jueves, 7 de septiembre de 2017

#LaLibrePregunta: ¿Realmente contribuyen las cuotas de género a la igualdad?

  •  Publicado originalmente en La Libre Pregunta: ver aquí.


¿Realmente contribuyen las cuotas
de género a la igualdad?


Imagen vía Revista Nexos


4 de septiembre de 2017
Por: María Santos Villarreal

Para responder a esta pregunta, es necesario primero conceptualizar tanto la discriminación como las cuotas de género.

La discriminación es una práctica que consiste en dar un trato desigual y perjudicial a una persona o grupo de personas que comparten ciertas características entre sí, motivado por cuestiones de raza, color de piel, origen étnico, identidad de género, expresión de género, condición de discapacidad, edad, orientación sexual, estado civil, condición de salud, nacionalidad, religión, situación migratoria o, como dice nuestra Constitución Política Federal: “cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”[1] La discriminación provoca y perpetúa la desigualdad.

Existen varias maneras de combatir la desigualdad desde el gobierno. A grandes rasgos, podrían clasificarse en dos grupos distintos: las medidas formales y las sustantivas. En las formales entran las normas constitucionales y legales que se incorporan en el sistema jurídico; en las sustantivas entran las políticas públicas[2], entre otras. Lo contrario a la desigualdad es, por supuesto, la igualdad. La igualdad entre las personas consiste en que se reconozca formalmente que todas tienen los mismos derechos y que en la realidad todas gocen de dichos derechos, sin discriminación.

La igualdad formal no es más que la igualdad ante la ley lato sensu; ésto es, que todas las personas son iguales a los ojos de nuestro sistema jurídico. Sin embargo, la igualdad formal se ve truncada en muchas ocasiones por cuestiones de hecho, como la discriminación que sufren las personas. De aquí surge el concepto de igualdad real, que consiste en que verdaderamente las personas experimenten en su vida los derechos que formalmente se les han reconocido.

Ahora bien, habiendo explicado lo anterior, cabe responder: ¿qué son las cuotas de género? Son una acción afirmativa que consiste en imponer la obligación al Estado y a los partidos políticos de que cierto porcentaje de las representantes y candidatas sean mujeres. Recordemos que una acción afirmativa es una medida temporal que se toma para tratar de igualar materialmente las diferencias en condiciones políticas, sociales, culturales y económicas entre un grupo vulnerable y el respectivo grupo privilegiado, mismas que se han dado por una discriminación histórica, institucional y sistemática que ha sufrido dicho grupo vulnerable.

Line Bareiro, Clyde Soto y Lilian Soto (2007) refieren que las cuotas de género son “una forma de acción positiva cuyo objetivo es garantizar la efectiva integración de mujeres en cargos electivos de decisión de los partidos políticos y del Estado”. En este sentido, existen tres tipos de cuotas de género, mismas que afectan tres distintas etapas del proceso electoral:
  1. Puestos reservados para mujeres.- Este tipo de cuota de género obliga a los partidos a reservar cierto número de puestos una vez concluido el proceso electoral. Por ejemplo: si la legislación obliga a los partidos a reservar 50% de los curules en una elección al Congreso de la Unión a mujeres; si de los resultados de la jornada se obtiene que les tocan 10 curules de representación proporcional, entonces mínimo 5 de esos curules necesariamente deberán ser para mujeres.
  2. Porcentaje reservado para candidatas.- Este tipo de cuota de género consiste en obligar a los partidos a postular en sus listas de candidaturas a cargos de elección popular un cierto porcentaje de mujeres. Por ejemplo, si la legislación obliga a reservar un tercio de las candidaturas a alcaldías a mujeres y hay 51 municipios en Nuevo León, entonces deberán haber por lo menos 17 candidatas mujeres a los Ayuntamientos de todos los municipios neoleoneses (independientemente de si eventualmente ganan o no la elección estas personas).
  3. Cuotas en los estatutos internos de los partidos políticos.- En este caso, no se trata de una obligación que le impone la legislación a los partidos, sino más bien una que voluntariamente adoptan los mismos, ya que consiste en que se les garantice cierto porcentaje de participación a las mujeres para puestos directivos dentro del partido y para participar en los procesos internos de definición de candidaturas.

En consecuencia, las cuotas de género ayudan a asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en el poder, permitiendo la representación política de estas últimas.

