron en radio y televisión 258,398 spots “alusivos a sus informes de labores”. Sin embargo, del contenido de los promocionales difundidos no se desprende la fecha, hora, ni lugar en que se rendirían dichos informes. Según se documentó con posterioridad[6], esto se llevó a cabo ¾excepto en el caso del Senador Carlos Puente, que lo rindió en el Teatro Fernando Calderón en Zacatecas¾ a través de la página de internet www.informelegislativo.org.mx.
2. A partir del 24 de octubre de 2014 se presentaron diversas quejas en el Instituto Nacional Electoral (INE), alegando que se trataba de un acto de simulación o fraude a la ley, ya que existía identidad de contenidos ¾en frases, temáticas, imágenes y teléfono de contacto¾ entre la propaganda contratada para “informar” sobre la rendición de informes legislativos y aquélla difundida a nivel nacional por el Partido Verde Ecologista de México, a través de espectaculares, propaganda fija y móvil de diversos tipos, las páginas de internet del instituto político, entre otras. Desde un primer momento se solicitó al INE que se suspendiera la difusión de dichos promocionales.
3.  No obstante, fue hasta el 19 de diciembre de 2014, mediante la sentencia dictada en el expediente SUP-REP-19/2014, que la Sala Superior del TEPJF (Sala Superior) ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que “de inmediato ordene la suspensión de la transmisión de los promocionales denunciados”, al estar “ante la existencia de acciones y conductas que denotan una actuación sistemática, en que se advierte presuntivamente que el factor preponderante en la difusión de los informes de labores busca un posicionamiento de un partido político, ya sea mediante alusiones que lo identifican plenamente e incluso invitan a que la ciudadanía tenga contacto con él vía telefónica, es inconcuso que en principio no existe un fundamento constitucional o legal que avale la realización de ese tipo de conductas, sobre todo si se advierte que son reiteradas, en forma que no se aprecia una racionalidad o proporcionalidad en la negativa de la adopción de medidas cautelares bajo la apariencia del buen derecho”.
4. Al resolver el fondo de los procedimientos iniciados por la difusión de los spots legislativos, desde el 29 de diciembre de 2014, en la sentencia dictada en el expediente SRE-PSC-5/2014, la Sala Regional Especializada del TEPJF (Sala Regional Especializada) determinó la existencia de una estrategia de difusión ilegal, sistemática, continua y reiterada de los informes de los Legisladores del Partido Verde Ecologista de México, para beneficiar a ese instituto político.
Finalmente, el 25 y 31 de marzo de 2015[7], la Sala Superior y la Sala Regional Especializada impusieron al Partido Verde Ecologista de México como sanción, la reducción del financiamiento ordinario, del 50% de su ministración mensual hasta alcanzar un monto equivalente a $76’160,361.80, y $11’453,846.20, respectivamente, por haber implementado una estrategia ilegal de difusión sistemática, continua y reiterada de informes de labores, derivado de la cual, el Partido Verde Ecologista de México se benefició con 258,383 impactos en televisión, que se transmitieron a nivel nacional fuera de las pautas establecidas por el Instituto Nacional Electoral, con lo que se acreditó la responsabilidad directa de ese instituto político, al haberse  “modific[ado] el modelo de comunicación político electoral vigente, conforme al cual, los partidos políticos solamente pueden acceder a la radio y televisión en los tiempos y pautas que distribuya el INE, como parte de las prerrogativas que corresponden a los partidos políticos”[8].
Respecto de los recursos erogados para la difusión de los referidos promocionales, debe señalarse que el monto reportado por los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México ascendió a $88,406,815.33, de los cuales $86,202,252.41 corresponden a recursos públicos erogados por los Grupos Parlamentarios y $2,204,562.92 a recursos privados de los propios legisladores, todos en beneficio del Partido Verde Ecologista de México. Falta aún documentar a la autoridad si dicho monto corresponde al precio de mercado de dichos spots o si estamos ante una nueva aportación en especie de una persona moral prohibida.
5. Por lo que hace a la campaña paralela implementada por el Partido Verde Ecologista de México, el 31 de diciembre de 2014 ¾a partir de lo resuelto en las sentencias dictadas en los expedientes SUP-REP-19/2014 y SRE-PSC-5/2014, referidas en los hechos 3 y 4¾, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó el retiro de diversa propaganda fija del partido, así como la suspensión de la difusión a nivel nacional de promocionales en las salas cinematográficas conocidas como Cinemex y Cinépolis, por formar parte de la campaña denominada “Verde sí cumple”. Dicha determinación fue confirmada por la Sala Superior el 7 de enero de 2015, en el expediente SUP-REP-21/2015; no obstante, la misma fue incumplida por el Partido Verde Ecologista de México, el cual continuó con la difusión de la propaganda y comenzó a implementar medidas fraudulentas y simuladas para evadir los efectos de la determinación de la autoridad ¾al sustituir los promocionales conocidos por la autoridad por otros materiales que, sin embargo, seguían abordando las mismas temáticas y utilizando las mismas imágenes, y sustituyendo la frase “Verde sí cumple”, por otras similares que transmitían el mismo mensaje, como lo son “propuestas cumplidas”, “cumplimos lo que prometemos”, entre otras.
Por otra parte, vale la pena señalar que en el expediente obra el contrato celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y la empresa Cinemex, en el que consta que la exhibición de mensajes publicitarios denominados cineminutos y cortinilla, se pactó para su difusión a partir del 11 de septiembre de 2014[9], de lo que se desprende que el partido político inició la difusión de la campaña referida en las salas de cine a la par del inicio de la difusión de la campaña ilegal de los legisladores del mismo partido en radio y televisión.
6. El 20 de marzo de 2015, a través de la sentencia dictada en el expediente SRE-PSC-14/2015 ¾en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-57/2015 y acumulados¾, la Sala Regional Especializada resolvió el fondo de estos hechos (la campaña paralela del instituto político en cineminutos y propaganda fija) e impuso al Partido Verde Ecologista de México una sanción consistente en una reducción de ministración mensual por la cantidad de $7’011,424.56. Lo anterior, al concluir que la propaganda denunciada difundida a través de cines y propaganda fija, al guardar identidad con el contenido de publicidad objeto de análisis y declarada ilegal en los casos referidos en los hechos 1 y 3, forma parte de la misma estrategia publicitaria del Partido Verde Ecologista de México, cuya sistematicidad e integralidad generó una exposición indebida de dicho instituto político que vulneró el modelo de comunicación política previsto en el artículo 41 de la Constitución Federal.
Al respecto, precisó que la infracción atribuida al partido político denunciado consistió en la realización de una estrategia sistemática e integral que genera una exposición desmedida frente a la ciudadanía, a través de la difusión de promocionales en cines y de propaganda fija, lo cual trastoca el modelo de comunicación política previsto en el artículo 41, fracción III de la Constitución Federal, así como vulneración de los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 25, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos.
De igual forma, refiriendo lo dicho por la Sala Superior en sentencias anteriores, consideró que la publicidad denunciada generó un uso excesivo de los medios de comunicación social, eludiendo con ella restricciones legales que trastocan el artículo 41 de la Constitución Federal.
Dicha determinación fue confirmada por la Sala Superior el 31 de marzo de 2015, en el expediente SUP-REP-136/2015 y acumulados.
La campaña en cineminutos del Partido Verde duró del 11 de septiembre de 2014 al 4 de abril de 2015, con un monto implicado de $108’739,412.61. La sanción no parece proporcional ni razonable respecto al posible periodo de difusión de los mensajes ilegales, que correspondería a poco más de la mitad del periodo señalado. Falta aún documentar a la autoridad si dicho monto corresponde al precio de mercado de dichos materiales o si estamos ante una nueva aportación en especie de una persona moral prohibida.
7. Derivado del incumplimiento por parte del Partido Verde Ecologista de México, de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias ¾en términos de lo señalado en el hecho 5¾, mediante la resolución INE/CG83/2015, el 6 de marzo de 2015, el Consejo General del INE determinó imponerle una sanción consistente en la reducción del 50% de la ministración mensual del financiamiento público ordinario por $67’112,123.52. De igual forma, se dio vista a la Sala Regional Especializada al documentarse que la propaganda ilegal aún no había sido suspendida, por lo que se estaba ante un incumplimiento a la sentencia dictada por aquélla.
Dicho de otro modo, aún después de que las autoridades electorales ordenaron al Partido Verde Ecologista de México que suspendiera la difusión de diversos materiales ¾que formaban parte de la campaña paralela del partido¾, dicho instituto político, en  claro desacato y desafío a la autoridad reiteró la conducta ¾a través de los mecanismos señalados para evadir la orden recibida¾ para continuar beneficiándose de los efectos de la sobreexposición ilegal e indebida  en desacato no sólo de lo expresamente mandatado, sino de las razones que motivaron dichas determinaciones.
8. A pesar de lo resuelto desde diciembre de 2014, respecto de la ilegalidad de las características de los mensajes alusivos a informes de labores por parte de los Diputados y Senadores del Partido Verde Ecologista de México y de la campaña paralela implementada por el partido político, en febrero de 2015 se denunció y acreditó la difusión de un nuevo promocional alusivo al informe de labores de la Senadora Ninfa Salinas Sada, en el que promovía el programa de “Vales de Medicina”.
De igual manera, se acreditó que en contravención a lo resuelto por la autoridad, el Partido Verde Ecologista de México inició ¾a la par de la difusión de este spot legislativo¾ una nueva campaña paralela, a través de la difusión de un promocional pautado (denominado “Carlos Puente”)¾ y la colocación de espectaculares y diversa propaganda fija y colocada en medios móviles que abordaba la misma temática ¾la entrega de vales de medicina¾ y reiteraba la utilización de frases alusivas al cumplimiento de compromisos.
Derivado de lo anterior, el 22 de febrero de 2015, la Comisión de Quejas y Denuncias nuevamente dictó medidas cautelares ordenando, entre otras cosas, la suspensión de la difusión y el retiro tanto de la propaganda legislativa como la partidaria.
9. Por otra parte, a partir de febrero de 2015, el INE comenzó a recibir diversas denuncias relacionadas con la entrega de beneficios por parte del Partido Verde Ecologista de México, en contravención con lo dispuesto en el artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Derivado de lo anterior, a partir del 27 de febrero de 2015, la Comisión de Quejas y Denuncias dictó distintos acuerdos por los que decretó la procedencia de medidas cautelares respecto de las referidas entregas. La primera de ellas, por la campaña denominada “Lentes con Graduación Gratuitos por el Partido Verde”.
Esta determinación y la referida al hecho 8, fueron confirmadas por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-84/2015 y acumulados.
10. Al resolver el fondo de estas denuncias ¾referidas en los hechos 8 y 9, relativas al spot legislativo, el pautado y la entrega de lentes¾, el 10 de marzo de 2015, a través de la sentencia dictada en el expediente SRE-PSC-32/2015 y acumulado, la Sala Regional Especializada impuso al Partido Verde Ecologista de México una sanción consistente en una reducción de ministración mensual por la cantidad de $6’268,362.42.
Lo anterior, al acreditarse que con la difusión de los promocionales legislativos, se puso en riesgo el principio de equidad por la sobreexposición ilegal (reiterada y sistemática), así como por la apropiación indebida de un programa social. De igual forma, porque con la difusión del promocional pautado se acreditó el uso indebido de la pauta, por apropiación indebida de programas sociales.
Finalmente, la campaña de lentes gratuitos de graduación fue sancionada porque implicó la entrega de beneficios contrarios a la normativa electoral.
11. Aunado a lo anterior, y a pesar del sentido de las determinaciones emitidas tanto por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, como por la Sala Regional Especializada y la Sala Superior, derivado de que durante el periodo de intercampañas, el Partido Verde Ecologista de México continuó con su campaña paralela, difundiendo propaganda (pautada ¾en particular, el spot denominado "Cumple lo que Propone versión 02"¾ y a través de cineminutos) que contenían “elementos, imágenes y frases que analizadas en el contexto contemporáneo de la campaña publicitaria del mismo partido, desarrollada entre otros, con los spots conocidos como ‘verde sí cumple’ o ‘cumplimos lo que prometemos’”, el 2 de marzo de 2015, nuevamente se emitieron medidas cautelares para suspender su difusión, al estimarse que la misma “puede considerarse como un elemento sistemático y de continuidad para la difusión de propaganda que tiene como finalidad posicionar al Partido Verde Ecologista de México frente a la ciudadanía, con una posible incidencia en la equidad de la contienda”. [10]
Asimismo, derivado de que se acreditó la distribución de papel grado alimenticio para envolver tortillas con el emblema del partido político, también se concedieron medidas cautelares para suspenderla.
12. Al resolver el fondo ¾respecto de la propaganda pautada, los cineminutos y la distribución del papel para envolver tortillas¾, el 3 de marzo de 2015, mediante la sentencia SRE-PSC-26/2015, la Sala Regional Especializada determinó que se acreditó la conducta relativa a la sobreexposición ilegal de manera reiterada y sistemática por parte del Partido Verde Ecologista de México en diversos estados del territorio nacional con motivo de las campañas “propuesta cumplida” y “El Verde cumple lo que propone", como la distribución de papel grado alimenticio para envolver tortillas, elaborado con material no permitido y que implica un beneficio directo, inmediato y en especie para quienes los reciben, por lo que en acatamiento a lo resuelto por la Sala Superior en el SUP-REP-94/2015 y acumulados, impuso una sanción consistente en 45% de una ministración mensual, equivalente a $5’411,840.76.
13. Un hecho que no debe pasar inadvertido y que debe ser considerado al realizar el análisis de la presente petición ¾más allá de que a la fecha el mismo  no ha sido investigado y sancionado¾, pues evidencia tanto la conducta dolosa, como reiterada y sistemática del Partido Verde Ecologista de México, lo encontramos en los promocionales que dicho instituto político pautó para las precampañas electorales de 2015. De una revisión del contenido de la página http://pautas.ife.org.mx/index_pre.html se advierte que los 6 promocionales que dicho instituto político pautó para el periodo son los denominados “Cuatro logros versión 1”, “4 logros versión cumple lo que propone pre-campaña” y “Cumple lo que propone versión 02 pre-campaña” ¾en sus versiones de radio y de televisión¾. Del análisis de su contenido se advierte que los 6 promocionales guardan identidad con el spot denominado "Cumple lo que Propone versión 02", mismo que, según se refirió en el hecho anterior, fue declarado ilegal por la autoridad jurisdiccional. Al respecto, vale la pena señalar que los spots pautados por el Partido Verde Ecologista de México durante las precampañas abordan las mismas temáticas y utilizan las mismas imágenes ¾en el caso de los de televisión¾ y frases que los spots legislativos referidos en el hecho 1.
Lo anterior vuelve a evidenciar que, aún después de que las autoridades electorales ordenaron al Partido Verde Ecologista de México que suspendiera la difusión de diversos materiales que formaban parte de la campaña paralela del partido, en otra muestra clara de desafío a la autoridad, utilizando su prerrogativa de acceso a radio y televisión, dicho partido político ordenó la difusión de spots con contenidos ya declarados ilegales, para continuar beneficiándose con los efectos de la sobreexposición indebida.
14. De manera similar a lo resuelto con el papel para envolver tortillas, tras acreditarse la distribución en diversos domicilios de calendarios 2015 con el logotipo del Partido Verde Ecologista de México, el 2 de abril de 2015, mediante la sentencia SRE-PSC-49/2015, la Sala Regional Especializada tuvo por acreditada la infracción a la normativa electoral relativa a la elaboración y distribución de propaganda electoral impresa en material que no es biodegradable o reciclable, por lo que impuso una sanción consistente en la reducción del 10% de una ministración mensual de actividades ordinarias, por $1’181,963.08.
15. Nuevamente, y a pesar de las diversas resoluciones emitidas (en particular las referidas en los hechos 5, 6 y 11), al acreditarse que el partido político continuó con su campaña paralela, con la distribución, a través del Servicio Postal Mexicano, de un calendario con la leyenda “El verde sí cumple”, se dictaron medidas cautelares, y posteriormente la Sala Regional Especializada impuso al Partido Verde Ecologista de México, una sanción consistente en 36% de la ministración mensual final de gasto ordinario por $4’167,117.38, por la sobreexposición que generaba dicha propaganda, derivado de su vinculación con la campaña “Verde sí cumple”.
16. Asimismo, tras acreditarse la producción y distribución de las tarjetas de descuento PREMIA PLATINO, el 10 de marzo de 2015 se decretaron medidas cautelares para suspender su distribución, y mediante la sentencia SRE-PSC-46/2015, dictada el 27 de marzo de 2015, la Sala Regional Especializada determinó que las infracciones a la normativa electoral imputadas al Partido Verde Ecologista de México, relativas a la entrega de artículos promocionales que implican un beneficio directo, inmediato y en especie para quienes los reciben, y la continuación de una campaña sistemática e integral que afectó el modelo de comunicación social. Por ello, se le impuso una sanción consistente en la reducción del 30% de una ministración mensual de actividades ordinarias, equivalente a $3’930,497.84.
17. Posterior a esto, y a pesar de los antecedentes referidos ¾relativos a la campaña paralela del partido político¾, el 11 de marzo de 2015 la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó suspender la difusión del promocional pautado por el Partido Verde Ecologista de México, intitulado “Más verde que nunca”, que continuaba con la campaña “Verde sí cumple” y las demás que derivaban de esa.
18. Por otra parte, al acreditarse que el partido político siguió difundiendo su campaña paralela a través de diversos medios de comunicación social, ahora con la difusión de propaganda alusiva a la misma campaña, “Verde sí cumple” en las revistas Cosmopolitan, Caras, Vanidades, TVyNovelas, Muy Interesante, TVNotas, Nueva, Quién, QUO, Fast Mag y Contenido, así como el uso de mensajes de texto y propaganda similar en páginas de internet administradas por el Partido Verde Ecologista de México, la Comisión de Quejas y Denuncias nuevamente decretó medidas cautelares ordenando suspender la difusión.
19. Al resolver el fondo de los expedientes referidos en los hechos 17 y 18 anteriores ¾relativos a la campaña paralela del partido político a través de la difusión de spots pautados, propaganda en revistas e internet y envío de mensajes de texto¾, el 9 de abril de 2015, mediante la sentencia SRE-PSC-53/2015, la Sala Regional Especializada tuvo por acreditada la inobservancia a la normativa electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México, por la vulneración al modelo de comunicación política al difundir la campaña sistemática, reiterada y continua bajo los slogan "verde sí cumple", "propuesta cumplida", "cumple lo que promete", con sus diversas temáticas, así como la utilización indebida del programa social "vales de medicina" a través de propaganda política difundida en revistas y mensajes de texto, por lo que se impuso a dicho partido una sanción consistente en la reducción de hasta el 25%  de la ministración del financiamiento público ordinario, que equivale a la cantidad de $2’869,235.84.
20. Asimismo, el 2 de abril de 2015 mediante la sentencia SRE-PSC-50/2015, la Sala Regional Especializada determinó que se acreditaba la conducta del Partido Verde Ecologista de México, relativa a la alteración del modelo de comunicación política, por una sobreexposición ilegal de manera reiterada y sistemática, con motivo de la difusión del spot pautado “4 Logros versión Cumple lo que propone intercampaña”, por lo que impuso una sanción consistente en la reducción del 25% de una ministración mensual de actividades ordinarias, equivalente a $2’930,283.47.
21. Posteriormente, tras acreditar la entrega de boletos de cine a los ciudadanos por parte del Partido Verde Ecologista de México, el 8 de abril de 2015, la Comisión de Quejas y Denuncias declaró procedente la adopción de medidas cautelares.
Dicha determinación fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 15 de abril de 2015, en el expediente SUP-REP-167/2015 y acumulados.
22. Finalmente, ya iniciada la etapa de campañas electorales, se acreditó la repartición de un Kit Escolar en diversos domicilios de los mexicanos, el cual consta de una mochila, lápiz, bolígrafo, goma, regla, un reloj, un cuaderno, un termo, dos pulseras y dos libros, mismos que tienen el logotipo del Partido Verde Ecologista de México y la leyenda “El Verde sí cumple”. Si bien es cierto, la Sala Superior revocó las medidas cautelares ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias, al considerar que la leyenda “El Verde sí cumple” era válida para el periodo de campañas ¾lo cual aún se encuentra pendiente de resolución en el fondo¾, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó la suspensión de la entrega y distribución de varios de los artículos utilitarios, por no ser de material textil, así como de diversos elementos de propaganda impresa, por no estar elaborada con materiales reciclables y biodegradables.
23. A la fecha, siguen pendientes de resolución diversas quejas presentadas por la producción, distribución, colocación y entrega de propaganda similar a la descrita, por parte de la Sala Regional Especializada.
24. Asimismo, en el Instituto Nacional Electoral se encuentran pendientes de resolución diversos procedimientos ordinarios sancionadores iniciados tanto por un uso indebido del padrón electoral, como por un uso indebido de datos personales, y por el incumplimiento claro y evidente, por parte del Partido Verde Ecologista de México, de diversas medidas cautelares ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del propio Instituto.
25. Finalmente, a la fecha aún no se han resuelto las distintas quejas presentadas ante la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización del INE, en las que sea posible cuantificar los montos erogados por el Partido Verde Ecologista de México y determinar su origen.
CONSIDERACIONES
La petición para que las Autoridades Electorales determinen la pérdida y/o cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de México no está al margen de sus facultades, ni es desproporcionada, ni mucho menos contraria a la democracia. Al contrario, busca preservar la equidad ante violaciones graves y sistemáticas con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 párrafos uno al tres; 8; 35 fracción V; 41 segundo párrafo, Base I, párrafos uno y dos, Base II, párrafos uno y tres, Base III, apartado A), párrafos dos y tres; y 134, párrafos siete y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 54, párrafo 1, incisos a) y f); 94, párrafo1, inciso e) y 95 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos y en lo establecido en los artículos 209, párrafos 2, 3, 4 y 5; 242, párrafo 5; 442, párrafo 1, incisos a), f) e i); 443, párrafo 1, incisos a), b), c), e), h), i) y l); 449, párrafo 1, incisos c), e) y f); 452, párrafo 1, incisos a), b), y e) y 456 párrafo 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[11]:
Artículo 1
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
V.    Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
Artículo 41.
 La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I.     Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
II.    La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.
III.
Apartado A)
Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.
Artículo 134.
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a)  Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; 

