viernes, 14 de noviembre de 2014

Artículo en el periódico El Norte. 13 de noviembre de 2014.

Criminalizar la protesta

MARÍA F. SANTOS VILLARREAL

De acuerdo con el Artículo 6 de la Constitución, a los derechos humanos consagrados en tratados internacionales, y al Derecho Natural (es decir, la justicia), las protestas, manifestaciones y marchas que se han dado en todo el País a raíz del caso Ayotzinapa son completamente legítimas.

No obstante, estas protestas legítimas han tenido deslices: se están volviendo radicales y violentas, y al hacerlo se transforman en ilegítimas.

Algunos dicen que quienes han hecho destrozos durante las marchas son infiltrados del Estado, precisamente para desprestigiar la credibilidad de los protestantes. Aunque no hay prueba de ello, todo debe ponerse sobre la mesa.

Pero tampoco se trata de siempre pensar que Big Brother nos está observando y manipulando.

También es posible que los atacantes hayan sido simplemente gente harta y muy afectada por lo sucedido, que no se conforman con las muestras de repudio pacíficas.

Sin embargo, ¿por qué echarían los afectados toda la atención y apoyo incondicional de la comunidad internacional a la basura (lo cual beneficiaría al Estado) cometiendo actos de vandalismo de primera, por ejemplo, arrojar bombas molotov o prenderle fuego al Congreso de Guerrero?

Hay una tercera teoría, infundada, pero posible, que suscribe el director de Mexicanos Primero Michoacán, Horacio Erik Avilés: detrás de las radicales protestas de los normalistas habría una agenda confidencial, que sería la permanencia de las plazas docentes automáticas, o intereses económicos, políticos, sindicales o laborales, y no la búsqueda de justicia para los 43 desaparecidos.

En fin, que cada quién forme su propio criterio sobre qué está pasando con las protestas, si hay alguien manejándolas o no y decida si las apoya o no.

Lo que es cierto es que son totalmente condenables los destrozos en propiedad pública y privada, como el incendio de la puerta del Palacio Nacional, los disturbios en Acapulco y el incendio en el Congreso estatal en Chilpancingo.

La violencia engendra violencia. Y combatir la violencia con violencia no sólo es absurdo, sino hipócrita.

Hay que siempre pensar con empatía, sí, pero sin perder de vista que independientemente del dolor que pueda estar pasando la gente, está mal recurrir al vandalismo y éste debe tener sus debidas consecuencias jurídicas.

Como en la mayoría de los casos de corrupción, violencia y asesinato en los que el Estado o cualquier entidad paraestatal se ven involucrados, quizá nunca sabremos con certeza lo que sucedió en Ayotzinapa.

Pero, a pesar de esto, no debemos perder de vista lo verdaderamente importante: que se haga justicia.

Para eso no hay que dejar que hechos radicales en manifestaciones justifiquen lo que al Estado le encantaría aprobar: la criminalización de las protestas sociales.

Ya vimos cómo en varias ocasiones (como en Veracruz con la "Ley Duarte" en 2011) se han usado tipos penales para encarcelar a gente que únicamente hacía ejercicio de su libertad de expresión.

Realizar actos violentos recurrentes en protestas le daría un fundamento al Gobierno para criminalizarlas.

Hasta ahora, afortunadamente, lo que ha pasado no parece haber desacreditado el movimiento #AcciónGlobalPorAyotzinapa. No permitamos que eso ocurra.
Que no nos apliquen la "caja china", la cual consiste en bombardear al pueblo con hechos nuevos y alarmantes para desviar la atención del mismo hacia éstos, y así se olviden de los hechos inicialmente relevantes.

El tema aquí es la justicia para los estudiantes desaparecidos y sus familias, pero parece que intentan desviar nuestra atención hacia los deplorables hechos de violencia en las manifestaciones.

Después de todo, ¿no es criminalizar a los normalistas la mejor forma de enterrar socialmente lo sucedido?


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La autora es editorialista invitada
y estudiante de la Facultad Libre
de Derecho de Monterrey.




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Aviso: Todo lo escrito es a título personal. Lo expresado en este espacio es exclusiva responsabilidad de la autora y no representa de forma alguna el criterio de ninguna institución a la que pertenezca.


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