No obstante lo anterior, las cuotas de género son una medida limitada, ya que la representación política que garantizan no necesariamente es sustantiva. Para entender a qué nos referimos cuando hablamos de representación sustantiva, es necesario establecer la diferencia entre ésta y la representación descriptiva.

La representación descriptiva consiste en la similitud de intereses y características físicas o socio-económicas entre las personas representadas y sus representantes. Por otro lado, la representación sustantiva consiste en que las personas representantes efectivamente encaminan sus acciones a defender  los intereses de sus representadas.

La diferencia principal entre la representación descriptiva y la sustantiva es que en aquélla importa quién es la persona representante y en ésta importa qué hace esta representante.[3]

Así, resulta claro que una representación descriptiva –a lo que ‘le tiran’ las cuotas de género– no conlleva necesariamente a una representación sustantiva. Dicho en otros términos, que exista paridad en el Congreso de la Unión, por poner un ejemplo, no asegura que las mujeres que lo integran van a defender los intereses de ese colectivo.

Pero, ¿cuáles son los “intereses de las mujeres”? En el ámbito jurídico-político, podría decirse que, a grandes rasgos, consisten en la protección de los derechos sexuales y reproductivos, el respeto a la diversidad sexual, el reconocimiento a los derechos laborales de las madres, la configuración de legislación adecuada en materia de abusos sexuales, entre otros temas.

El problema con la definición de “intereses de las mujeres” es que quizá puede realizarse una aproximación a éstos (como con los ejemplos que en el párrafo anterior se enuncian), pero lo cierto es que las mujeres son un colectivo heterogéneo y, por tanto, sus intereses son diversos. No son los mismos intereses los de una mujer migrante indígena que los de una mujer blanca clase-mediera, por ejemplo. Este problema hace más difícil todavía una verdadera representación sustantiva.

No obstante, aunque las cuotas de género estén limitadas en ese sentido, lo cierto es que sin la representación descriptiva que garantizan, no habría forma de que pudiera tenerse en la mira la representación sustantiva.

Por eso las cuotas de género sí contribuyen a la igualdad, porque sin mujeres en el poder, no hay defensa de los intereses de este colectivo, en general.

O sea, sí es verdad que la representación descriptiva que aseguran las cuotas de género no necesariamente conlleva representación sustantiva (volvemos al concepto de igualdad real), pero también es cierto que no es posible que exista representación sustantiva sin representación descriptiva.

Mientras los hombres continúen dominando los puestos de poder, tanto dentro del Estado como dentro de los partidos políticos, los intereses de las mujeres continuarán siendo de segundo plano.

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[1] Artículo 1º, quinto párrafo, CPEUM.
[2] Según Luis Aguilar Villanueva (2010), una política pública es un conjunto de acciones orientadas a resolver problemas considerados de interés público, cuya intencionalidad y causalidad están definidas por la interlocución entre gobierno y ciudadanía, que han sido decididas por autoridades públicas legítimas y que han sido ejecutadas por actores gubernamentales.
[3] Según Celine Françoise Aramara González Schont, en su interesantísima tesina de Maestría: De la representación descriptiva a la representación sustantiva. Análisis de las cuotas de género en los congresos estatales en México.

 FUENTES CONSULTADAS:
       Aguilar Villanueva, Luis. Política pública. México, Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, 2010.
         Aramara González Schont, Celine Françoise. De la representación descriptiva a la representación sustantiva. Análisis de las cuotas de género en los congresos estatales en México. México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2016.
         Bareiro, Line, Soto, Clyde y Soto, Lilian. La inclusión de las mujeres en los procesos de reforma política en América Latina. Estados Unidos de América, Banco Interamericano del Desarrollo, 2007.

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Aviso: Todo lo escrito es a título personal. Lo expresado en este espacio es exclusiva responsabilidad de la autora y no representa de forma alguna el criterio de ninguna institución a la que pertenezca.

sábado, 12 de agosto de 2017

El problema con #WhiteLivesMatter

Imagen vía blackatheists.wordpress.com


El problema con #WhiteLivesMatter


12 de agosto de 2017
Por: María F. Santos Villarreal


Este viernes 11 de agosto marcharon más de cien supremacistas blancos, en su aplastante mayoría hombres cis, en el campus de la Universidad de Virginia en Charlottesville con antorchas, realizando el “saludo nazi” y gritando “White lives matter!”.[1]

Más allá de lo irónico que es que hayan marchado cargando antorchas tiki –que son un producto típico de la cultura polinesia–, una de las muchas cosas que fueron incorrectas en esa marcha fue el innegable racismo que está detrás.