….
f)  Las personas morales,
Artículo 94.

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:
e)  Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral; 

Artículo 95.
2. En los casos a que se refieren los incisos d) al g), del párrafo 9 del artículo 22, y e) al g) del párrafo 1 del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. No podrá resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos e) y f) del párrafo 9 del artículo 22 y d) y e) del párrafo 1 del artículo anterior, sin que previamente se oiga en defensa a la agrupación política o al partido político interesado.
Artículo 209.
2. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.
3. Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales utilitarios aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye.
4. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil.
5. La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto.
Artículo 242.
5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.
Artículo 442.

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley:
a) Los partidos políticos;
f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público;
i) 
Los concesionarios de radio o televisión;
Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a)  El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás 
disposiciones aplicables de esta Ley; 

b)  El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales; 

c)  El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley; 
…
e)  La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos; 

h)  El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley en materia de precampañas y campañas electorales;
i)  La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión; 

l)  El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos; 

Artículo 449.
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
c)  El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales; 

e)  La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y 

f)  El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 452.
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de los concesionarios de radio y televisión:
a) La venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;
b) La difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto;
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
Artículo 456.

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:
a) Respecto de los partidos políticos:
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 

1. El derecho de petición.
El derecho de petición está consagrado en la Constitución (CPEUM) a partir de los artículos 8 y 35 fracción V, y en el sistema jurídico mexicano incluso a través de diversas jurisprudencias[12] Las autoridades se encuentran obligadas a su protección y tutela.
Nuestra petición consiste en que se inicie de inmediato el procedimiento a que hacen referencia los artículos 94, párrafo 1, inciso e) y 95, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos y se resuelva: La pérdida del registro al Partido Verde Ecologista de México por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de las Leyes en materia electoral en el marco de los comicios de 2015.
Desde la legislación anterior el sistema electoral mexicano dio atribuciones para que el Consejo General acuerde y determine la pérdida de registro de un partido político, sin que hasta el momento se haya hecho uso de dicho dispositivo por violaciones sistemáticas y graves a las obligaciones señaladas en la normatividad electoral, con relación a un partido político. Sin embargo, dicho procedimiento ha sido empleado por la autoridad electoral en el pasado para la pérdida del registro de distintas agrupaciones políticas nacionales, por lo que la autoridad tiene las condiciones instrumentales y legales para sustanciar un procedimiento de esta naturaleza.
Nuestro derecho como ciudadanos a solicitar a las autoridades la pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México, además de tener el fundamento legal precitado, se encuentra motivado en que a nuestro juicio y una vez narrados los hechos que han caracterizado la conducta de este partido político en el actual proceso electoral, es nuestra convicción que la equidad de la competencia política se ha visto vulnerada de manera grave, por demás sistemática e irreparable. De tal forma, las autoridades (primero el Consejo General del INE y, en su caso, luego la Sala Superior del TEPJF) tienen la obligación de atender y responder por escrito a nuestra petición, de manera fundada y motivada y en breve término, como corresponde a todo acto de autoridad.
No estamos ante una posible doble sanción (non bis in ídem) en relación a la petición que hemos formulado, pues nos interesa que se analice de modo integral y no de modo aislado como se ha hecho hasta ahora, el impacto y las repercusiones del conjunto de violaciones graves y sistemáticas cometidas por el PVEM para las condiciones de equidad de la competencia política entre y en cada una de las fases del proceso electoral (previo al inicio de las precampañas, durante éstas, a lo largo de las intercampañas, y en el marco de la campaña). Y así determinar las afectaciones a: la autenticidad de las elecciones; el ejercicio del derecho al voto; el sistema de representación popular en la Cámara de Diputados, e incluso el sistema de coaliciones a través de las cuales se puede acceder al control de la Cámara por medios ilegales e ilegítimos, burlando la voluntad soberana de pueblo de México; y establecer si ha existido organizaciones distintas a los partidos que han intervenido ilegalmente en los procesos electorales. La determinación de la gravedad de estas conductas sistemáticas reside nada menos, en la afectación al conjunto de bienes jurídicos tutelados en una elección y a la totalidad del proceso democrático.
Es fundamental y un derecho de las y los ciudadanos, un análisis de conjunto de una estrategia de gran escala a nivel nacional, que atraviesa distintos periodos de la elección, en donde las autoridades echen mano de los recursos legales que aparecen en nuestra legislación y valoren con los instrumentos a su alcance, el incumplimiento grave y sistemático del PVEM de las obligaciones que le señala la normatividad electoral. Es decir, pedimos única y exclusivamente que se aplique lo que señala el artículo 94 de la ley General de Partidos Políticos:
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:
e)  Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral; 

En nuestra opinión, el análisis integral de las conductas ilegales de este partido, pondrá de manifiesto la existencia de una estrategia dolosa, sistemática, reiterada y como hemos dicho, de una extraordinaria gravedad, que habrá de permitir al Consejo General y en su caso a la Sala Superior, juzgar desde una perspectiva mucho más amplia, la importancia de su resolución, a la luz de los efectos que derivarían al permitir que el PVEM conserve su registro y participe en las elecciones a celebrarse el 7 de junio próximo.
Así, la fortaleza de esta petición ¾aún siendo relevante¾ no reside fundamental ni centralmente en la cantidad de firmas que han suscrito en la plataforma Change.org #QuitenRegistroAlVerde, sino en los méritos de argumentos que hemos expuesto y desarrollado en el presente escrito, así como en el análisis integral que las autoridades realicen de las conductas del PVEM, en cumplimiento de los principios constitucionales (electorales y democráticos) que juraron cumplir.
Del mismo modo, sabemos que existen un conjunto de procedimientos ¾especiales y ordinarios sancionadores y en materia de fiscalización¾ que aún se encuentran pendientes de resolución, en cuyo caso, pedimos formalmente se realice una valoración de la gravedad y reiteración de las conductas del PVEM, violatorias de la Constitución y de la Ley, en el marco de los actuales comicios, para determinar la cancelación de su registro como partido político, en términos de lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El derecho de petición, según lo dispone la Constitución, debe ser atendido “en breve término”. Sobre el particular, la Jurisprudencia 32/2010 de la Sala Superior del TEPJF[13] establece que para  “determinar el ‘breve término’ a que se refiere el dispositivo constitucional, debe tomarse en cuenta, en cada caso, esas circunstancias y con base en ello dar respuesta oportuna”. Al respecto, es importante señalar que al estar implicado el derecho al voto y la autenticidad de las elecciones como principio constitucional, resulta indispensable la resolución de esta petición, antes de la celebración de la jornada electoral del 7 de junio de 2015 pues, de lo contrario, podría incurrirse en violación al derecho fundamental de ejercer un voto libre y válido, incluso susceptible de ser anulado, a partir del marco constitucional y legal que nos rige, al posponer el análisis sobre la equidad del proceso electoral en curso.
2. Ejes fundamentales de la equidad de la competencia política:
a.      La preservación del modelo de comunicación política.
El modelo de comunicación política previsto en el artículo 41 constitucional consiste esencialmente en el acceso de los partidos políticos a radio y televisión a través de los tiempos que corresponden al Estado mexicano, con una distribución constitucional y legalmente prevista, y con arreglo al periodo de que se trate (a saber, periodo ordinario, de precampañas, de intercampañas y de campañas). Así, se ha establecido la prohibición de que cualquier otra persona física o moral, contrate o adquiera tiempo en radio y televisión para favorecer a un partido político. La violación a esta prohibición se constituye en una agravante fundamental cuando se accede ilegalmente a tiempos de radio y televisión con este propósito, de cara a un proceso electoral. Del mismo modo, el artículo 134 de la Constitución prevé que la propaganda gubernamental no se emplee para favorecer a partido político alguno.
Así, previo al inicio de las precampañas del actual proceso electoral, mientras cada partido tenía un acceso legal, en términos de los tiempos ordinarios, a cerca de 8,000 spots en las redes programáticas de Televisa y Televisión Azteca, en el mismo periodo el Partido Verde era promovido ilegalmente a través de la simulación de promocionales de informes legislativos, con un poco más de 250,000 spots de sus legisladores[14] ¾es decir, con una presencia en esas redes de televisión 30 veces mayor que cualquier otra fuerza política¾, con el fin de posicionarse a través de campañas dirigidas a influir en el conocimiento y preferencia de los ciudadanos y las ciudadanas, en el proceso electoral ya en curso.
Al mismo tiempo[15], el partido desarrollaba una campaña paralela a través de otros medios de comunicación, como cineminutos, espectaculares, y otros, para promover el mismo contenido de los pretendidos informes legislativos, construyendo con ello una campaña sistemática y reiterada de posicionamiento político. Es claro que la estrategia se construyó a partir de la premisa válida de que en las elecciones intermedias la apuesta comunicativa de los partidos está asociada de forma predominante a su emblema y plataforma, más que a la promoción específica de precandidatos o candidatos en lo individual. Basta advertir en el sistema de pautas del INE, el tipo de mensajes genéricos que se promueven en radio y televisión.
Ni en el proceso electoral 2008-2009, ni en el proceso electoral 2011-2012 se pudo consignar una campaña de esta magnitud. Puede afirmarse válidamente que se trata de una violación constitucional sin precedentes en la historia electoral reciente.
Aun y cuando desde el 19 de diciembre se ordenaron las primeras medidas cautelares para la suspensión de dicha campaña en televisión, el Partido Verde empleó los tiempos de precampaña e intercampaña a que tenía derecho para continuar con la misma estrategia paralela a que hemos hecho referencia, y cuyo contenido las autoridades electorales habían determinado como ilegales. Del mismo modo, siguieron apareciendo en las salas de cine y en espectaculares ubicados a lo largo de la República mexicana, los mismos contenidos y mensajes que vulneraban la equidad frente a los demás contendientes en el proceso electoral. Basta referir el desafío a las autoridades electorales, cuando el 31 de diciembre se decretan medidas cautelares para la suspensión de cineminutos con dichos contenidos, y el propio partido el 6 de enero firma nuevamente un contrato con las empresas para hacerlo permanecer.
La pluralidad y reiteración de estas conductas, la diversidad de sus medios comisivos, implicó en que a cada orden de la autoridad de retirar y suspender la difusión de estos materiales, el Partido Verde en abierto desafío a las normas y a las instituciones electorales, hacía modificaciones mínimas, no sustantivas a los contenidos de los mismos, buscando hacer ineficaces en muchos casos, las determinaciones de las autoridades. Estamos frente a un ejercicio de fraude a la ley y a la Constitución, al vulnerar el modelo de comunicación política en la magnitud en la que ha ocurrido, lo que debe ser calificado como de una especial gravedad, pues es la televisión es el mecanismo privilegiado por el cual las y los mexicanos se informan de los asuntos públicos.
Así lo refirió la Sala Regional especializada en el SRE-PSC-5/2014 :
Dicha difusión concatenada y contrastada con la propaganda del propio partido político con motivo de su campaña “Verde sí cumple” evidencia una estrategia propagandística encaminada a posicionar al partido político de frente al proceso electoral federal en curso, lo cual, desde la perspectiva de este órgano jurisdiccional incumple el principio de equidad rector de los procesos electorales previsto en el artículo 134, de la Constitución.
Por su parte la Sala Superior en revisión, en el expediente SUP-REP-120/2015 y acumulados determinó que la conducta de este partido se caracterizó por ser intencional, sistemática e integral:
La intencionalidad de los legisladores y del partido de quebrantar la ley, ya que la estrategia sistemática e integral que caracterizó a la propaganda denunciada fue planteada por los propios denunciados a efecto de promocionar la imagen del partido frente a la ciudadanía a través del uso de la difusión de sus informes de labores, cuestión que implica una trasgresión al modelo de comunicación política previsto en la Constitución federal.
Como ha quedado de manifiesto en cada uno de los hechos que han sido descritos, es evidente que el PVEM ha diseñado una estrategia encaminada a posicionarse de modo anticipado a la competencia electoral, violando los preceptos constitucionales y legales a que se ha hecho referencia.
La gravedad de su conducta reside en que, atentando contra los principios constitucionales de la materia electoral, simuló una campaña legislativa, pretendidamente para la rendición de cuentas, en un fraude evidente a lo dispuesto por los artículos 41 y 134 de la CPEUM. Dese el 25 de septiembre de 2008 la Corte resolvió en las Acciones de inconstitucionalidad 76/2008 y sus acumuladas, 77/2008 y 78/2008, las reglas que debía observarse en materia de informes de labores o de gestión, al revisar la legislación de Querétaro que es similar a la federal de aquel momento y de la actualidad. Así lo reiteró el 9 de septiembre de 2014 en las Acciones de inconstitucionalidad acumuladas 22/2014, 26/2014, 28/2014 y 30/2014:
 “Son infundados los conceptos de invalidez formulados por el Partido del Trabajo, ya que el último párrafo del artículo 5° Bis de la Ley Electoral del Estado de Querétaro no es contrario a sendas prohibiciones establecidas en los párrafos sexto y séptimo del artículo 134 constitucional, ya que dicho precepto secundario no consigna alguna excepción permisiva para desequilibrar la competencia partidista o para que, so pretexto de algún informe gubernamental de labores, se asocie a los promocionales respectivos la personalidad de quien lo rinda.
En efecto, los párrafos constitucionales citados prohíben influenciar desde el Estado la equidad en la competencia entre los partidos políticos; así como incluir en toda la propaganda gubernamental nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público, comportamientos que igualmente proscriben, en términos textuales, los dos primeros enunciados del propio artículo 5° Bis cuyo último párrafo es impugnado por el Partido del Trabajo.
Ahora, el tercer párrafo del artículo 5° Bis reclamado contiene una norma que debe interpretarse en conexión con los dos primeros párrafos del mismo artículo, esto es, articulada en relación con las mismas prohibiciones que aquéllos establecen, en tanto que se trata de una reiteración de las mismas limitaciones que en forma absoluta establece la Constitución para todo tipo de propaganda gubernamental.
De esta manera, ni a propósito del informe anual de labores o de gestión de los servidores públicos, ni con motivo de los mensajes para darlos a conocer, puede eludirse la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, ni la de incluir en dicha propaganda nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, pues en consonancia con el contexto de los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional ─reproducidos en los párrafos primero y segundo del artículo 5° bis impugnado─ se deduce que la rendición anual de cuentas también está vinculada a la observancia de las mismas limitaciones que permanentemente tiene toda la propaganda gubernamental.
Esto es, bajo la lectura armónica del texto completo del artículo  5° bis reclamado, se advierte que su párrafo tercero, lejos de reducir las prohibiciones de referencia contenidas en el artículo 134 constitucional, lo que hace es establecer condiciones adicionales en orden a fijar con precisión la frecuencia, los plazos, el ámbito territorial y la oportunidad, dentro de las cuales puedan difundirse promocionales relacionados con los informes de gobierno de las autoridades estatales, municipales o de cualquier otro tipo, de suerte que estas últimas tengan sólo la posibilidad de publicitar algún acto de rendición de cuentas bajo las siguientes condiciones:
a)      Una semana antes de su presentación y cinco días después de esa fecha;
b)      Por una sola vez al año;
c)      En medios de comunicación de cobertura estatal;
d)      Sin fines electorales; y,
e)      Nunca se emitirán dentro del periodo de campaña electoral la difusión de mensajes, ni se llevará a cabo la realización del propio informe de labores.
Consecuentemente, si todas estas prescripciones no dejan sin efectos las repetidas prohibiciones en materia electoral contenidas en el artículo 134 constitucional, sino que más bien las precisan tratándose de la rendición de cuentas, es inexacto lo que afirma el Partido del Trabajo en el sentido de que la norma reclamada contenga excepciones a esas taxativas, ya que tal precepto de la Norma Fundamental, en la parte que se comenta, no canceló la publicidad gubernamental de todo tipo, sino únicamente la que pudiera tener como propósito favorecer a un partido político, o la de rendir culto a la personalidad de un servidor público mediante la emisión de mensajes con su nombre, imagen, voz o símbolos asociados visualmente con su figura o posición política, prohibiciones que subsisten aun durante la época en que se rindan los informes anuales de labores o de gestión gubernamental, conforme a la interpretación sistemática de todo el contenido del artículo 5° bis reclamado.
De esta manera, si los anuncios que difunda el Estado no tienen las características anteriores, particularmente los mensajes que tengan que ver con la promoción del ceremonial de un informe de la gestión gubernamental, no existe motivo alguno para que no puedan propalarse en los medios de comunicación social, a condición de que:
a)      Aludan al contenido del informe y no a la imagen, voz o símbolos que gráficamente impliquen a quien lo expone;
b)      Se refieran a los actos de gobierno realizados, y no a la promoción partidista; y,
c)      Los promocionales y el propio informe no constituyan un vehículo para enaltecer a la personalidad del gobernante, sino que sean diseñados para difundir, con carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, el resumen anual de los datos relacionados con el cumplimiento de las metas previstas en los programas de gobierno, que permitan posteriormente evaluar el desempeño y la aplicación del gasto público.
Es claro que lo resuelto por la Corte antecede el inicio de la conducta del Partido Verde quien aún así, optó por una campana anticipada de posicionamiento de cara al proceso electoral.
El contenido y la estrategia de esta campaña, que el Tribunal calificó como una “sobreexposición”, asociada a ideas creativas y a mensajes específicos, fue retomada por el partido en los tiempos del Estado que le corresponderían durante la precampaña, sin que las autoridades interviniesen en ello. Del mismo modo, en el periodo de intercampañas, mantuvo dichos promocionales, y es hasta este periodo cuando la autoridad determina de nueva cuenta la ilegalidad de dicho contenido. A la par, la legisladora Ninfa Salinas aparecía nuevamente en promocionales de informes legislativos simulados y que las propias autoridades electorales han considerado violatorios de la competencia política y de la equidad de la contienda.
Vale la pena destacar que aun y cuando desde finales de diciembre de 2014 se había determinado la ilegalidad de esta estrategia de simulación, en el periodo de intercampañas, ahora con el concepto “Vales de medicina”, este partido desarrolla la misma estrategia con la Senadora Ninfa Salinas, tanto en los tiempos contratados de modo ilegal, como con los que le correspondían al partido político en dicho periodo y a través de diversos medios de comunicación social (como espectaculares y revistas, entre otros). Estos aspectos permiten concluir que en términos conductuales, se advierte pluralidad de conductas y relación entre éstas, colmando uno de los aspectos sustantivos de la sistematicidad.
En el periodo de 7 días que se exhibieron los mensajes legislativos contratados, el PVEM tuvo nuevamente una sobreexposición de por lo menos el 50% más de lo que le correspondía legalmente, a través de los medios de comunicación de mayor audiencia en el país. La gravedad está asociada pues, a que un poco antes de que iniciaran las campañas electorales, este conjunto de ejercicios, contrarios a las disposiciones constitucionales, permitieran que el inicio de la competencia política en el periodo de campañas estuviese viciada originalmente por una estrategia paralela desarrollada en los periodos previos, contraria al modelo de comunicación política.
No considerar estas violaciones al modelo de comunicación política, como sistemáticas, graves y reiteradas, aún cuando hay actos de autoridad de los que el Verde ya tenía conocimiento, es darle una condición de impunidad y enviar un mensaje, desde las instituciones, de desapego a la legalidad.
b.      No contar con recursos públicos o privados ilegales para el financiamiento de un partido político.
Otro de los elementos centrales de la equidad en el modelo electoral mexicano reside en no emplear, en ningún momento pero mucho menos durante el proceso electoral y sus distintas etapas recursos de origen ilegal, tanto de carácter público, como de carácter privado.
Si bien éste es un de los ángulos que las autoridades inexplicablemente aún no han resuelto, por las documentales que obran en los expedientes relativos a la difusión de spots legislativos estamos en condiciones de afirmar, que el Partido Verde fue favorecido ilegalmente con al menos 86 millones de pesos  provenientes de recursos públicos ¾de sus dos grupos parlamentarios¾ que perjudicaron la equidad de la contienda, en franca violación al principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución.
Esto contraviene directamente lo establecido en la Ley General de partidos que señala claramente:
Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a)  Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; 