No nos engañemos: estas personas no estaban abogando por las “vidas blancas”, se trató de un ataque directo al movimiento Black Lives Matter. En este texto, pretendo explicar por qué.

A.) El racismo inverso o “reverse racism”

White Lives Matter (WLM) es un movimiento que surgió hace tiempo, como respuesta al movimiento Black Lives Matter (BLM), pero también es una expresión que se ha utilizado como consigna en múltiples marchas y mítines de neonazis, como la que se llevó a cabo este viernes –y que, por cierto, ya fue condenada por la presidenta de la Universidad[2].

Básicamente, lo que las personas integrantes del WLM dicen es que (1) el BLM es racista, por excluir a las personas blancas; y (2) las personas blancas están siendo discriminadas por ser blancas, tanto en universidades como en el ambiente laboral y el social.

A ésto se le conoce como racismo invertido o reverse racism, en inglés, y es un concepto utilizado para describir los actos de discriminación perpetrados por las minorías raciales o grupos étnicos históricamente oprimidos contra personas pertenecientes a la mayoría racial o a grupos étnicos históricamente dominantes.

¿Por qué están mal quienes alegan racismo invertido? El BLM no es racista por excluir a las personas blancas; y no porque las personas negras no puedan ser racistas, en general[3], sino porque no pueden ser racistas contra las personas blancas. Puesto de otra manera, las personas blancas no son sujetos de discriminación racial.

No existe el racismo inverso precisamente porque las personas blancas han sido histórica, institucional, sistemática, social, económica, cultural y políticamente dominantes siempre y las personas negras siempre han sido oprimidas en todos esos ámbitos (también otras minorías raciales y grupos étnicos, por supuesto, pero en este texto me referiré únicamente a las personas negras por ser el tema WLM versus BLM).

Ojo: ésto no quiere decir que no hayamos avanzado en el reconocimiento de sus derechos humanos y estemos mejor que hace 100 años, por ejemplo, pero sí quiere decir que todavía nos falta mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad sustantiva.

No se actualiza la hipótesis del racismo cuando el sujeto pasivo de una (supuesta) agresión es una persona que ha sido la históricamente dominante, simplemente porque siempre ha estado –y continúa estando– en una situación de ventaja respecto de su raza frente a las personas de otras razas. El elemento de opresión histórica y sistemática es clave. Por ello es que no existe tal cosa como el racismo inverso.

B.) La diferencia entre la verdad y lo relevante

Las vidas de las personas blancas sí importan. White lives do matter; nadie discute eso. Es una verdad. El problema es que no es una verdad relevante. ¿En qué sentido?

Las “vidas blancas” siempre han importado –repito– histórica, institucional, sistemática, social, económica, cultural y políticamente. Son las “vidas negras” las que, en todos esos ámbitos, no han importado; o por lo menos no han importado igual que las “vidas blancas”. Por ello, decir White Lives Matter está de más, de sobra.

Lo que Black Lives Matter significa, tomando en cuenta la opresión y victimización histórica que han sufrido las personas negras, no es que las “vidas negras” son las únicas importantes, sino más bien que las “vidas negras” también son importantes.

¿Entonces por qué no se llaman Black Lives Matter, Too en lugar de sólo BLM? Porque, repito, está de sobra incluir a las personas blancas en la consigna cuando siempre han importado y porque quitaría el foco del problema principal: en muchos ámbitos y para muchas personas, las “vidas negras” no importan. Y eso tiene cambiar y es la razón por la que el grupo se debe continuar llamado Black Lives Matter, así nada más.

C.) Decir “White lives matter!” es racista

Tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente, resulta oportuno hacer esta afirmación. WLM es un movimiento racista, neonazi, puesto que: (1) invisibiliza la lucha de las personas negras por la igualdad y sus derechos humanos, en el entendido de que le quitan el spotlight al problema principal (el racismo) para ponerlo en una verdad irrelevante; y (2) no reconocer el privilegio de raza que tienen las personas blancas por ser blancas perpetúa el problema que inició con el bien intencionado, pero peligroso, colorblindness[4].


Poner el foco en las “vidas blancas” invisibiliza el problema actual e innegable (aunque con origen histórico) de que las “vidas negras” están en un mayor peligro de ser asesinadas, golpeadas y, en general, victimizadas y vulnerabilizadas por la violencia racista.

Asimismo, no es verdad que se puede ser colorblind, ya que es imposible (nota: no lo digo en un sentido discriminatorio hacia las personas daltónicas y ciegas, sino en el sentido de que cualquier persona, con cualquier condición, puede advertir cuestiones de raza). Lo peligroso de (supuestamente) ser colorblind es que anula toda la narrativa de opresión-dominación, elimina las experiencias de las personas negras (víctimas del racismo) y asume que todas las personas han tenido las mismas experiencias. Es por ésto que se ha dicho que el colorblindness es una forma de racismo. [5]

Conclusiones

Ahora bien, me permito arribar a las siguientes conclusiones:

1.)   El racismo inverso no existe, puesto que las personas blancas han sido históricamente dominantes y han victimizado, oprimido y vulnerabilizado a las personas negras (intencionalmente o no, es intrascendente).

2.)  Por un lado, es verdad que las “vidas blancas” son importantes, pero no es relevante mencionarlo porque es una verdad que ha sido históricamente aceptada y nunca ha sido discutida. Por otro lado, es relevante mencionar que las “vidas negras” son importantes porque a lo largo de la historia, en el ámbito familiar, político, social, cultural y económico, no siempre han sido importantes las “vidas negras”, o por lo menos no han sido igualmente importantes.

3.) El movimiento White Lives Matter es racista, ya que (1) invisibiliza el movimiento que lucha por la igualdad sustantiva de las personas negras y la eliminación de la violencia racista (Black Lives Matter); y (2) contribuye al discurso del colorblindness que es peligroso debido a que borra la narrativa opresión-dominación y asume que las personas negras y blancas (y, en general, todas las personas) han tenido las mismas experiencias.

4.)  Lo sucedido este viernes 11 de agosto es evidencia de que el racismo no es cosa del pasado y, por tanto, nos debe invitar a reflexionar sobre nuestros privilegios.




[3] Las personas negras pueden ser racistas contra otras personas negras, latinas, asiáticas, indígenas, etcétera, pero no contra las personas blancas.
[4] El colorblindness es una ideología que consiste en que las personas “no ven el color”. Y no me refiero a personas daltónicas, sino a aquellas que (supuestamente) no ven personas blancas, negras, morenas, sino sólo personas. En su gran mayoría, las que dicen ser colorblind son –qué sorpresa– personas blancas.

[5] Aquí, vale la pena recordar el también famoso movimiento All Lives Matter, cuyo problema es el mismo: borra y silencia a las personas negras violentadas.





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Aviso: Todo lo escrito es a título personal. Lo expresado en este espacio es exclusiva responsabilidad de la autora y no representa de forma alguna el criterio de ninguna institución a la que pertenezca.

martes, 6 de junio de 2017

La legítima defensa en la legislación penal neoleonesa

  •  Publicado en versión resumida en Altavoz México: ver aquí.

La legítima defensa en la legislación penal neoleonesa


6 de junio de 2017
Por: María F. Santos Villarreal

El día 29 de mayo del presente año, se aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal para el estado de Nuevo León (CPENL) en la que se modifica el artículo relativo a las justificantes de la comisión de delitos.

Los delitos, de acuerdo con la teoría pentatónica, son conductas típicas, antijurídicas, culpables y punibles. En otras palabras, un delito es una acción que encuadra en una disposición normativa de la legislación penal, que es contraria a Derecho, que es imputable a la persona que la cometió por haberse podido conducir en forma distinta en el caso concreto y, por último, que está sancionada penalmente por el Estado.

Tomando como base esta definición, las causas de justificación de los delitos son excluyentes del elemento de antijuridicidad, es decir, una justificante hace que la conducta típica, culpable y punible no sea antijurídica y, por lo tanto, al no reunir los cinco elementos, no puede ser considerada como delito. Se considera que las justificantes hacen que la conducta no sea antijurídica porque el sujeto no pudo conducirse en forma distinta (conforme a Derecho) en el caso concreto.