….
f)  Las personas morales,
En esta misma dirección, debe señalarse que los contratos por casi 90 millones de pesos, para la transmisión de más de 270 mil spots con las empresas Televisa y Televisión Azteca están muy por debajo del precio de mercado al que las propias autoridades han tenido acceso en otros asuntos. Vale la pena citar la Resolución del Consejo General identificada con la clave CG268/2012, en la que consta que el Gobierno Federal contrató con la empresa Televisa la difusión de un spot con una duración de un minuto en el canal 2, por un costo de más de 1.5 millones de pesos. De este modo, un spot de 30 segundos en dicha red de programación (conocido como el canal 2) tenía un costo en aquel tiempo de 750 mil pesos. Así, en la red programática de dicho canal, el costo unitario por impacto sería de $6,000 (considerando que tiene 125 títulos de concesión); si a esta cifra le descontamos el 50% para sacar un costo unitario promedio de los distintos canales de las empresas Televisa y Televisión Azteca donde fueron transmitidos los spots del Partido Verde, tendríamos un costo promedio conservador de $3,000 por impacto, los cuales, multiplicados por los más de 270,000 impactos que se difundieron, habrían costado al menos 810 millones de pesos.
Dicho monto, aún sin considerar los precios muy por debajo del mercado de la propaganda en cineminutos contratada por el Partido Verde[16], es mayor a todas las prerrogativas públicas de dicho partido durante el año 2015, incluidas aquí las relativas a la campaña[17]. La aportación en especie de persona moral prohibida ¾en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos¾ de la que se benefició este partido político supera incluso el monto implicado en lo que histórica y electoralmente se conoce como el caso “Pemexgate”. Si aunado a lo anterior se suman las prerrogativas públicas a que tiene derecho este partido, advertiremos que la magnitud de los recursos implicados están por encima de las prerrogativas que cualquier partido político podría emplear en el periodo de campaña. El máximo gasto posible en la elección federal a diputados es de un poco más de 360 millones de pesos, cuya agravante adicional se funda en el hecho de que ninguna persona moral, como es el caso de Televisa y Televisión Azteca, pueden financiar a un partido político.
De este modo, la historia del proceso democrático mexicano ha estado fuertemente vinculada a impedir que sea el dinero el factor que determine la representación política. Permitir que aún en especie, de manera ilegal, empresas mercantiles financien y posicionen a un partido político en esta magnitud ¾la aportación en especie de Televisa y Televisión Azteca asciende al menos a 720 millones de pesos, descontando los cerca de 90 millones erogados por los Grupos Parlamentarios del PVEM y sus legisladores¾, nos coloca incluso antes de que concluya la campaña, en una circunstancia de extraordinaria gravedad, por el desequilibrio de la competencia política que se ha generado.
De no resolverse favorable y oportunamente esta solicitud, la representación política que derivaría de los triunfos de dicho partido político en la Cámara de Diputados tendría un origen en el posicionamiento que dicha fuerza política ha adquirido merced a la sobreexposición y a un financiamiento ilegal, que pervierte el sistema democrático en su conjunto.
Por esto resulta indispensable que en materia de fiscalización, las autoridades resuelvan previo a la jornada electoral, el tipo de sanción que corresponde a un partido que ha involucrado en su posicionamiento, recursos públicos y privados ilegales, en esta magnitud.
c.       No rebasar los topes de campaña previstos para cada uno de los contendientes a un puesto de elección popular.
El tercer elemento de la equidad en el sistema electoral mexicano se ha establecido en la determinación de un tope de gastos de campaña para dar un techo de igualdad en las condiciones de la competencia política. Se trata de un tope similar a contendientes a un mismo puesto de elección popular. Para la elección federal el monto que ha sido establecido para diputados es de $1’260,038.34, lo que multiplicado por 300 candidatos, asciende a $378’011,502. Debe señalarse que para el periodo de campaña, merced a la coalición parcial entre el PVEM y el PRI para la postulación de 250 candidatos, y los 50 candidatos que postulará individualmente, el PVEM podrá gastar hasta $203’622,195.74.
Aún y cuando este elemento de la equidad de la competencia en sí misma no ha sido juzgado, pues está en curso el periodo de campañas, constituye un referente necesario para analizar la magnitud de los recursos empleados previamente por este partido político, tanto de origen legal como de origen ilegal, de cara al actual proceso electoral, colocándolo en una condición de ventaja frente a los demás contendientes.
3. La autenticidad de las elecciones:
El párrafo segundo del artículo 41 constitucional mandata que la renovación del poder legislativo se realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las bases en él contenidas, mismas que se refieren al carácter de entes de interés público de los partidos políticos ¾con sus respectivos derechos y obligaciones¾, a las reglas para su financiamiento, a la determinación del modelo de comunicación política, a las reglas para la organización de la elección, y al sistema de medios de impugnación que garantizan la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad. 
De lo anterior se deriva que la autenticidad de una elección depende no sólo de la posibilidad de que las ciudadanas y los ciudadanos puedan acudir a votar el día de la jornada electoral, sino también al cumplimiento, por parte de los contendientes, de las reglas inherentes a la celebración de un proceso electoral.
En esta dirección, el incumplimiento reiterado y sistemático de las reglas constitucionales para la competencia democrática va en sentido contrario de la autenticidad de los comicios, como un bien constitucionalmente protegido. Las elecciones son un medio para la realización de la democracia representativa siempre que se den en condiciones de igualdad jurídica para quienes votan, pero también para quienes son votados. La autenticidad de una elección depende así, de manera central, en que las condiciones de equidad del proceso electoral hayan sido suficientes, sin que exista una simulación generalizada de dichas condiciones, pues alteraría el ejercicio libre e informado de los ciudadanos en el ejercicio del derecho a votar.
La validez de un voto hacia una fuerza política no reside únicamente en la marca en la boleta sobre un emblema de partido. Debe estar  asociada también al cumplimiento por parte de ese partidode las reglas que la Constitución  ha establecido para la competencia política. Es decir, están vinculadas a sus obligaciones como entidades de interés público. Si un partido político, contrario al mandato establecido en la Base I del artículo 41 de la CPEUM, no promueve ni respeta los principios de la vida democrática, debe perder el derecho a ser una vía para la integración del poder público. Es admisible en el marco constitucional que con plena libertad se planteen las plataformas electorales, los ideales e ideología por parte de un partido político. En el caso del Partido Verde no está en cuestión  su plataforma o sus propuestas electorales. Lo que está en entredicho y resulta inadmisible es que goce de derechos para permanecer en el sistema de partidos, pero al mismo tiempo, actúe ¾de forma grave, reiterada y sistemática¾ en sentido inverso o contrario a las reglas que le sostienen.
La racionalidad mantenida públicamente por algunos analistas sobre que la pérdida de registro “sólo debe” darse por la vía del voto o de las urnas, es contraria a la obligación de las autoridades de proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos. El derecho a votar consiste en la libertad de hacerlo por opciones legales, a partir de la existencia de procesos electorales válidos, auténticos y equitativos, en el que sea posible que cada ciudadana y ciudadano valore en libertad la oferta política disponible, sus plataformas, sus ideales, a los y las candidatas que postula, su capacidad en el ejercicio del poder público. La determinación respecto de la legalidad o no de las distintas opciones políticas, así como de las consecuencias que, en su caso, deben derivar de conductas y acciones ilegales de un contendiente corresponde al Estado, no a la ciudadanía. Lo contrario implicaría pretender dejar en manos de los ciudadanos los mecanismos de acceso a la justicia o que éstos hicieran justicia por sí mismos, en contravención a lo previsto en el primer párrafo del artículo 17 constitucional.
Así, la pérdida de registro por no obtener el 3% de la votación válida emitida es una opción legal y posible, si deriva de que un determinado partido político no cuenta con una preferencia electoral mayor por parte de la ciudadanía, pero no puede concebirse como un mecanismo por el que los ciudadanos sustituyan las obligaciones constitucionales y legales que tienen las autoridades electorales. No puede ni debe admitirse que un ciudadano en el ejercicio de su derecho al voto se enfrente a la dicotomía de elegir entre opciones legales y una ilegal. Los ciudadanos no estamos obligados a saber si un partido ha cumplido o no con las reglas de la competencia política, para ello existen jueces y organizadores de la contienda. La omisión de estos de pronunciarse sobre la ilegalidad en las condiciones de la competencia política por parte de uno de los actores de la contienda, deja al arbitrio de los ciudadanos una determinación que constitucional y legalmente es conferida a las autoridades electorales, precisamente para la protección y tutela del ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho al voto. Es tanto como pretender que los ciudadanos dejen de acudir preferencialmente por un servicio que se presta de modo ilegal o fraudulento, mientras la autoridad permanece a la expectativa.
En esta dirección, la exigencia a las autoridades electorales para que determinen la pérdida del registro del PVEM reside también en que, de no hacerlo, violarán los derechos de los ciudadanos a que su voto se pueda ejercer a favor sólo de opciones que han competido en el marco de las reglas democráticas, ya que por la magnitud de los hechos y las consideraciones que han sido descritas, no resulta reparable el daño a la equidad de la competencia política que ha ocasionado el Partido Verde a través de la imposición de las demás sanciones previstas en la ley. Así, la protección de la celebración de elecciones auténticas por parte de las autoridades, pasa por restablecer la equidad de la competencia política, retirando el registro a un partido cuyo actuar ha infringido no sólo un conjunto de reglas y prohibiciones específicas (como lo son las características de la propaganda impresa, los artículos promocionales utilitarios, la entrega de dádivas, entre otras), sino que ha trastocado de forma generalizada e irreparable la naturaleza misma del proceso de competencia democrática.
La permanencia del Partido Verde en el sistema de partidos, a pesar de la magnitud y características de las violaciones que se han documentado y sancionado, implicaría legitimar el acceso al poder por medio de estrategias y ventajas ilegales, vulnerando de esta forma, la autenticidad de las elecciones en la que las y los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho y la obligación de sufragar. 
4. La sistematicidad y gravedad de los incumplimientos a las obligaciones señaladas en la normatividad electoral:
La sistematicidad y gravedad de las conductas desplegadas por el PVEM así como sus repercusiones han quedado expuestas en los distintos apartados del presente escrito, particular y extensamente en el III (Hechos): La disposición establecida en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos da facultades al Consejo General para que resuelva sobre la procedencia de la solicitud que por esta vía se formula.
Las conclusiones que se derivan de los hechos narrados en apartados anteriores, permiten identificar una conducta dolosa, reiterada y sistemática del Partido Verde Ecologista de México, de desafío a las determinaciones de las autoridades electorales y de incumplimiento de sus obligaciones, en los términos previstos en la normativa electoral.
1. En cuanto a la difusión de promocionales legislativos.
Desde el 19 de diciembre de 2014, la Sala Superior determinó ¾para efectos del dictado de medidas cautelares¾ que la difusión de los promocionales legislativos transmitidos del 18 de septiembre al 19 de diciembre de 2014, por diversos legisladores pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México constituían una estrategia ilegal de difusión sistemática, continua y reiterada para posicionar ilegalmente al partido político.
Al respecto, si bien es cierto que las sanciones referidas se impusieron hasta finales del mes de marzo de 2015, luego de que la Sala Superior determinara la responsabilidad directa del Partido Verde Ecologista de México, y la gravedad de la falta, también lo es que desde el 29 de diciembre de 2014, la Sala Regional Especializada se pronunció sobre la existencia de una ilegal estrategia de difusión sistemática, continua y reiterada de los informes de los Legisladores del Partido Verde Ecologista de México, para posicionar a dicho instituto político, derivado de la identidad en cuanto al contenido de sus promocionales (pautados), respecto de los spots de los legisladores.
En este sentido, al menos desde esta fecha, el Partido Verde Ecologista de México tenía conocimiento pleno de la ilegalidad atinente a la difusión de mensajes alusivos a los informes legislativos, que mantuvieran una identidad con los contenidos de la propaganda del partido político.