El numeral 17 del CPENL establece cuáles son causas de justificación, entre las cuales se encuentra la legítima defensa:
Artículo 17.- Son causas de justificación:
I.- Obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho consignado en la ley;
II.- Contravenir lo dispuesto en una ley penal, dejando de hacer lo que manda, por un impedimiento (sic) legítimo;
iii.- Obrar el acusado en defensa de su persona, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes:
Primera: que el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y suficiente para ella.
Segunda: que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales.
Tercera: que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y
Cuarta: que el daño que iba a causar el agresor, era fácilmente reparable después por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa.
Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel que rechazare al agresor, en el momento mismo de estarse verificando el escalamiento o fractura de los cercados, paredes, o entrada de su casa o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor.
Igual presunción favorecerá al que causare cualquier daño a un extraño a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en el local en que aquel tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen. [1]

Ahora bien, en el artículo 20 del mismo ordenamiento, se establece como delito (culposo) el exceso en la legítima defensa y se le da una pena no menor a la sexta parte de la mínima ni mayor a la mitad de la máxima. No obstante, no se regula en qué consiste este delito, es decir, no se establecen los elementos constitutivos del mismo.

Para dar un poco de luz a esta falta de certeza sobre en qué consiste el delito de exceso en legítima defensa, vale la pena echarle un ojo al engrose de una sentencia de amparo directo que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 60 años, en la que se establece que, conforme a la legislación mexicana, “se considera que hay exceso en la defensa y el mal que se causa, se convierte en delito de culpa, para los efectos de la penalidad aplicable: 1o. Cuando no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; 2o. Cuando el daño que iba a causar el agresor era fácilmente reparable después por medios legales, o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa. Dicho exceso es grave o leve, y para calificarlo deberá tomarse en consideración, no sólo el hecho material, sino también el grado de agitación y de sobresalto del agredido; la hora, sitio y lugar de la agresión; la edad, sexo, constitución física y demás circunstancias del agresor y del agredido; el número de los que atacaron y de los que se defendieron, y las armas empleadas en el ataque y en la defensa”.[2]

Es claro, de conformidad con el artículo 17 del CPENL vigente, que la legítima defensa ya está reconocida, incluso con sus excepciones, por lo que no es cierto aquello que se ha repetido recientemente en diversos medios de que se acaba de reconocer la figura. Lo que sí es verdad es que acaba de aprobarse, como se mencionó anteriormente, una reforma a la legislación penal del estado que amplía este concepto. Sin embargo, la reforma aún no ha terminado todo el proceso legislativo: falta que el titular del Gobierno del estado la sancione y la promulgue, así como que el Director del Periódico Oficial del estado la publique; bien podría el Gobernador vetar la reforma y ahí quedó. Es importante aclarar que el hecho de que se haya aprobado por unanimidad en el Congreso no hace que la reforma ya sea derecho vigente.

Esta reforma aprobada comenzó su proceso legislativo el día 8 de noviembre de 2016, cuando el Diputado Local Marcos Mendoza Vázquez, integrante de la bancada del PAN, presentó la iniciativa con proyecto de decreto.

En la exposición de motivos[3] de esta iniciativa se detalló que los mismos radican en la creciente inseguridad que se vive en Nuevo León, principalmente respecto de robos y homicidios. Cabe citarse: “Lo más preocupante para los vecinos [del sur de Monterrey] y que seguramente es extensivo en todo el [e]stado, es que alguien irrumpa en su domicilio o negocio para cometer un delito y puedan sufrir lesiones, perder la libertad o aun peor, su vida o la de sus familiares y seres queridos[…]” ¡Pero claro! Y para eso está el Estado (con mayúscula): para dotar de seguridad a la ciudadanía. “[L]a preocupación no solo es por lo que acabo de mencionar si no por la impotencia y el miedo de no poder actuar como piensan es lo correcto[…]” ¿Y cómo es eso? “[…]para defender a su familia y sus vidas ya que en ese momento aun y cuando ellos piensan que actúan bajo el supuesto de legitima (sic) defensa muchos ciudadanos manifiestan desconocer las leyes, el alcance y consecuencias de las mismas en caso de defenderse contra el agresor y causarle alguna lesión[…]” ¿Entonces el problema no es la legislación como está, sino que la gente no la conoce?

La breve exposición de motivos continúa: “[L]a presunción de legítima defensa limita a ‘al que causare calquier (sic) daño’ sin mencionar ‘lesiones u homicidio’, esto quiere decir que si alguien irrumpe en tu hogar donde se encuentra tu familia y el intruso ejerce violencia sobre tu persona o las personas que se encuentren dentro del hogar y al defender a tu persona o a las personas le causes algún tipo de lesión leves o graves o inclusive pierda la vida accidentalmente por algún golpe en el forcejeo, no estas (sic) jurídicamente protegido por el presente artículo.”

La interpretación de la ley vigente que hace el legislador es imprecisa, ya que “cualquier daño” sí incluye lesiones, siempre y cuando sean proporcionales, por supuesto; lo de “homicidio” es debatible, ya que si el sujeto activo estaba intentando privar de la vida al sujeto pasivo (tentativa) y éste, tratando de proteger su vida, termina por privar de la suya al activo, podría argumentarse legítima defensa.

En este sentido, se considera que, con el texto vigente, no está “desprotegida” la ciudadanía ante la delincuencia; sí tiene la facultad de ejercer legítima defensa. El problema que indubitablemente tiene la legislación actual, es que no es clara o lo suficientemente exhaustiva o completa como para dar certeza jurídica a la ciudadanía en cuanto a hasta qué punto es legítima defensa y en qué momento se vuelve exceso de la misma. 

O sea, el tema es que la determinación de la legítima defensa, por falta de precisión en el texto normativo, termina siendo discrecional, es decir, queda al arbitrio de la autoridad juzgadora penal si la conducta típica, culpable y punible es antijurídica o no (o sea, si es en legítima defensa o no). Y más discrecional aún es la determinación de si hubo o no exceso en la misma, ya que, como se expuso en un párrafo anterior, el artículo que tipifica el exceso en la legítima defensa no establece los elementos constitutivos de este delito y, cabe precisarse, no hay jurisprudencia que aclare el dilema.

Pero, ¿exactamente en qué consiste la reforma?

Se modifica el artículo 17 del multicitado Código para adicionar una causa de justificación en la que se especifique que podrá causarse cualquier daño o lesión e incluso privarse de la vida a cualquier persona extraña que ingrese al hogar, entre otros supuestos, y esa persona intrusa represente un peligro inminente. En cuanto a las excepciones de la legítima defensa que ya están establecidas, se agrega que, en este caso, no habrá exceso en la misma aun y cuando pudo haberse previsto o evitado la agresión. Para mayor claridad respecto de los cambios aprobados, se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto normativo:

Texto vigente
Texto con la reforma aprobada
Artículo 17 (CPENL).- Son causas de justificación:
I.- Obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho consignado en la ley;
II.- contravenir lo dispuesto en una ley penal, dejando de hacer lo que manda, por un impedimiento (sic) legítimo;
III.- Obrar el acusado en defensa de su persona, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes:
Primera: que el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y suficiente para ella.
Segunda: que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales.
Tercera: que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y
Cuarta: que el daño que iba a causar el agresor, era fácilmente reparable después por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa.

Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel que rechazare al agresor, en el momento mismo de estarse verificando el escalamiento o fractura de los cercados, paredes, o entrada de su casa o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor.

Igual presunción favorecerá al que causare cualquier daño a un extraño a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en el local en que aquel tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen.
Artículo 17 (CPENL).- Son causas de justificación:
I.- Obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho consignado en la ley;
II.- contravenir lo dispuesto en una ley penal, dejando de hacer lo que manda, por un impedimiento (sic) legítimo;
III.- Al que causare cualquier daño, lesiones y homicidio a un extraño a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en el local en que aquel tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga la obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen donde resulte un peligro inminente.
IV.- Obrar el acusado en defensa de su persona, y/o familia, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes:
Primera: que el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y suficiente para ella.
Segunda: que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales, con excepción de la fracción III de este artículo.
Tercera: que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y
Cuarta: que el daño que iba a causar el agresor, era fácilmente reparable después por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa.

Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel que rechazare al agresor, en el momento mismo de estarse verificando el escalamiento o fractura de los cercados, paredes, o entrada de su casa o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor.

Igual presunción favorecerá al que causare cualquier daño a un extraño a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en el local en que aquel tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen.