A pesar de lo anterior, a mediados del mes de febrero de 2015; es decir, un mes y medio después, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ordenó la difusión de un nuevo promocional relativo al informe de labores de la Senadora Ninfa Salinas Sada, en el que promovía el programa de “Vales de Medicina”, mientras que el partido político inició la difusión de una campaña en radio, televisión (con los spots en los que aparecía el Senador Carlos Puente) y a través de diversos medios de difusión (por medio de espectaculares y demás propaganda fija y colocada en medios móviles, entre otros), relativa a la misma temática; es decir, que incluía la leyenda verde sí cumple vales de medicina, propuestas cumplidas o propuesta cumplida vale de medicina, y frases similares.
Así se acredita uno de los elementos de la sistematicidad, como lo es el conductual, relativo a la pluralidad de conductas y a la relación entre éstas. Del mismo modo se acredita el elemento temporal, al establecerse una pluralidad de ocasiones, y una relación de coincidencia y simultaneidad entre ellas. Queda acreditado también el elemento teleológico, relativo al propósito de posicionar a este partido político de cara al proceso electoral, y el elemento fraudulento, consistente en hacerlo a través de medios ilegales y simulados.
2. Por lo que hace a la difusión de campañas paralelas del Partido Verde Ecologista de México, que se vinculan con los promocionales legislativos (como lo son: “Verde sí cumple”, “cumple lo que propone”, “vales de medicina” y frases similares).
A partir de lo resuelto en las sentencias dictadas en los expedientes SUP-REP-19/2014 ¾en la que se ordenó la suspensión de los promocionales legislativos¾ y SRE-PSC-5/2014 ¾en la que se determinó la existencia de una ilegal estrategia de difusión sistemática, continua y reiterada de los informes de los Legisladores del Partido Verde Ecologista de México para beneficiar a ese instituto político¾, el 31 de diciembre de 2014, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó el retiro y la suspensión de la difusión de diversa propaganda del Partido Verde Ecologista de México, correspondiente a la campaña paralela que desarrollaba, al contener elementos de identidad con el contenido de los promocionales legislativos declarados ilegales, cuya sistematicidad e integralidad generó una exposición indebida de dicho instituto político que vulneró el modelo de comunicación política previsto en el artículo 41 de la Constitución Federal.
A pesar de lo anterior, con posterioridad a esta fecha, el Partido Verde Ecologista de México continuó con misma estrategia, al producir, difundir y ordenar la difusión de diversa propaganda en distintos medios de comunicación social, con elementos similares o idénticos a los que tanto la autoridad administrativa como la jurisdiccional ya habían declarado ilegal. Incluso, reprodujo la misma estrategia, a través de campañas de contenido diferente, pero que contenían los mismos elementos que se habían declarado ilegales. En este aspecto quedan colmados los elementos pluralidad de conductas, coordinación y medios comisivos diversos para el fin de una estrategia paralela e ilegal.
Resulta relevante un recuento de las distintas ocasiones en que la Comisión de Quejas y Denuncias tuvo que emitir medidas cautelares para ordenar su retiro o suspender su difusión, ante la conducta dolosa, sistemática y reiterada del Partido Verde Ecologista de México:
2.1. A mediados de febrero de 2015, el Partido Verde Ecologista de México ¾como instituto político y a través de su Grupo Parlamentario en la Cámara de Senadores¾, reiteró, como se ha señalado, la conducta ya declarada ilegal, al ordenar la difusión de mensajes alusivos al informe de labores de la Senadora Ninfa Salinas Sada, en el que promovía el programa de “Vales de Medicina”, así como pautar ¾dentro de las prerrogativas del Partido Verde Ecologista de México¾ un mensaje que abordaba la misma temática, denominado “Carlos Puente”.
2.2. En este contexto, el Partido Verde Ecologista de México inició la difusión de propaganda por medio de espectaculares y demás propaganda fija y colocada en medios móviles, ahora con el logotipo del Partido Verde Ecologista de México, la leyenda verde sí cumple vales de medicina, propuestas cumplidas o propuesta cumplida vale de medicina.
El 22 de febrero de 2015 la Comisión de Quejas y Denuncias reiteró los argumentos establecidos con anterioridad por la Sala Superior y la Sala Regional Especializada, y ordenó la suspensión de la difusión de esta nueva campaña.
2.3. De igual forma, el Partido Verde Ecologista de México continuó difundiendo cineminutos relativos a las campañas ‘verde sí cumple’ o ‘cumplimos lo que prometemos’.
2.4. Durante la etapa de precampañas, los 6 spots pautados por el Partido Verde Ecologista de México, guardan identidad tanto con los cineminutos cuya difusión se sancionó, como con el spot denominado "Cumple lo que Propone versión 02", mismo que también fue declarado ilegal por la autoridad jurisdiccional.
2.5. Aunado a lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México ordenó la difusión de mensajes en radio y televisión ¾en particular, el denominado “Cumple lo que propone Versión 02 Inter-Campaña”¾ relativos nuevamente a los elementos específicos de los informes legislativos declarados ilegales desde diciembre de 2014. En particular, dicho promocional contenía idénticas alusiones a los temas atinentes a cuotas escolares, cadena perpetua a secuestradores y el que contamina paga y repara el daño, además de incluir las frases “cumplió” y “lo que propone lo cumple”.
Por ello, el 2 de marzo de 2015 de nueva cuenta se emitieron medidas cautelares para suspender su difusión. Asimismo, en el fondo, la Sala Regional Especializada sancionó dichas conductas.
2.6. Distribuyó, a través del Servicio Postal Mexicano, calendarios con la leyenda “El verde sí cumple”.
Ello derivó en que el 12 de marzo de 2015 nuevamente se dictaran medidas cautelares para suspender la entrega. Asimismo, en el fondo, la Sala Regional Especializada sancionó tales conductas.
2.7. Posterior a esto, el Partido Verde Ecologista de México ordenó la difusión de mensajes en radio y televisión ¾en particular, el spot intitulado “Más verde que nunca” ¾, que continuaba con la campaña “Verde sí cumple” y las demás que derivaban de esa.
El 11 de marzo de 2015 la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó suspender su difusión. Asimismo, en el fondo, la Sala Regional Especializada sancionó tales conductas.
2.8. Aunado a lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México contrató difusión de propaganda alusiva a la misma campaña, “Verde sí cumple” y "vales de medicina", en diversas revistas pertenecientes al Grupo Televisa, así como el uso de mensajes de texto y propaganda similar en páginas de internet administradas por el propio partido.
El 13 de marzo de 2015, la Comisión de Quejas y Denuncias nuevamente decretó medidas cautelares ordenando suspender la difusión. Asimismo, en el fondo, la Sala Regional Especializada sancionó tales conductas.
2.9. Asimismo, el Partido Verde Ecologista de México ordenó la difusión de mensajes en radio y televisión ¾en particular, el intitulado “4 Logros versión Cumple lo que propone intercampaña” ¾, que continuaba con la campaña “Verde sí cumple” y las demás que derivaban de esa.
2.10. Finalmente, ya iniciadas las campañas electorales, produjo, contrató y entregó “Kits escolares”, que incluían la leyenda “Verde si cumple”, en los distintos objetos que la conformaban.
Si bien la Sala Superior estimó que dichos productos al contener la leyenda señalada, no resultan contrarios a derecho, pues su distribución implica un acto genuino de promoción dentro de una campaña electoral, su entrega evidencia la forma en que, a través del uso de dicha frase, el partido político se presentó ante el electorado con propuestas de campaña, previo al inicio formal de las mismas.
De lo anterior se desprende que no obstante la Sala Superior determinó que los spots legislativos afectaron el modelo de comunicación política previsto en el artículo 41 constitucional, por la sobreexposición del PVEM, éste continuó difundiendo una campaña  paralela con los mismos elementos, no sólo en distintos medios de comunicación social, sino incluso a través de los tiempos del Estado mexicano que le son asignados como prerrogativa.
3. Por lo que hace a la entrega de dádivas:
Derivado de la promulgación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se incorporó en la legislación electoral una nueva regla, contenida en su artículo 209, párrafo 5, que prohíbe a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona, ya sea por sí o interpósita persona:La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio”.
No obstante lo anterior, en diversas ocasiones se ha ordenado al Partido Verde Ecologista de México suspender la entrega de beneficios contrarios a lo estipulado en el referido artículo, incluso se le han impuesto varias sanciones por dicha infracción. No obstante, éste ha entregado, de forma reiterada, bienes prohibidos por la legislación electoral. En particular:
3.1. El 27 de febrero de 2015, se le ordenó suspender la entrega de beneficios correspondientes a la campaña denominada “Lentes con Graduación Gratuitos por el Partido Verde”. Asimismo, en el fondo, la Sala Regional Especializada sancionó tales conductas.
3.2. Derivado de que se acreditó la distribución de papel grado alimenticio para envolver tortillas, que implica un beneficio directo, inmediato y en especie para quienes los reciben, el 22 de febrero de 2015 la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó que se suspendiera su entrega, y el 3 de marzo de 2015, la Sala Regional Especializada sancionó al Partido Verde Ecologista de México.
3.3. Posterior a esto, el 10 de marzo de 2015 se decretaron medidas cautelares para suspender la distribución de las tarjetas de descuento PREMIA PLATINO, y su entrega fue sancionada al resolver el procedimiento en cuanto al fondo.
3.4. De igual forma, el 8 de abril de 2015, la Comisión de Quejas y Denuncias decretó medidas cautelares para suspender la entrega de boletos de cine a los ciudadanos por parte del Partido Verde Ecologista de México.
3.5. Ya iniciada la etapa de campañas electorales, la repartición de un Kit Escolar en diversos domicilios de los mexicanos, mismos que tienen el logotipo del Partido Verde Ecologista de México y la leyenda “El Verde sí cumple”.
4. Respecto de las características de los artículos promocionales utilitarios y la propaganda electoral impresa.
Otros elementos novedosos incluidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la propaganda y los artículos promocionales utilitarios se encuentra en los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 209, según los cuales: i) toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente; ii) los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil; y iii) se definen estos últimos como aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye.
No obstante lo anterior, en diversas ocasiones se ha ordenado al Partido Verde Ecologista de México suspender la entrega de artículos promocionales utiliarios y propaganda electoral impresa, por no cumplir con las reglas referidas; incluso se le han impuesto varias sanciones por dichas infracciones. No obstante, éste ha entregado, de forma reiterada, bienes prohibidos por la legislación electoral. En particular:
4.1. La distribución de papel grado alimenticio para envolver tortillas, elaborado con material no permitido, cuya entrega suspendió la Comisión de Quejas y Denuncias el 22 de febrero de 2015 y la Sala Regional Especializada sancionó el 3 de marzo de 2015.
4.2. La distribución en diversos domicilios de calendarios 2015 con el logotipo del Partido Verde Ecologista de México, en material que no es biodegradable o reciclable, sancionado por la Sala Regional Especializada el 2 de abril de 2015.
4.3. Ya iniciada la etapa de campañas electorales, la repartición de un Kit Escolar en diversos domicilios de los mexicanos, el cual consta de una mochila, lápiz, bolígrafo, goma, regla, un reloj, un cuaderno, un termo, dos pulseras y dos libros, mismos que tienen el logotipo del Partido Verde Ecologista de México y la leyenda “El Verde sí cumple”, y están elaborados, en muchos de los casos, con materiales que no son textiles, ni biodegradables o reciclables.
5. En cuanto a las multas impuestas:
Fecha
Materia de la infracción
Monto de la sanción
6 de marzo de 2015
Incumplimiento de medidas cautelares
$67’112,123.52
25 de marzo de 2015
Difusión de spots legislativos
$76’160,361.80
31 de marzo de 2015
Difusión de spots legislativos
$11’453,846.20
20 de marzo de 2015
Difusión de cineminutos correspondientes a la campaña “Verde sí cumple”
$7’011,424.56
3 de marzo de 2015
Difusión de cineminutos y propaganda fija correspondientes a la campaña “propuesta cumplida” y “el Verde cumple lo que propone", y distribución de papel tortilla
$5’411,840.76
17 de abril de 2015
Distribución de calendarios con la leyenda “El verde sí cumple”
$4’167,117.38
9 de abril de 2015
Difusión de propaganda alusiva a la misma campaña, “Verde sí cumple” y "vales de medicina", en diversas revistas, y el uso de mensajes de texto y propaganda similar en páginas de internet administradas por el propio partido.
$2’869,235.84
2 de abril de 2015
Difusión de promocionales pautados por el PVEM, que contienen elementos relativos a la campaña “Verde sí cumple”.
$2’930,283.47
10 de marzo de 2015
Entrega de “Lentes con Graduación Gratuitos”
$6’268,362.42
27 de marzo de 2015
Distribución de las tarjetas de descuento PREMIA PLATINO
$3’930,497.84
2 de abril de 2015
Distribución de calendarios 2015 con el logotipo del partido
$1’181,963.08