A simple vista, pareciera lógico –e incluso justo– dotar  a las víctimas de la delincuencia de la facultad de defenderse de su agresor(a); empero, si se analiza esta modificación legal a fondo, puede advertirse que se trata de una norma que, si bien tiene una ratio legítima, es peligrosa. ¿Por qué?
1.       Es deber del Estado (con mayúscula) garantizar seguridad pública. El Estado, que en este caso concreto se materializa en el Gobernador, el Congreso y el Poder Judicial del estado de Nuevo León, tiene el deber constitucional de garantizar seguridad a las personas ciudadanas neoleonesas, ya que, de lo contrario, estaría violando su derechos humanos e incumpliendo con el Contrato Social. Lo que hace esta reforma es trasladar esa atribución del Estado a los particulares, como si fuera su responsabilidad.
2.       Contribuye a la agenda de la ‘legalización’ de las armas de fuego. Un Senador, Jorge Luis Preciado Rodríguez, también perteneciente al PAN, ha militado a favor de la ‘legalización’ de las armas de fuego, inspirando su principal iniciativa (presentada en el Congreso de la Unión en octubre de 2016) en la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Diversos políticos, en su mayoría panistas, apoyan esta intención de permitir la portación de armas de fuego por parte de toda persona mayor de edad, tanto en su domicilio, como en sus negocios y vehículos de transporte (¡!). La reforma al artículo 17 del CPENL parece abrir el camino para que el siguiente paso sea la permisión para portar armas de fuego, como pasa en nuestro vecino del norte (y que ha provocado una gravísima crisis de seguridad pública en dicho país).
3.       No se especifican los límites de esta legítima defensa. Si bien continuaría vigente el resto del artículo 17 y el artículo 20 en el que se habla del exceso de la legítima defensa, es evidente que el nuevo texto del artículo 17 dejaría tan amplio el concepto de legítima defensa que da a entender que no hay excepciones ni límites (sobre todo con la adición al tercer párrafo de la actual fracción III, que con la reforma sería una fracción IV). ¿Cómo es posible que pudiendo prevenir e incluso evitar la agresión sea condonado el homicidio? ¿No se trata de una licencia para matar? Además, en este mismo orden de ideas, cabe recalcarse: si no hay límites establecidos para ejercerla, ¿hasta qué punto es legítima defensa y en qué momento se vuelve exceso de la misma? ¿Quién lo determina? ¿Dejarlo enteramente al arbitrio de la autoridad jurisdiccional no es una evidente violación a la seguridad jurídica de la ciudadanía?

Es claro que la violencia que se vive en Nuevo León actualmente ha crecido en forma considerable y tiene a la gente tensa y temerosa. Pero también es claro que a quien le compete tener segura a su ciudadanía es al Estado, nunca a la propia ciudadanía (la Ley del Talión ya no existe).

Asimismo, resulta sospechoso que se haya aprobado esta reforma en fast track: sin mayor publicidad ni discusión y, además, por unanimidad. Cuando pasa algo así, vale la pena preguntarse: ¿quién está detrás? ¿Quién se está beneficiando de esta agenda? ¿La ciudadanía; el Estado? O tal vez ninguno de los dos, tal vez las que se benefician de ésto son las corporaciones que se dedican al comercio de armas de fuego y van a encargarse de ‘proteger’ a la ciudadanía de la inseguridad que azota a nuestro estado (las mismas corporaciones que han impulsado desde hace tiempo (aunque recientemente con más fuerza) las iniciativas para reformar nuestra Constitución Federal y nuestras leyes para que en México sea como es actualmente en Estados Unidos: que cualquier mayor de edad pueda comprar un arma de fuego en la tiendita de la esquina).

Las intenciones pueden ser buenas (aunque no hay nada que indique que lo sean), pero la reforma a nuestro Código Penal no está bien hecha; mientras no se delimiten las hipótesis y no se establezcan límites claros, no va a beneficiarse la ciudadanía. De la inseguridad jurídica nadie se beneficia.

Ojo: No pretendo que no exista la legítima defensa ni que no se reforme el texto vigente que, por cierto, también deja mucho qué desear. Simplemente me parece que una reforma legal de esta magnitud, es decir, con este nivel de trascendencia en la vida pública, debiera ser, por lo menos, más discutida en el Congreso y tomando en cuenta las opiniones de personas expertas en temas de seguridad pública.





[1] Código Penal para el estado de Nuevo León. (P.O. Marzo 26, 1990/ U.R. Mayo 5, 2017.)
[2] Sentencia del amparo directo 5431/54, resuelto en agosto de 1956 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para más referencias, también vale la pena revisar la resolución en el amparo directo 1632/79, resuelto en enero de 1980 por la Primera Sala.
[3] Expediente legislativo 10390/LXXIV (Congreso del estado de Nuevo León).


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