TOTAL
$188’497,055.99
En relación con las sanciones impuestas, debe destacarse que todas se establecieron respecto del financiamiento público ordinario del PVEM, lo que implica una sanción a todas luces insuficiente, considerando que se trató de una estrategia para posicionar al partido político de cara al proceso electoral en curso, y sin embargo, no tendrán un impacto en los recursos destinados al mismo.
6. Respecto del incumplimiento o desacato de las órdenes de la autoridad:
Derivado de la campaña paralela implementada por el Partido Verde Ecologista de México, el 31 de diciembre de 2014, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó el retiro de diversa propaganda fija del partido, así como la suspensión de la difusión a nivel nacional de promocionales en las salas cinematográficas conocidas como Cinemex y Cinépolis, por formar parte de la campaña denominada “Verde sí cumple”.
Sin embargo, la orden fue incumplida por el Partido Verde Ecologista de México, el cual continuó con la difusión de la propaganda y comenzó a implementar medidas fraudulentas para evadir los efectos de la determinación de la autoridad ¾al sustituir los promocionales conocidos por la autoridad por otros materiales que, sin embargo, seguían abordando las mismas temáticas y utilizando las mismas imágenes, y sustituyendo la frase “Verde sí cumple”, por otras similares que transmitían el mismo mensaje, como lo son “propuestas cumplidas”, “cumplimos lo que prometemos”, entre otros.
De igual forma, el Consejo General del INE dio vista a la Sala Regional Especializada al documentarse que la propaganda ilegal aún no había sido suspendida, por lo que se estaba ante un incumplimiento a la sentencia dictada por aquélla.
Dicho de otro modo, aún después de que las autoridades electorales ordenaron al Partido Verde Ecologista de México que suspendiera la difusión de diversos materiales ¾que formaban parte de la campaña paralela del partido¾, dicho instituto político, en un claro desacato y desafío a la autoridad y para continuar beneficiándose con los efectos de la sobreexposición indebida, reiteró la conducta ¾a través de los mecanismos señalados para evadir la orden recibida¾ y continuó con la difusión ilegal de la misma, en desacato no sólo de lo expresamente mandatado, sino de las razones que motivaron dichas determinaciones.
7. Respecto de los recursos erogados para la difusión de los spots legislativos.
De la información proporcionada por los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, la difusión de los spots legislativos implicó un monto que ascendió a $88,406,815.33, de los cuales $86,202,252.41 corresponden a recursos públicos erogados por los Grupos Parlamentarios y $2,204,562.92 a recursos privados de los propios legisladores, todos en beneficio del Partido Verde Ecologista de México.
Falta aún documentar a la autoridad si dicho monto corresponde al precio de mercado de dichos spots o si estamos ante una nueva aportación en especie de una persona moral prohibida.
8. Procedimientos pendientes por resolver.
Aún están pendientes por resolver:
a) Diversas quejas presentadas por la producción, distribución, colocación y entrega de propaganda similar a la descrita, por parte de la Sala Regional Especializada.
b) Diversos procedimientos ordinarios sancionadores iniciados tanto por un uso indebido del padrón electoral, como por un uso indebido de datos personales, y por el incumplimiento claro y evidente, por parte del Partido Verde Ecologista de México, de diversas medidas cautelares ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del propio Instituto.
c) Las distintas quejas presentadas ante la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en las que sea posible cuantificar los montos erogados por el Partido Verde Ecologista de México y determinar su origen.
Consideramos que bajo cualquier óptica y juicio las acciones descritas establecen un patrón de comportamiento por demás sistemático, ya que es dable afirmar que existe un conjunto de determinaciones y mecanismos expresamente diseñados y dirigidos a vulnerar la equidad de la contienda y la autenticidad de las elecciones, y deslegitimar el sistema de representación política a través de la obtención de ventajas indebidas frente a los demás contendientes. Estos bienes jurídicos tutelados expresan sin lugar a dudas la gravedad de la conducta desplegada por el Partido Verde Ecologista de México.
Aunque la autoridad insista en analizarlas y en su caso sancionarlas de manera aislada, tales conductas no ocurren de manera desarticulada. Son parte  de una pluralidad de conductas, una estrategia calculada y dolosa que vinculan diversas formas de comunicación, y aportaciones indebidas contra bienes jurídicos tutelados.
Existe de tal modo, una pluralidad y coordinación en las conductas que permiten acreditar una de las dimensiones de la sistematicidad. El propio TEPJF ha establecido este elemento como la relación entre dichas conductas, en donde se advierte coordinación, uniformidad e identidad. Se acredita también el elemento temporal, pues las acciones de este partido político han sido documentadas en distintos momentos ¾pluralidad de ocasiones¾ dentro del actual proceso electoral, desatendiendo incluso órdenes expresas de las autoridades electorales. Debe referirse a su vez la conexidad y la simultaneidad que se dan en distintos periodos y al interior de los mismos. El propio Tribunal ha establecido que la sistematicidad de las conductas se colma cuando aparecen coincidente y simultáneamente en diferentes medios ¾radio, televisión, propaganda fija, móvil, internet, cineminutos, entre otras¾, es decir, se acredita la pluralidad de medios comisivos. Del mismo modo, el elemento teleológico de la conducta sistemática desarrolla un fin común, consistente en posicionar por medios ilegales a un partido político; es decir, el desarrollo de estructuras y mecanismos paralelos en la búsqueda de un beneficio ilegal colman lo que el Tribunal ha determinado como el elemento fraudulento relativo a la sistematicidad.
Debe referirse que uno de los antecedentes más relevantes en donde se estudió la sistematicidad, y se desarrolló un análisis puntual sobre los elementos que conforman un sistema, fue el caso conocido como “Los amigos de Fox”, identificado con la clave SUP-RAP-98-2003.[18]
De lo expuesto, consideramos que queda acreditada la sistematicidad y gravedad en torno al incumplimiento a las obligaciones a las que se encuentra obligado el Partido Verde en la normativa electoral. Como ha quedado de manifiesto en los diversos apartados de esta petición, se encuentran comprometidos tanto derechos fundamentales, como aspectos nodales del sistema democrático. Los montos involucrados, la magnitud y reiteración de las conductas hacen que solo sea posible y reparable la equidad del actual proceso electoral a través de la pérdida y/o cancelación del registro de dicho partido político.
IV.              Pruebas
a) Las documentales públicas. Consistente en la totalidad de los Acuerdos y resoluciones referidas en el presente escrito, y aquéllas que deriven de la resolución de los procedimientos pendientes, mismas que constan en los archivos de estas autoridades y constituyen un hecho público y notorio.
b) La instrumental de actuaciones. Consistente en las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo que nos beneficie, sí como la respuesta que se produzca  por parte del PVEM al ser llamado al procedimiento previsto en los artículos 94 y 94 de la Ley General de Partidos Políticos.
c) La presuncional, en su doble aspecto legal y humana. Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a nuestros intereses.
Las anteriores probanzas las relacionamos con todos y cada uno de los capítulos de hechos y de derecho del presente escrito.
Adjunto al presente documento se entrega una memoria USB que contiene las 139,432 firmas recabadas en la plataforma Change.org #QuitenRegistroAlVerde, que suscriben la petición de la que se hace entrega.












V.                 Puntos petitorios
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos determinen la pérdida y/o cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de México por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de la normatividad electoral en el marco de los comicios de 2015. Para efectos de lo anterior, le pedimos:
PRIMERO.- Tenernos por presentado el presente escrito y por nombrado al representante común en los términos expresados en el proemio del presente escrito.
SEGUNDO.- Iniciar el procedimiento para determinar la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México, en términos de lo previsto en los artículos 94, párrafo 1, inciso e), y 95 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de la normatividad electoral en el marco de los comicios de 2015, con base en los hechos expuestos en el presente escrito, lo que se determine en los procedimientos que aún se encuentran pendientes de resolución y tomando en cuenta las consideraciones de derecho formuladas en el presente escrito.
TERCERO.- Al momento de analizar y resolver los procedimientos ¾especiales y ordinarios sancionadores y en materia de fiscalización¾ que aún se encuentran pendientes de resolución, se realice una valoración de la gravedad y sistematicidad de las conductas del Partido Verde Ecologista de México, violatorias de la Constitución y de la Ley en el marco de los comicios de 2015, para determinar la cancelación de su registro como partido político, en términos de lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero; 8; y 35, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez oído en defensa el Partido Verde Ecologista de México, que el Consejo General de este Instituto resuelva y responda la presente solicitud, previo a celebración de la jornada electoral del proceso electoral federal 2014-2015, con base en los argumentos y consideraciones de derecho formuladas en el presente escrito.
QUINTO.- Tener por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo correspondiente, pidiendo se ordene su admisión y desahogo por no ser contrarias a derecho.
Protestamos lo necesario.








[1] En la sentencia dictada en el expediente SUP-REP-57/2015 y acumulados. Énfasis añadido
[2] Con fundamento en lo dispuesto en la Base II párrafos uno y  tres, apartado A) párrafos dos y tres de la base III del artículo 41 y párrafos siete y ocho del  artículo 134  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en   el artículo 94 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos y en lo establecido en los artículos 442 numeral 1 incisos a), f) e i); 443 numeral 1 incisos a) b) c) e) h) i) y l); 449 numeral 1 incisos c), e) y f); 452 numeral 1 incisos a) b) y e)  y 456 numeral 1 inciso a) fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
[3] Basta revisar, a modo de ejemplo, lo resuelto en los expedientes SUP-RAP-75-2009 y acumulado, SUP-RAP-87-2009 y acumulado, SUP-RAP-220-2009 y acumulados, y SUP-RAP-210-2012.
[4] En el expediente SUP-RAP-35/2012 y acumulados.
[5] La cifra se desprende del valor comercial que las autoridades electorales han documentado en  asuntos similares.
[6] Ver la sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-3/2015.
[7] Ver las sentencias dictadas por la Sala Superior y la Sala Regional Especializada en los expedientes SUP-REP-120/2015 y SRE-PSC-7/2015.
Al respecto, si bien es cierto que estas sanciones se impusieron hasta finales del mes de marzo de 2015, luego de que la Sala Superior determinara la responsabilidad directa del Partido Verde Ecologista de México, y la gravedad de la falta, también lo es que desde el 29 de diciembre de 2014, la Sala Regional Especializada se pronunció sobre la existencia de una ilegal estrategia de difusión sistemática, continua y reiterada de los informes de los Legisladores del Partido Verde Ecologista de México, para beneficiar a ese instituto político.
[8] Ver la sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-3/2015.
[9] Ver la resolución INE/CG83/2015, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
[10] Ver la sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-77/2015.
[11] En todos las referncias énfasis añadido.
[12] Entre otras, las Jurisprudencias 13/2007 y 32/2010 de la Sala Superior del TEPJF
[13] Ver jurisprudencia 32/2010 de la Sala Superior del TEPJF, intitulada “DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN “BREVE TÉRMINO” ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO”, misma que establece lo siguiente: El derecho fundamental de petición, previsto en el artículo 8.o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a la autoridad la obligación de responder al peticionario en “breve término”. La especial naturaleza de la materia electoral implica que esa expresión adquiera una connotación específica, más aún en los procesos electorales, durante los cuales todos los días y horas son hábiles, aunado a que la legislación adjetiva electoral precisa plazos brevísimos para la interposición oportuna de los medios de impugnación. Por tanto, para determinar el “breve término” a que se refiere el dispositivo constitucional, debe tomarse en cuenta, en cada caso, esas circunstancias y con base en ello dar respuesta oportuna.”
[14] Las variaciones que se advierten en el presente escrito respecto del número de impactos de los spots legislativos del PVEM derivan a los distintos momentos y sentencias en que éstos fueron analizados y sancionados por las autoridades, como se advierte en el cuadro relativo a las sanciones impuestas, que se incluye más adelante. Puede afirmarse válidamente que en total fueron cerca de 300,000 impactos.
[15] Tal como se desarrolló en el apartado relativo a los hechos.
[16] Ver el acta de la sesión del Consejo General del INE en la que se discutió el incumplimiento a las medidas cautelares ordenadas respecto de la difusión de los cineminutos.
[17] Durante el 2015, el PVEM recibirá como financiamiento ordinario $323’233,851.62; como financiamiento de campaña $96’970,155.49, y para actividades específicas $8’808,006.32.
[18] En éste el TEPJF vinculó la sistematicidad a la existencia de las características siguientes:
a) Coordinación. Existió una coordinación de las empresas ST & K, K-Beta y Grupo Alta Tecnología en Impresos, Instituto Internacional de Finanzas León, con Carlota y Laura, ambas de apellidos Robinson Kauachi, y de estas últimas con el Fideicomiso para la Democracia y el Desarrollo en México y la asociación civil denominada “Amigos de Vicente Fox, A.C.”.
b) Uniformidad. Se trata de un sistema único, debidamente articulado entre sí, cuyos principales puntos de enlace lo constituyen las empresas manejadas financieramente por Lino Korrodi Cruz; el Instituto Internacional de Finanzas León, sociedad civil, representada por Luis Ernesto Derbez; las hermanas Laura y Carlota Robinson Kauachi, Edgar Cruz López, Amigos de Vicente Fox, asociación civil, por señalar los más destacados.
c) Sistematización. Por lo general, la mecánica del sistema funcionaba mediante la intervención de diversas empresas, tales como ST & K de México, Grupo Alta Tecnología en Impresos y K-Beta, todas sociedades anónimas, así como de las sociedades civiles denominadas Instituto Internacional de Finanzas e Instituto Internacional de Finanzas León, quienes una vez que recibían recursos de personas físicas o morales, los transferían de manera fraccionada a Laura y Carlota Robinson, las que a su vez, inmediatamente, mediante la compra de cheques de caja, los transferían a las cuentas ya sea del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia en México o de Amigos de Vicente Fox, también, en ocasiones, mediante la expedición de cheques al portador o nominativos, realizaban pagos directamente a proveedores de la campaña o canalizaban los recursos a cuentas de los principales actores de la red de financiamiento, las cuentas receptoras del fideicomiso y de las asociaciones civiles a su vez, realizaban el gasto final de los recursos en los términos de su objeto, a saber, el financiamiento a las campaña de Vicente Fox Quesada.
d) Objetivo o finalidad coincidente. El sistema de financiamiento paralelo en todo momento tenía como fin último el de financiar la campaña presidencial del candidato de la coalición Alianza por el Cambio.
e) Paralelismo. El sistema de financiamiento de la campaña política electoral del candidato de la referida coalición en el año dos mil, funcionó de manera independiente y paralela al legalmente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que nunca se confundieron con los recursos erogados o administrados por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, que postularon a Vicente Fox Quesada, como su candidato para contender por la Presidencia de la República, no obstante que, la red de financiamiento converge en el mismo fin, esto es, la financiación de la campaña electoral de dicho candidato.
f) Afectación General. Ese sistema paralelo atentó contra el conjunto general y sistemático de disposiciones electorales relativas al financiamiento y fiscalización, porque, como ya se refirió, a través de él, se recibieron aportaciones de personas que viven o trabajan en el extranjero; de personas morales mexicanas de carácter mercantil; de personas no identificadas; se rebasaron los límites en las aportaciones en dinero realizadas por personas físicas o morales y, se excedieron los topes de gastos de campaña, etcétera, sin que se tratara de actos aislados, sino vinculados entre sí, al existir conexión espacial y temporal, así como perseguir una misma finalidad, la promoción del candidato a la Presidencia de la República de la coalición Alianza por el Cambio, con lo cual se lesionó gravemente una parte fundamental del sistema democrático en un Estado Constitucional de Derecho, tendente a garantizar la transparencia en el origen y destino de los recursos obtenidos y erogados por un partido político, al poner en riesgo el principio de certeza que rige en la materia electoral y trasciende en perjuicio del principio de equidad en la contienda electoral. Lo anterior se esquematiza de la siguiente forma: […]
g) Ocultamiento. Los recursos provenientes de las personas físicas o morales se fraccionaban de manera tal que, no resulta fácil la identificación de su flujo dentro del sistema financiero nacional, así una misma cantidad podía transferirse a través de la utilización de varios cheques, no obstante librarse a la misma persona y en las mismas fechas, o se transferían a través de transacciones efectuadas entre las diversas empresas y personas involucradas, de manera que, las aportaciones no llegaran directamente de los aportantes al fideicomiso o las asociaciones civiles creadas ex profeso para apoyar al candidato de Alianza por el Cambio, se usaban también cheques de caja a fin de dificultar la identificación del último eslabón de la cadena de flujo financiero.
h) Beneficio. La utilización de tal esquema de financiamiento, al margen de la ley, reportó un beneficio directo a los partidos políticos integrantes de la coalición, en diferente grado y medida, pues con esos recursos, indudablemente, se realizaron múltiples actividades tendentes a favorecer la captación de votos para su candidato presidencial.

27 comentarios:

  1. La autoridad, en este caso electoral, tiene la obligación de respetar y hacer respetar la ley y de no ser así, la patria y los ciudadanos tenemos el derecho de demandar su cumplimiento. Una sociedad que está a expensas de una autoridad que no acate las disposiciones legales, es una sociedad que ha caído en el caos institucional.
    Quien violente la Constitución de la República debe ser sancionada de manera ejemplar y sin vacilación.

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    1. ¡Hola! Así es, tiene usted toda la razón. No podemos solapar la ilegalidad: el INE debe resolver que el PVEM es merecedor de la pérdida de su registro. Saludos cordiales.

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  2. Saludos, Yó firme la peticion pero la verdad no creo en la justicia Mexicana esa que está en manos de la delincuencia organizada la misma que permitio el fraude del 2006 y 2012 , esa que va a tirar a la basura nuestra peticion, mas de 100mil firmas esperanzadas en terminar con esas lacras del pvem. ni ablar, solo cambiando la Constitucion podremos vivir con democracia y dignidad.

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    1. ¡Hola! Gracias por su firma y su apoyo. Comparto su preocupación y entiendo que no crea que vaya a funcionar. Sin embargo, hasta ahora hemos logrado mucho más de lo que se lograría quedándonos de brazos cruzados, ¿no cree? Esperemos que la autoridad electoral resuelva conforme a derecho. Porque la ley nos da la razón. Saludos cordiales.

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    2. ESTOY SUMAMENTE MOLESTO E INDIGNADO CON LAS INSTITUCIONES REPONSABLES DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y LA OBSERVANCIA DE LA CONDUCTA DE LOS PARTIDOS POLITICOS YA QUE NO CUMPLEN CON SU OBLIGACION , A PESAR QUE DEVENGAN JUGOSOS SUELDOS PRODUCTO DE NUESTROS IMPUESTOS, SIENTO QUE SON UNA BURLA Y CINISMO SU ACTITUD ANTE LOS MEXICANOS QUE SI NOS PREOCUPAMOS POR LA LEGALIDADY LA JUSTICIA EN NUESTRO PAIS.

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    3. ¡Hola! Gracias por compartirme lo que piensa de todo esto. Comparto su indignación con el comportamiento (o más bien con las omisiones) de nuestras instituciones. Y sí da bastante coraje ver que los Verdes en este caso, se burlen de quienes creemos y luchamos por la justicia y un verdadero Estado de Derecho. Pero no me queda más que decirle que no se desanime: si nos tiran piedras es porque nos ven como una amenaza y eso quiere decir que vamos avanzando muy bien. Saludos cordiales.

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    4. ¡Hola! Gracias por compartirme lo que piensa de todo esto. Comparto su indignación con el comportamiento (o más bien con las omisiones) de nuestras instituciones. Y sí da bastante coraje ver que los Verdes en este caso, se burlen de quienes creemos y luchamos por la justicia y un verdadero Estado de Derecho. Pero no me queda más que decirle que no se desanime: si nos tiran piedras es porque nos ven como una amenaza y eso quiere decir que vamos avanzando muy bien. Saludos cordiales.

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  3. Autoridad Correspondiente
    TE ESTOY OBSERVANDO !!!


    PROTESTO LO NECESARIO !!!

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  4. Esos mismos consejeros del INE fueron elegidos por los mismos políticos que ahora son impugnados ante actos anticipados e ilegales de campaña. Este es el costo de que este organo ciudadano haya sido desmantelado por los partidos políticos en su momento. El VERDE juega como "escudo" protector de ilegalidades del PRI debido a que en la mayoría de los Estados van juntos, por tal motivo NO les importa ser multados debido a que la publicidad tendrá frutos en futras elecciones y ese mismo dinero sería integramente retorna como apoyo proporcional a los votos sufragados. A todas luces la expresión mas vale pedir "Perdón que permiso" esta más que justificada. Las multas no alcanzan a mitigar el grave daño a la democracía y aunque es JUSTA la petición que estamos haciendo todos de sacar al VERDE de la jugada política difícilmente se hará justicia ante tantos funcionarios que estan trabajando en el INE y fuerón elegidos por los mismos partidos políticos.

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    1. ¡Hola! En efecto, las multas ya no sólo son insuficientes sino que resultan irrisorias ante la conducta del Partido Verde. Esperemos que la autoridad electoral haga lo que por ley debe de hacer. Gracias por sus comentarios. Saludos cordiales.

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  5. Perfecto, no hallo falta alguna ni omisión de datos como para que no cumplan, mas solo el que se hagan patos

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    1. ¡Hola! Esto procede 100% jurídicamente. Lo que está por verse es si la autoridad elige la ley o elige defender intereses ajenos. Gracias por su comentario y saludos cordiales.

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  6. El Partido Verde es un fraude, es un negocio familiar que se burla del pueblo. Sus "representantes" en realidad no representan a nadie. Ocupan escaños por la vía plurinominal y si han llegado a ganar alguna votación, ha sido con la mediatización y manipulación de la gente a través de medidas legaloides de promoción y promesas que después sólo publican otorgar, pero que en realidad no lo hacen y por otro lado si han sido descubiertos en el otorgamiento de "derechos" para la construcción en zonas de reserva ecológica. Son una mafia que no merece el nombre de "partido" y mucho menos "verde". Se han visto envueltos, incluso, en crímenes y las "autoridades" nunca les fincan responsabilidad.

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    1. ¡Hola! Así es: como dijo Julio Astillero (dixit), "no es ni partido, ni verde, ni ecologista, ni de México. El partido de las cuatro mentiras". Muchas gracias por su apoyo y comentarios. Saludos cordiales.

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  7. Si hubieses logrado apoyo económico del 1% de lo que se multó al PVEM para difundir esta legitima y por de mas justa petición muy seguramente hubieses logrado el million de firmas. El INE ignora el desgaste que hacemos los ciudadanos cuando nos organizamos y costeamos nuestras iniciativas. Si no le quitan el registro al PVEM quedara confirmado lo que sospechamos SUS INSTITUCIONES ESTAN AL SERVICIO DE ELLOS MISMOS.

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    1. ¡Hola! Claro, es difícil verdaderamente recaudar tantas firmas, no es tan fácil como parece. :( Muchas gracias por su apoyo y por hacerme llegar sus comentarios. Saludos cordiales.

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  8. ¡Gracias por matenernos informados!
    Estamos al pendiente de esta petición y de lo que respondan nuestras autoridades.

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    1. ¡Hola! Nombre, gracias a ustedes por todo el apoyo y entusiasmo con la petición. Conforme vayan habiendo avances, los iremos publicando en nuestra página de facebook: https://www.facebook.com/pages/Quiten-Registro-al-Verde/667173036721260?fref=ts Los avances más relevantes, los publicaré a través de actualizaciones en la petición para que les llegue a todos los firmantes por mail. Muchísimas gracias por su apoyo. Saludos cordiales.

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  9. Estimada María, con ciudadanas como tú este planeta sería menos bochornoso y nuestro país más digno. De auténtico lujo la sustentación de su exigencia al INE, excepto por la ingenuidad que los anima. El Verde Oportunista es un impúdico apéndice del Tricolor, partido político que ha determinado el rumbo de las instituciones y de la vida nacional a ciencia y paciencia de una ciudadanía enajenada. Deseo de corazón que su petición al INE tenga éxito; sería una prueba de que éste no ha perdido del todo el valor civil y ejemplo de que los ciudadanos pensantes y propositivos rebasan a los escépticos. Un saludo con mi agradecimiento

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    1. ¡Hola! Muchas gracias por sus comentarios. Más que ingenuidad, creo que es idealismo. Estoy consciente de que el INE probablemente no se apegue a la ley, sino a los intereses de "todossabemosquién". Pero creo que la lucha ya está perdida si ni siquiera se intenta. Además, creo que algo bueno quedará de esto: si les quitan el registro, fantástico; y si no, quedarán nuestras instituciones evidenciadas y por lo menos el PVEM quedará marcado por esto para siempre. Muchas gracias por su apoyo. :) Saludos cordiales.

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  10. Gracias a María Santos Villarreal, como a los pertinentes consejos de quienes pudieran asesorar este impecable trabajo. Gracias a los firmantes de la petición y un exhorto para estar preparados y actuantes ante eventuales actos de evasión de las autoridades del TEPJF y el INE, ya que no es "peccata minuta" quitarle al PRI el brazo operativo del trabajo sucio que le da a ganar las elecciones. ATTE. Jorge Solís.

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    1. ¡Hola! Muchas gracias por sus palabras y por el apoyo. Aprecio que me haga llegar sus comentarios y felicitaciones. Saludos cordiales.

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  11. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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  12. Firme porque no soporto ver el cinismo y la diabólica sonrisa de los más distinguidos representantes del PVEM... Desgraciadamente, no tengo ninguna esperanza de que las autoridades electorales actúen conforme a la Ley.... Prevalecerá la impunidad como siempre ha sido y seguirá siendo, a menos que haya un verdadero cambio de rumbo en México. Algo que las televisoras y la iglesia no permitirán.

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    1. Hola. Lamentablemente las autoridades tienen dueño y precio. Saludos cordiales.

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